Workers of Panchimalco district, in South San Salvador, request reinstatement following arbitrary dismissals in May and June of this year. They claim their positions were eliminated while others were created with higher salaries. According to them, the municipality handed out a notification without letterhead or signature, citing restructuring, even though there is an approved budget for the entire year.
Upon notifying them of the dismissal, the district staff asked them to sign a document that lacked specifications about the possibility of receiving compensation, its amount, or the payment method.
The workers claim these dismissals are unjustified and have presented the case to the Human Rights Ombudsman’s Office and the Attorney General’s Office. However, they received no assistance and were informed that the possibility of reinstatement was left to the municipality’s discretion.
The Ministry of Labor even denied them the calculation of their severance, the dismissed workers denounced.
The workers feel abandoned by institutions. At the Ombudsman’s Office, they were advised that it would be best to accept the compensation offered to them, as initiating legal proceedings against the municipality could result in a loss and leave them without compensation or job reinstatement. The workers demand their reinstatement in their positions or full compensation, paid in a single installment, instead of over the long term, as has been done with other workers.
40 empleados del distrito de Panchimalco son despedidos por “reestructuración municipal”
Los trabajadores del distrito de Panchimalco, en San Salvador Sur, solicitan su reinstalación debido a despidos arbitrarios ocurridos en mayo y junio de este año. Alegan que sus puestos fueron suprimidos mientras se crearon otros con salarios más altos. Según ellos, la alcaldía les entregó una notificación sin membrete ni firma, argumentando una reestructuración, a pesar de que existe un presupuesto aprobado para todo el año.
Al notificarles el despido, el personal del distrito les solicitó firmar un documento que carecía de especificaciones sobre la posibilidad de recibir una indemnización, su monto o la modalidad de pago.
Los trabajadores alegan que estos despidos son injustificados y han presentado el caso ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, no recibieron ayuda y se les informó que la posibilidad de reinstalo quedaba a discreción de la alcaldía.
El Ministerio de Trabajo les negó, incluso, la realización del cálculo de su indemnización, denunciaron los despedidos.
Los trabajadores se sienten desamparados por las instituciones. En la Procuraduría les indicaron que lo más conveniente sería aceptar la indemnización que les ofrecieran, ya que iniciar un proceso legal contra la alcaldía podría resultar en una pérdida y dejarles sin indemnización ni reinstalación en sus empleos.
Los trabajadores demandan su reinstalación en sus puestos o una indemnización completa, pagada en una sola cuota, en lugar de a largo plazo como se ha hecho con otros trabajadores.