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In the last five years, Salvadorans in urban areas have had to spend $54.67 (27.26%) more on purchasing their food, according to figures from the National Office of Statistics and Census (ONEC). The record shows that in April 2019, the urban basic food basket was priced at $200.53, while in the same month of 2024 it reached $255.20. In rural areas, the five-year increase has been $36.35 (25.44%), going from $144.04 in April 2019 to $180.69 in 2024, which becomes a problem for families living on a single minimum wage, according to various organizations.

After the COVID-19 pandemic, various international factors contributed to the continued rise in raw material prices for several months, including increased freight costs, logistical chain issues, and high fuel prices.

In response to these factors, the Salvadoran government approved in 2022 the Transitory Special Law to Combat Inflation in Basic Product Prices, which eliminates the Import Duty (DAI) on basic products such as milk, potatoes, tomatoes, onions, and others. However, more products were later added, such as beef, turkey meat, pork and chicken, as well as eggs, squash, and bananas, to alleviate the population’s situation.

In April, the law was extended until 2026 and with it, dozens of price verifications continued in different markets across the country, by the Consumer Advocate, measures that have had few results since their implementation, according to organizations like the Center for Consumer Defense. “Official data is proof of this,” says Danilo Pérez, the entity’s executive director.

Pérez points out that while international factors have influenced, “it would be a mistake to analyze only with this data.”

“What is happening? El Salvador has food dependency and nothing is being done to become independent. For example, vegetable and green dependence is 93%, meaning that 9 out of every 10 onions we consume come from Guatemala, Honduras, or Mexico,” he says.

The director states that at the beginning of President Nayib Bukele’s second five-year term, a set of measures must be taken in the food system, such as producing domestically what is consumed.

“The problem is that there is no food availability in El Salvador because the necessary resources have not been invested in agriculture. It is the State’s responsibility to prioritize this. In fact, the Government has a plan, a roadmap, and it is a very good document, but the issue is putting it into practice because otherwise everything remains up in the air,” he opines.

Meanwhile, economist Julia Evelyn Martínez agrees that in the president’s second term, solving the economic problem at the family level must be addressed, which relates to “the increase in the cost of living versus the deterioration in the purchasing power of wages.”

“No measures have been taken to restore the purchasing power of families or to curb the excessive increase in prices,” she said in a radio interview.

Economist José Luis Magaña recalled that since the last minimum wage revision in 2021, Salvadorans’ purchasing power has been reduced by 24%, demonstrating the need for wage adjustments.

However, he also said that the scope of such an adjustment should be considered, given that 70% of the population works in the informal sector and thus are not wage earners with a guaranteed salary.

Pérez and Martínez agreed that priority should be given to loans with low-interest rates and grace periods for production within the agricultural chain.

Meanwhile, economist Magaña hopes that the prices of the main consumer products will stabilize and not further increase the basic basket.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/economia/La-canasta-basica-subio-mas-de-50-en-el-ultimo-quinquenio-20240607-0085.html

La canasta básica subió más de $50 en el último quinquenio

En los últimos cinco años, los salvadoreños en la zona urbana han tenido que desembolsar $54.67 (27.26%) más por la compra de sus alimentos, según apuntan las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).

El historial muestra que en abril de 2019, la canasta básica alimentaria urbana se cotizaba en $200.53, mientras que en el mismo mes de 2024, llegó a los $255.20. En la zona rural el incremento quinquenal ha sido de $36.35 (25.44%), pasando de $144.04 en abril de 2019 a $180.69 en 2024, algo que se vuelve un problema para las familias que subsisten con un solo salario mínimo, afirman diferentes organizaciones.

Luego de la pandemia por la covid-19, diferentes factores internacionales contribuyeron a que los precios de las materias primas mantuvieran una racha alcista por meses, entre ellos: el incremento en los fletes, los problemas en la cadena logística y el alto precio de los carburantes.

Ante estos factores, el gobierno salvadoreño aprobó en 2022 la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de los Precios de Productos Básicos que elimina el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) de productos básicos como leche, papas, tomates, cebollas, entre otros; pero, posteriormente fue agregando más productos como la carne de res, carne de pavo y la carne de cerdo y pollo, además de los huevos, güisquiles y las bananas, para paliar la situación de la población.

En abril, la ley fue prorrogada hasta 2026 y con ello continuaron las decenas de verificaciones de precios en los diferentes mercados del país, por la Defensoría del Consumidor, medidas que han tenido pocos resultados desde su implementación, de acuerdo con organizaciones como el Centro para la Defensa del Consumidor. “Prueba de ellos son los datos oficiales”, dice Danilo Pérez, director ejecutivo de la entidad.

Pérez acota que si bien los factores internacionales han influido, “sería un error hacer un análisis solo con esos datos”.

“¿Qué está sucediendo? El Salvador tiene dependencia alimentaria y no se está haciendo nada para ser independientes. Por ejemplo, la dependencia de las hortalizas y verduras es del 93%, eso significa que de cada 10 cebollas que consumimos, 9 vienen de Guatemala, Honduras o México”, comenta.

El director señala, que en el inicio del segundo quinquenio del presidente Nayib Bukele, se debe de tomar un conjunto de medidas en el sistema alimentario, como producir en el país lo que se consume.

“El problema es que no hay disponibilidad alimentaria en El Salvador porque no se han invertido los recursos necesarios en el agro. Es el Estado el que debe tener eso como prioridad. De hecho el Gobierno tiene un plan, una hoja de ruta, y es un muy buen documento, pero el tema es llevarlo a la práctica porque si no todo queda en el aire”, opina.

Por su parte, la economista Julia Evelyn Martínez coincide en que en el segundo periodo presidencial del mandatario, se debe resolver el problema económico a nivel familiar, que relaciona “el aumento del costo de la vida versus el deterioro en el poder adquisitivo de los salarios”.

“No se ha dado absolutamente ninguna medida para devolverles el poder adquisitivo a las familias ni tampoco para frenar el aumento desmedido en los precios”, manifestó en una entrevista radial.

El economista José Luis Magaña recordó que desde la última revisión del salario mínimo, en 2021, la capacidad adquisitiva de los salvadoreños se ha reducido un 24%, lo que muestra la necesidad de hacer ajustes en términos salariales.

No obstante también dijo que habría que ver el alcance que este ajuste podría tener tomando en cuenta que un 70% de la población trabaja en el sector informal y por lo tanto no son personas asalariadas que tienen asegurado su salario.

Pérez y Martínez coincidieron en que se le debe dar prioridad a los créditos con bajas tasas de interés y con períodos de gracia a la producción dentro de la cadena agropecuaria.

Mientras, el economista Magaña espera que los precios de los principales productos de consumo se estabilicen y que no encarezca aún más la canasta básica.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/economia/La-canasta-basica-subio-mas-de-50-en-el-ultimo-quinquenio-20240607-0085.html