Opposition lawmakers in the Legislative Assembly denounced what they consider a blockade on carrying out their duties, as correspondence and committee reports are not being shared with them, despite their right to access these documents as legislators.
During the plenary session on Tuesday, June 11th, the Assembly sent three pieces of correspondence to committee discussions. None of these were shared on the legislative body’s website, as has always been the case, and as also mandated by the Law of Access to Public Information, which defines the pieces as official information, therefore, public without requiring citizen requests.
Until yesterday’s plenary session, the Assembly continued not to share the correspondence, even though all three had already been examined by the respective committees. One of them, the reform to the Health Regulation Supervisory law, received a favorable report from the health, environment, and agriculture committee.
“Committee technicians are forbidden to share information with us, so they don’t do it either for fear of losing their jobs.”
— Marcela Villatoro, ARENA party leader
This report, precisely, also remained out of reach for opposition lawmakers, even though one of them, Francisco Lira (ARENA), is a member of the committee.
Lira claimed, through a publication on X (formerly Twitter) that he requested the report from the committee technician on four occasions, without it being provided until after the reading at plenary had finished and was about to be approved in the vote.
ARENA party leader Marcela Villatoro indicated that they have identified a new pattern of the ruling party in not sharing proposal documents and reports with them, something that did not happen in the previous legislature.
“Committee technicians are forbidden to share information with us, so they don’t do it either for fear of losing their jobs,” said Villatoro. “The [Election Monitoring Board (JRV)] and the lawmakers who are presidents and secretaries of the committees are failing in their duties by not sending us the information,” added Villatoro.
This media outlet learned that the Vamos party was also denied the report on the reform of the Health Regulation Supervisory law, and it was not handed over, like to ARENA, until it was about to be approved.
This prompted Vamos lawmaker Claudia Ortiz to call for documents not to be denied to opposition legislators or the general public, as this lead to negative effects when proposals and reports are not shared.
“Laws must be public. Not just when they are already approved, but beforehand. Especially during their discussion so that both those affected and those benefited can express themselves and participate.”
— Claudia Ortiz, Vamos lawmaker
“Laws must be public. Not just when they are already approved, but beforehand. Especially during their discussion so that both those affected and those benefited can express themselves and participate. And not just the citizens but also the lawmakers who represent large groups of the population in the Assembly,” she said.
“Not making public a decree under discussion generates legal insecurity. Then, lack of transparency, and limits the general public to express themselves on the benefits or drawbacks of a law. And this may be because the N ruling party does not want to face observations or suggestions from the public,” concluded Ortiz.
Diputados de oposición denuncian bloqueo a su trabajo en Asamblea Legislativa
Legisladores de oposición de la Asamblea Legislativa denunciaron lo que consideran un bloqueo al ejercicio de sus labores, debido a que las piezas de correspondencia y los dictámenes de las comisiones no les están siendo compartidas, como les asiste el derecho dado su carácter de legisladores.
En la sesión plenaria del pasado martes 11 de junio, la Asamblea envió tres piezas de correspondencia a discusión de comisiones. Ninguna de estas fue compartida por el órgano legislativo en su sitio web, como siempre ha sucedido, y como mandata también la Ley de Acceso a la Información Pública, que define las piezas como información oficiosa y, por tanto, públicas sin que tenga que haber petición de algún ciudadano de las mismas.
Hasta la sesión plenaria de ayer, la Asamblea seguía sin compartir las piezas de correspondencia, pese a que las tres ya habían sido conocidas por las respectivas comisiones. Una de estas, la reforma a la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria fue dictaminada favorable por la comisión de salud, medio ambiente y agropecuaria.
“Los técnicos de las comisiones tienen prohibido compartirnos información, así que ellos también por no perder su trabajo no lo hacen”.
— Marcela Villatoro, jefa de fracción de ARENA
Ese dictamen, precisamente, también se mantuvo fuera del alcance de los diputados de oposición; pese a que uno de ellos, Francisco Lira (ARENA) es integrante de la comisión.
Lira reclamó, mediante una publicación en X (antes Twitter) que solicitó el dictamen al técnico de la comisión hasta en cuatro oportunidades, sin que se le brindara el mismo sino hasta que la lectura del mismo había finalizado en el pleno y se estaba por aprobar en la votación.
La jefa de fracción de ARENA, Marcela Villatoro, indicó que han identificado como nuevo patrón del oficialismo esa negativa a compartirles los documentos de propuestas y dictámenes, lo que no ocurría en la legislatura anterior.
“Los técnicos de las comisiones tienen prohibido compartirnos información, así que ellos también por no perder su trabajo no lo hacen”, expuso Villatoro. “La junta directiva al igual que los diputados presidente y secretario de las comisiones están faltando a su deber al no enviarnos a los diputados la información”, agregó Villatoro.
Este medio conoció que también al partido Vamos le fue negado el dictamen de la reforma a la Ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria, y no se les entregó, al igual que a ARENA, hasta que estaba por aprobarse el mismo.
Esto provocó también el llamado de la diputada Claudia Ortiz (Vamos), quien indicó que no se debe negar el acceso a los documentos no solo a la oposición, sino a la población en general, ya que ese es el efecto cuando no se comparten las piezas ni dictámenes.
“Las leyes tienen que ser públicas. No solo cuando ya están aprobadas, sino previamente. Especialmente durante su discusión para que tanto afectados como beneficiados puedan pronunciarse y participar”.
— Claudia Ortiz, diputada por Vamos
“Las leyes tienen que ser públicas. No solo cuando ya están aprobadas, sino previamente. Especialmente durante su discusión para que tanto afectados como beneficiados puedan pronunciarse y participar. Y no solo la ciudadanía sino también los diputados que estamos representando grandes grupos de población dentro de la Asamblea”, apuntó.
“No hacer público un decreto que está en discusión genera inseguridad jurídica. Luego, falta de transparencia, y limita a que la sociedad en general puedan pronunciarse sobre beneficios o perjuicios de una ley. Y esto puede ser porque no se quiere, la bancada de la N, enfrentar observaciones o sugerencias de la población”, finalizó Ortiz.