The number of deaths in custody of El Salvador’s security authorities, under the state of exception in effect since March 2022 to combat gangs, has exceeded 301, and most of them allegedly occurred violently, Ingrid Escobar, director of the civil organization Socorro Jurídico Humanitario (SJH), told EFE on Monday.
“In 28 months of the state of exception, we have recorded the death of at least 301 people in El Salvador’s penitentiary centers,” Escobar said to EFE.
The government attributes the decline in violence in part to this measure, which suspends rights such as the detainees’ defense and inviolability of communications.
Escobar explained that out of this figure, only one person died in the megaprisons Terrorism Confinement Center (CECOT), while the rest occurred in prisons such as Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque, and the National Civil Police’s cells.
She highlighted that 48% of these deaths “were due to torture, violent deaths” and 33% due to denial of medical treatment.
The director of SJH pointed out that the non-governmental organization she leads had received more than 500 reports of deaths of detainees in penitentiary centers, but they have only managed to confirm 301.
When civil society and human rights organizations first reported deaths in prisons, Attorney General Rodolfo Delgado said in mid-2023 that 142 cases were filed away, as they “did not constitute a crime.”
The suspended constitutional guarantee state of exception was approved in March 2022 by Congress following a surge in homicides that took the lives of more than 80 people in three days and has been extended 26 times for 30-day periods at the government’s request.
According to official data, over 80,000 arrests have been made in this context, with more than 7,000 people being released on parole.
Humanitarian organizations have received over 6,000 complaints of human rights abuses in this context, mainly due to arbitrary arrests, torture, and short-term disappearances.
Amnesty International (AI) warned in early December 2023 that the “violence perpetrated by the Salvadoran state” within the framework of a state of exception “gradually replaces” that of the gangs in impoverished communities.
This measure, which contributed to the decline in homicides that began in 2016 under previous administrations, enjoys widespread popularity and was the main flag of Nayib Bukele’s campaign to secure his immediate re-election, despite being prohibited by the Constitution.
Muertes de detenidos en régimen de excepción superan las 300
La cifra de fallecidos en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta, según dijo este lunes a EFE Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
“En 28 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador”, sostuvo Escobar en declaraciones a EFE.
El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.
Escobar explicó que de esta cifra, únicamente una persona falleció en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el resto en prisiones como Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque y calabozos de la Policía Nacional Civil.
Destacó que el 48 % de estas muertes “han sido por torturas, muertes violentas” y el 33 % por negación de tratamiento médico.
La directora de SJH apuntó que son más de 500 las denuncias de muertes de personas detenidas en centros penales las que ha recibido la organización no gubernamental que lidera, pero únicamente han logrado confirmar 301.
Cuando organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos dieron a conocer las primeras muertes en cárceles, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados de 2023 que se archivaron 142 casos, porque “no constituyen delito”.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias han recibido más 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre de 2023 que la “violencia ejercida por el Estado salvadoreño”, en el marco del un régimen de excepción, “reemplaza gradualmente” a la de las pandillas en las comunidades empobrecidas.
Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Nayib Bukele para conseguir su reelección inmediata, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.