Various civil society organizations carried out an ecological walk on June 4 in San Salvador, as they have for 24 years on World Environment Day. This time, they denounced that the public environmental policy maintained by Nayib Bukele since he took office in 2019 has been to grant and expedite environmental permits that exacerbate the climate crisis in El Salvador.
They criticized that the government’s market-driven vision downplays natural resources and prioritizes urbanization, construction of shopping malls, the tourism industry, and even promotes mega-projects that do not comply with the technical requirements of the Environment Law, ultimately harming mangroves, water recharge areas, and protected areas. Under the official argument that “development cannot be stopped,” the government has allowed projects that not only harm biodiversity but also the quality of life of the Salvadoran population.
During the march, they also pointed out that the Legislative Assembly has ignored, postponed, and even obstructed proposed laws on food security and climate change, and they demanded that these issues be urgently addressed.
Participants in the ecological walk moved from Cuscatlán Park to the Legislative Assembly, where they submitted a letter urging the proposal of the “Law on Food Security and Nutritional Sovereignty,” presented in 2013, “which aims to support communities in food production and land ownership,” explained Luis González, of the Salvadoran Ecological Unit (Unes). At the entrance to the Assembly, the march encountered a barricade and agents of the Order Maintenance Unit (UMO) of the National Civil Police (PNC).
The ecological walk was led by historical churches, which expressed that “the common home resists and demands environmental justice” in the face of various damages caused by business sectors in the name of “economic development.”
As part of the symbolic expressions of the ecological walk, one participant emptied water from a gourd to demonstrate the importance of protecting water from transboundary mining projects, such as the Cerro Blanco Mine in Guatemala, which could contaminate Salvadoran basins, particularly the Lempa River that supplies at least 4 million Salvadorans.
Environmentalists, religious people, organized individuals, and citizens participating in the walk were unable to speak with any lawmaker from Nuevas Ideas, Nayib Bukele’s party. On the contrary, they were met by police who did not let them approach the entrance to the Assembly.
The only lawmaker from the Vamos party, Claudia Ortiz, received the two pieces of correspondence that the march organizers intended to deliver to the Assembly. The lawmaker committed to delivering them so that the ruling party can receive them.
Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2024/06/05/denuncian-la-permisividad-ambiental-del-bukelismo-que-agrava-la-crisis-climatica/
Denuncian la permisividad ambiental del bukelismo que agrava la crisis climática
Diversas organizaciones de sociedad civil realizaron una caminata ecológica este 4 de junio, en San Salvador, como lo hacen desde hace 24 años a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión, denunciaron que la política pública en materia ambiental, que ha mantenido Nayib Bukele desde que llegó al poder en 2019, ha sido la de otorgar y agilizar permisos ambientales que agravan la crisis climática en El Salvador.
Criticaron que la visión mercantilista del gobierno pone en segundo plano los bienes naturales y prioriza la urbanización, la construcción de centros comerciales, la industria turística e incluso impulsa megaproyectos que no cumplen con los requerimientos técnicos de la Ley de Medio Ambiente, por lo que terminan afectando manglares, zonas de recarga hídrica y zonas protegidas. Bajo el argumento oficialista de “no se puede detener el desarrollo”, el gobierno ha permitido proyectos que no solo perjudican la biodiversidad, sino también la calidad de vida de la población salvadoreña.
En la marcha, también señalaron que la Asamblea Legislativa ha ignorado, postergado e incluso obstaculizado propuestas de ley sobre seguridad alimentaria y cambio climático, por lo que exigieron que estos temas sean retomados urgentemente.
Los participantes de la caminata ecológica se desplazaron desde el Parque Cuscatlán hasta la Asamblea Legislativa, donde entregaron un escrito para que retome la propuesta de “Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional” presentada en 2013, “que tiene como objetivo el apoyo a las comunidades en la producción de alimentos y la tenencia de tierra”, según explicó Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes). En la entrada de la Asamblea, la caminata chocó contra la barricada y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
La caminata ecológica fue encabezada por las iglesias históricas, quienes expresan que “la casa común resiste y exige justicia ambiental” ante los diversos daños ocasionados por sectores empresariales en nombre del “desarrollo económico”.
Como parte de las expresiones simbólicas de la caminata ecológica, una de las participantes vacía el agua de un tecomate para mostrar la importancia de cuidar el agua ante los proyectos mineros transfronterizos, como la Mina Cerro Blanco en Guatemala, que podría contaminar las cuencas de El Salvador, especialmente el río Lempa que abastece al menos a 4 millones de personas salvadoreñas.
Los ambientalistas, religiosos, personas organizadas y ciudadanos que participaron en la caminata no pudieron conversar con ningún diputado de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele. Al contrario, fueron recibidos por policías que no los dejaron acercarse hasta la entrada de la Asamblea.
La única diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, fue quien recibió las dos piezas de correspondencia que las personas organizadoras de la marcha pretendían entregar en la Asamblea. La diputada se comprometió a entregarlas, para que el oficialismo pueda recibirlas.
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