“We deserve a country where there is justice,” said the organizations of victims of the armed conflict and human rights gathered in the Table Against Impunity in El Salvador (MECIES) in rejection of the decision by the new National Security and Justice Commission to send a transitional justice bill proposal to the archives.
Among other things, they reminded the Legislative Body that the bill proposal was drafted by collectives of victims of the armed conflict after the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (CSJ) issued a ruling in 2016, which repealed the controversial General Amnesty Law and also ordered the same Assembly to create a transitional justice law.
Likewise, they noted that, despite requesting the now-extinct Justice and Human Rights Commission, headed by the lawmaker from Nuevas Ideas, Rebeca Santos, to dialogue with the organizations about this proposal presented in October 2021 and submitted by the lawmaker from Vamos, Claudia Ortiz; there was no response, and it was “never analyzed or taken into account” for study.
They also questioned whether the new commission followed the established procedure for filing legislative records. This situation, they argued, concerns the organizations as it could mean the closure of possibilities for dialogue with the State and Salvadoran institutions, and therefore, lead to more impunity for victims of the armed conflict and in cases of serious human rights violations perpetrated during the armed conflict.
MECIES and its member organizations demanded the Legislative Assembly to resume the study of the bill proposal, which, due to not following the procedure for archiving it, is still an active record, they explained. They also called on lawmakers to open a broad dialogue with this sector and pay off the historical debts of truth, justice, reparations, and guarantees of non-repetition.
Mesa Contra la Impunidad en El Salvador exige a la Asamblea Legislativa retomar propuesta de ley de justicia transicional
“Merecemos un país donde haya justicia”, dijeron en conjunto las organizaciones de víctimas del conflicto armado y de derechos humanos que aglutinan la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) en rechazo a la decisión que la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de enviar a archivo una propuesta de ley de justicia transicional.
Entre otras cosas, recordaron al Órgano Legislativo que dicha propuesta de ley fue elaborada por colectivos de víctimas del conflicto armado, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió la sentencia en 2016 con la que derogó la polémica de Ley de Amnistía General y con la que también ordenó a la misma Asamblea crear una ley de justicia transicional.
Asimismo, señalaron que, pese a solicitar a la ahora extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encabezada por la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, dialogar con las organizaciones sobre esta propuesta presentada en octubre de 2021 e ingresada por la diputada por Vamos, Claudia Ortiz; no hubo respuesta y “nunca fue analizada, ni tomado en cuenta” para estudio.
Cuestionaron, además, que la nueva comisión no siguió el procedimiento establecido para el archivo de expedientes legislativos. Esta situación, sostuvieron, preocupa a las organizaciones pues podría significar el cierre de posibilidades de diálogo con el Estado y las instituciones salvadoreños y, por tanto, conduzca a más impunidad para las víctimas del conflicto armado y sobre los casos de graves vulneraciones a derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.
La MECIES y sus organizaciones aglutinadas exigieron a la Asamblea Legislativa retomar el estudio de dicho anteproyecto de ley, que, debido a no seguir el procedimiento para archivarlo, aún es un expediente activo, explicaron. También llamaron a los diputados a abrir un amplio diálogo con este sector y saldar las históricas deudas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.