The dismantling of the risk mitigation structure, the closure of citizen participation spaces, and the lack of public prevention policies have led to poor management of the emergency caused by the rains, social organizations of the Popular Resistance Bloc (BRP) reported this morning.
“The damage caused by the rains has exposed a government institution that, on the one hand, is completely absent in ensuring risk prevention,” said María Inés Ávila, a representative of the BRP.
Samuel Ramírez, a representative of the Movement of Victims of the State of Exception (Movir), asserted that the effects of the rains could have been less severe if the 262 civil protection commissions had not been dismantled.
“How can only 44 civil protection commissions cover the entire territory and meet so much demand?” he questioned.
As of Friday morning, Civil Protection authorities confirmed that 19 deaths have been registered due to the storm that began last weekend.
The BRP complainants added that vulnerability in the country worsens due to indiscriminate exploitation of state resources, harming large sectors of the population and deteriorating the environment.
“The unlimited granting of construction permits approved by this government has affected natural areas that must be protected, increasing the vulnerability of the population and ecosystems,” stated Ávila.
The BRP representatives explained that climate change is a global phenomenon that results in extreme weather events such as drought, temperature increases and intense rainfall, but in El Salvador the situation is complicated because risk management has been abandoned.
“The Salvadoran government has abandoned risk management and neglected the maintenance of infrastructure that protects vulnerable areas from flooding,” they denounced.
Ávila explained that specifically in the Bajo Lempa communities, they have repeatedly requested maintenance of the levees to prevent flooding, but authorities have not responded to the requests.
“There are two points on the levees that are quite damaged, at the height of the communities Los Lotes and El Marillo 2, and it is not the time for the overflows that need to be addressed, but during the dry season,” she said.
Ávila explained that in El Salvador, during previous administrations, specialized technicians conducted inspections during the dry season to prepare communities in advance.
“These types of situations can be mitigated to the extent that governments make available different resources and mechanisms to prevent situations that impact the Salvadoran people,” added Marisela Ramírez.
Ramírez added that the government of El Salvador has cut the budget for proper functioning and has dismantled the entire civil protection system.
Citizen Participation
Social organizations also called on President Nayib Bukele’s government to reactivate citizen protection spaces related to the civil protection system.
“People have had to organize their shelters and figure out how to save themselves because civil protection has not arrived,” said Ramírez.
On Thursday, local media reported that at least 65 families from the Toluca community in La Libertad jurisdiction self-evacuated to a provisional shelter made of wood, plastic, and branches after the Huiza River rose.
Subsequently, La Prensa Gráfica published a video in which a police officer can be seen warning the people that they would be arrested if they did not agree to go to an official shelter.
“We see the police threatening families, telling them that they have abandoned their children, to go look for a safe place,” stated Ramírez.
A few hours later, authorities reported that the families were transferred to the La Libertad Port shelter, as no other nearby shelter had been enabled by the authorities.
Organizaciones denuncian mal manejo de la emergencia por parte del Gobierno
El desmontaje de la estructura de mitigación de riesgos, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la falta de políticas públicas de prevención han provocado un mal manejo de la emergencia por las lluvias, denunciaron esta mañana organizaciones sociales del Bloque de Resistencia Popular (BRP).
“Los daños ocasionados por las lluvias han dejado en evidencia a una institucionalidad gubernamental que, por un lado, es completamente ausente para garantizar la prevención de riesgos”, expresó María Inés Ávila, representante del BRP.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) aseguró que las afectaciones provocadas por las lluvias pudieron haber sido menores, si no se hubieran desmantelado las 262 comisiones de protección civil.
“¿Como solo 44 comisiones de protección civil van a tener control de todo el territorio, cómo van a dar atención a tanta demanda?”, cuestionó.
Hasta la mañana del viernes, las autoridades de Protección Civil aseguraron que se han registrado 19 muertes, debido al temporal que inició el fin de semana pasado.
Los denunciantes del BRP agregaron que la vulnerabilidad en el país se agrava debido a la explotación de los recursos del Estado de manera indiscriminada, perjudicando a grandes sectores de la población y deteriorando el medio ambiente
“La concesión ilimitada de permisos de construcción aprobadas por este gobierno ha afectado áreas naturales que deben ser protegidas, aumentando la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas”, manifestó Ávila.
Los representantes del BRP explicaron que el cambio climático es un fenómeno global que tiene como consecuencias eventos climáticos extremos como sequía, aumento de temperatura y lluvias intensas, pero en el país esta situación se complica porque se ha abandonado la gestión de riesgos.
“El gobierno salvadoreño ha abandonado la gestión de riesgo y ha descuidado el mantenimientos de infraestructuras que protegen áreas vulnerables e inundaciones”, denunciaron.
Ávila explicó que concretamente en las comunidades del Bajo Lempa, en repetidas ocasiones han solicitado el mantenimiento de las bordas para prevenir las inundaciones, pero las autoridades no han respondido a las solicitudes.
“Hay dos puntos en las bordas que están bastantes dañadas, a la altura de las comunidades Los Lotes y El Marillo 2 y no es el momento que ocurran los desbordamientos que se deben atender, sino en época seca”, declaró.
Ávila explicó que en El Salvador en las administraciones anteriores técnicos especializados realizaban las verificaciones durante la época seca para prepararse junto a las comunidades con anticipación.
“Este tipo de situaciones se pueden mitigar en la medida que los gobiernos pongan a disposición diferentes recursos y mecanismos para poder prevenir situaciones que golpean al pueblo salvadoreño”, agregó Marisela Ramírez.
Ramírez agregó que el gobierno de El Salvador ha recortado el presupuesto para poder darle funcionamiento y ha desmontado todo el sistema de protección civil.
Participación ciudadana
Las organizaciones sociales también hicieron un llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele para que reactive los espacios de protección ciudadana relacionados al sistema de protección civil.
“La gente ha tenido que organizar sus albergues, organizarse cómo se va a salvar porque no ha llegado protección civil”, aseguró Ramírez.
El jueves medios locales informaron que al menos 65 familias de la comunidad Toluca, en la jurisdicción de La Libertad, se auto evacuaron hacia un albergue provisional instalado con madera, plástico y ramas, luego que el río Huiza subió de nivel.
Posteriormente, La Prensa Gráfica publicó un video donde se observa a un agente policial previniendo a las personas que serían capturadas si no aceptaban irse a un albergue oficial.
“Vemos a los policías amenazando a las familias, diciéndoles que han abandonado a los niños, por andar buscando un lugar seguro”, manifestó Ramírez.
Horas más tarde las autoridades informaron que las familias fueron trasladadas hasta el albergue del Puerto de La Libertad, debido a que las autoridades no habían habilitado otro albergue más cercano.