El Salvador’s budget transparency declined between 2021 and 2023, according to the latest Open Budget Survey, a study that assesses 125 countries.
In 2021, El Salvador scored 41 out of 100 in budget transparency, one of the three components measured by this international ranking; in the 2023 assessment, the country scored 24 out of 100. In this case, the scale ranges from 0 to 100, where 0 is insufficient information, and 100 is sufficient information.
“A transparency score of at least 61 indicates that the country likely publishes enough material to support informed public debate about the budget,” explains the International Budget Partnership (IBP), the entity in charge of this global research.
Regarding transparency, the survey measures public access to information and how the central government collects and spends public resources.
The survey evaluates the online availability, timeliness, and comprehensiveness of eight budget documents using 109 indicators with equal weighting.
El Salvador’s drop from a score of 41 to 24 is due to the 2023 General State Budget draft not being “timely” published on the fiscal transparency portal, and the unavailability of an audit report complying with international standards, as detailed by the National Foundation for Development (FUNDE), a Salvadoran partner of IBP in the research.
“In the survey, of the 142 questions, the document most reviewed and studied is the budget draft because this is the Executive’s proposal where citizens can have their say. The approved budget does have changes, but in practice, they are not substantial in financial terms,” explained Rommel Rodriguez, coordinator of FUNDE’s macroeconomic area, on Wednesday during the presentation of the results.
Another shortcoming is the absence of a mid-year report on budget implementation. Additionally, the audit report prepared by the Court of Accounts of the Republic (CCR) “is sometimes public knowledge, other times only partially known, or prepared only for the internal use of the Court of Accounts,” says Rodriguez.
“In 2023, it is considered that an audit report is not prepared because it does not meet the international standards that a state budget audit report must comply with. What we have is a clearance produced by the Court of Accounts, which attests to having reviewed the budget settlement report, but it does not perform a comprehensive analysis of the figures contained in the settlement report,” the researcher details.
With the 2023 result, El Salvador lags behind its Central American peers and falls behind Mexico, the Dominican Republic, and Trinidad and Tobago. Regarding the rest of the world, the country ranks 92nd out of the 125 evaluated nations.
However, it has emerged that technicians from the Ministry of Finance and the Court of Accounts have approached the IBP and The Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) with the aim of establishing a roadmap to improve the country’s score in the next edition of the survey.
“We hope to learn what those commitments will be,” commented FUNDE’s Executive Director, Roberto Rubio.
Other Results
The 2023 Open Budget Survey also determined a decline in El Salvador’s public participation, as in 2021, its score was 20 out of 100, dropping to 13 out of 100 in 2023.
In this section, the study evaluates the formal opportunities for the public to meaningfully participate in the different stages of the budget process.
During the formulation of the budget draft, citizens’ participation opportunities are virtually nonexistent. When the document is under analysis by the assembly, the score is 11 out of 100, which IBP considers low; during the implementation of the plan, participation is null, and finally, when the budget has been audited, the score is 61 out of 100, which the survey considers “adequate.”
Lastly, the survey assesses the oversight of the 2023 budget, where El Salvador’s score in this edition of the survey is 61 out of 100, the same rating it obtained in 2021 and considered an “adequate” level.
In this axis, the survey analyzes the role legislatures and supreme audit institutions play in the budget process and the extent to which they provide oversight.
To improve the country’s position in budgetary matters, the document generally recommends to “enhance the comprehensiveness of the draft expenditure plan document, including information on government revenue policies and priorities; estimates of total expenditures for a multi-year period and more detailed information on debt and public debt.”
El Salvador retrocede en transparencia presupuestaria
El Salvador retrocedió en la transparencia de sus presupuestos entre 2021 y 2023, de acuerdo con la última Encuesta de Presupuesto Abierto, una investigación que evalúa a 125 países.
En 2021, El Salvador obtuvo un puntaje de 41 sobre 100 en transparencia presupuestaria, uno de los tres componentes que mide este ranking internacional; en la evaluación de 2023, la puntuación del país fue de 24 sobre 100.En este caso, la escala va del 0 al 100, en donde 0 es insuficiente información y 100 suficiente información.
“Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto”, explica la International Budget Partnership (IBP), la entidad a cargo de esta investigación global.
En cuanto a transparencia, la encuesta mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos.
La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso.
La caída de El Salvador desde un puntaje de 41 a 24 obedece a que el proyecto del Presupuesto General del Estado 2023 no se publicó “oportunamente” en el portal de transparencia fiscal, y que tampoco estuvo a disposición del público un informe de auditoría del presupuesto acorde con los estándares internacionales, según detalló la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), entidad salvadoreña socia de IBP en la investigación.
“En la encuesta, de las 142 preguntas, el documento que más se revisa y el que más se estudia es el proyecto del presupuesto, porque esta es la propuesta del Ejecutivo donde los ciudadanos pueden opinar. El presupuesto que se aprueba sí tiene cambios, pero en la práctica no son sustanciales en términos financieros”, explicó Rommel Rodríguez, coordinador del área macroeconómica de FUNDE, este miércoles durante la presentación de los resultados.
Otra falla es que no existe un informe de mitad de año sobre la implementación del presupuesto. Asimismo, el informe de auditoría que elabora la Corte de Cuentas de la República (CCR) “a veces es de conocimiento público, otras solo se conoce de manera parcial o se elabora sólo para uso interno de la Corte de Cuentas”, apunta Rodríguez.
“En 2023, se considera que no se elabora este informe de auditoría porque no cumple los estándares internacionales que debe de cumplir un informe de auditoría del presupuesto de un Estado. Lo que tenemos es un finiquito que elabora la Corte de Cuentas, donde da fe que revisó el informe de liquidación del presupuesto, pero no hace una análisis integral de las cifras que contiene ese informe de liquidación presupuestaria”, detalla el investigador.
Con el resultado obtenido en 2023, El Salvador se ubica a la zaga con respecto a sus pares en Centroamérica y detrás de México, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Respecto al resto del mundo, el país se ubica en la posición 92 de las 125 naciones evaluadas.
Sin embargo, ha trascendido que técnicos del Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas han tenido acercamientos con el IBP, The Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) con el objeto de establecer una hoja de ruta que permita mejorar la puntuación del país en la próxima edición de la encuesta.
“Esperamos conocer cuáles serán esos compromisos”, apuntó el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio.
Otros resultados
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2023 también determinó una caída de El Salvador en materia de participación pública, pues en 2021 su puntuación fue de 20 sobre 100 y en 2023 bajó a 13 sobre 100.
En este apartado, la investigación evalúa las oportunidades formales que tiene el público de participar de forma significativa en las diferentes etapas del proceso presupuestario.
Durante la formulación del anteproyecto de presupuesto, las oportunidades de participación para la ciudadanía son prácticamente nulas, cuando el documento está en análisis de la asamblea la puntuación es de 11 sobre 100, lo que IBP considera poco; durante la implementación del plan también la participación es nula y, finalmente, cuando el presupuesto ha sido auditado la nota es de 61 sobre 100, lo que la encuesta considera “adecuado”.
Finalmente, la encuesta evalúa la fiscalización del presupuesto 2023, en donde el puntaje de El Salvador en esta edición de la encuesta es de 61 sobre 100, la misma calificación que obtuvo en el 2021 y que considera como un nivel “adecuado”.
En este eje, la encuesta analiza el papel que las legislaturas y las entidades de fiscalización superior juegan en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión.
Para mejorar la posición del país en materia presupuestaria, el documento recomienda, en general, “mejorar la exhaustividad del documento preliminar del plan de gastos, incluyendo información sobre las políticas y prioridades de ingresos del gobierno; estimaciones de los gastos totales para un período de varios años e información más detallada sobre el endeudamiento y la deuda pública”.