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The Inter-American Court of Human Rights (CorteIDH) condemned El Salvador on Thursday (16.05.2024) for the forced disappearance of activist Patricia Cuellar, her father, and her collaborator, which occurred in 1982 in a context of state persecution of groups considered subversive.

“The Court considers that the State is responsible for the abduction and subsequent forced disappearance of Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar, and Julia Orbelina Pérez, without any news of their whereabouts to date, and that this disappearance is attributable to the State,” says the ruling.

Patricia Cuéllar, an active collaborator of Christian movements since 1975, disappeared on July 28, 1982, when she went to drop off her children at a daycare. That same day, her father and the domestic worker were violently removed from the house.

“The day before her disappearance, Mrs. Cuéllar Sandoval went to the Legal Aid Office to report the persecution by security forces in plain clothes while traveling in her vehicle on the streets of San Salvador,” adds the ruling.

The CorteIDH established that Cuéllar Sandoval was the victim of “threats and harassment that culminated in her disappearance, without the State fulfilling its obligation to create the necessary conditions for the effective enjoyment and exercise of rights.” The Salvadoran State violated Patricia Cuéllar’s right to freedom of expression and freedom of association by impeding her work in promoting, defending, and denouncing in the field of human rights, according to the ruling.

The judges also determined that the State violated its obligation to carry out a serious, coordinated, and systematic search for the victims with due diligence, until their fate or whereabouts are ascertained; it violated the rights to know the truth, personal integrity, family protection, and the rights of children, to the detriment of their relatives.

Another conviction for El Salvador on the same day

In addition, the CorteIDH condemned the State of El Salvador on Thursday for the lack of due diligence in the criminal investigation of an attack in 1993 that caused serious injuries to judicial official Miguel Ángel Aguirre Magaña.

The ruling holds El Salvador responsible for the violation of rights to guarantees and judicial protection to the detriment of Aguirre, due to the State’s failure to comply with due diligence, the guarantee of a reasonable time period, or an effective recourse to guarantee his rights.

The case dates back to November 13, 1993, when Aguirre, who was serving as a judicial official, traveled in a vehicle with the Justice of the Peace of Villa de Apaneca and the judicial secretary to carry out a task in Villa Concepción de Ataco. An explosion of a device occurred inside the vehicle during the journey.

According to Aguirre’s testimony, after the explosion, the judge got out of the vehicle with a shotgun and indicated that “they were victims of an attack” and the other person ran to report it to the police. Aguirre reported to the judicial authorities that the explosion was the result of the detonation of a grenade that the judge had in his possession.

As a result of the explosion, Aguirre suffered severe injuries to his right leg, which subsequently had to be amputated; in addition to multiple injuries to his left leg and right arm; and loss of hearing in his right ear and injuries to his left ear.

DW: https://www.dw.com/es/corteidh-condena-a-el-salvador-por-violaciones-a-los-dd-hh/a-69105390

CorteIDH condena a El Salvador por violaciones a los DD. HH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves (16.05.2024) a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuellar, su padre y su colaboradora, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que consideraba subversivos.

“La Corte considera que el Estado es responsable por la sustracción y posterior desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, sin que a la fecha se tenga noticias de su paradero, y que esta desaparición es atribuible al Estado”, indica la sentencia.

Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desapareció el 28 de julio de 1982 cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería. Ese mismo día, su padre y la colaboradora doméstica fueron sacados violentamente de la casa.

“Un día antes de su desaparición, la señora Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador”, agrega la sentencia.

La CorteIDH estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de “amenazas y hostigamientos que culminaron con su desaparición, sin que el Estado cumpliera con su obligación de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos”. El Estado salvadoreño violó el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación de Patricia Cuéllar al impedir su labor de promoción, defensa y denuncia en el ámbito de los derechos humanos, indica la sentencia.

Los jueces también determinaron que el Estado violó su obligación de realizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas, hasta que se determine con certeza su suerte o el paradero; violó el derecho a conocer la verdad, el de la integridad personal, el de la protección de la familia y los derechos de la niñez, en perjuicio de sus parientes.

Otra condena a El Salvador en el mismo día 

Además, la CorteIDH condenó este jueves al Estado de El Salvador por la falta de la debida diligencia en la investigación penal de un atentado en 1993 que le provocó graves lesiones al funcionario judicial Miguel Ángel Aguirre Magaña.

La sentencia determina que El Salvador es responsable por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales en perjuicio de Aguirre, debido a que el Estado no cumplió con la debida diligencia, con la garantía del plazo razonable ni tampoco contó con un recurso efectivo para garantizar sus derechos.

El caso se remonta al 13 de noviembre de 1993 cuando Aguirre, quien ejercía como funcionario judicial, se desplazó en un vehículo junto con el juez de Paz de Villa de Apaneca y el secretario judicial para realizar una diligencia en Villa Concepción de Ataco. Durante el trayecto se produjo una explosión de un artefacto dentro del vehículo.

Según el testimonio de Aguirre, tras explosión el juez se bajó del vehículo con una escopeta e indicó que “eran víctimas de un atentado” y la otra persona salió corriendo a dar parte a la Policía. Aguirre denunció ante las autoridades judiciales que la explosión fue producto de la detonación de una granada que tenía el juez en su poder.

Producto de dicha explosión, Aguirre sufrió graves lesiones en su pierna derecha, que posteriormente le tuvo que ser amputada; además de múltiples lesiones en la pierna izquierda y brazo derecho; y pérdida de la audición del oído derecho y lesiones en el oído izquierdo.

DW: https://www.dw.com/es/corteidh-condena-a-el-salvador-por-violaciones-a-los-dd-hh/a-69105390