The burning of the shelters to evict vendors who earned their families’ livelihood in front of the tourist center at Costa del Sol beach has triggered criticism and lawsuits from affected merchants and political figures, emphasizing the omission of compliance with judicial measures and the alleged abuse of power.
On one hand, lawyer and spokesperson for the Human Rights and Community Defense Unit (UNIDEHC), Rudy Joya, has denounced what he considers as arbitrary evictions in the Costa del Sol area in La Paz, indicating the commission of four criminal offenses. These statements were made during an interview granted to YSUCA.
According to Joya, the evictions have violated the rights of 59 vendors, resulting in the total loss of their assets and livelihoods. One of the main arguments provided by the expert is the failure to comply with a court ruling, which required municipal authorities to conduct a prior inspection before carrying out the evictions. This omission, according to Joya, constitutes one of the crimes indicated.
Furthermore, Joya has highlighted the absence of adequate legal counsel for those affected, which would have contributed to the incorrect interpretation and execution of the sentence by municipal authorities. “This is due to the lack of competent people within public functions in this case in the municipality. If they had had a lawyer who advised them well in the interpretation of this sentence, this would not have happened, and they would have carried out the two specific points that the environmental court’s precautionary measures specified,” he explained.
Elizabeth Jiménez, one of the affected merchants, has stated that her economic losses amount to approximately 15 thousand dollars. Jiménez, like other affected individuals, demands compensation for the damages caused and expresses her concern for her ability to survive in this situation since her commercial activity was her only source of income.
Also, lawmaker Claudia Ortiz, from the Vamos party, has joined the critical voices, describing the eviction process as “extremely arbitrary” and accusing authorities of abuse of power.
On the other hand, environmentalist Ricardo Navarro, from the Salvadoran Center for Appropriate Technology (CESTA), recently expressed that the evictions have been carried out under the pretext of protecting the environment, while deforestation projects continue uninterrupted throughout the country. Navarro has urged authorities to stop these projects and has demanded accountability from both the mayor and the police.
On May 14th in the early morning, the mayor of the municipality of La Paz Centro, Armando Jirón, was arrested for “environmental pollution” after allegedly ordering the burning of 59 shelters used by vendors in front of the tourist center at Costa de Sol beach, in the canton San Antonio Los Blancos, jurisdiction of San Luis La Herradura.
Desalojos en playa Costa del Sol son considerados como arbitrarios y abuso de poder
La quema de las ramadas para desalojar a vendedores que se ganaban el sustento de sus familias frente al turicentro en la plaza Costa del Sol, ha desencadenado críticas y demandas por parte de comerciantes afectados y figuras políticas, destacando la omisión del cumplimiento de medidas judiciales y el presunto abuso de poder.
Por un lado, el abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Rudy Joya, ha denunciado lo que considera como desalojos arbitrarios en la zona de la Costa del Sol en La Paz, señalando la comisión de cuatro delitos penales. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a YSUCA.
Según Joya, en estos desalojos se han vulnerado los derechos de 59 vendedores, resultando en la pérdida total de sus bienes y medios de sustento. Uno de los principales argumentos brindados por el experto, es la falta de cumplimiento de una sentencia judicial, la cual requería que las autoridades municipales realizaran una inspección previa antes de llevar a cabo los desalojos. Esta omisión, según Joya, constituye uno de los delitos señalados.
Además, Joya ha destacado la ausencia de asesoramiento legal adecuado para los afectados, lo que habría contribuido a la incorrecta interpretación y ejecución de la sentencia por parte de las autoridades municipales. “esto es por la falta de personas competentes dentro de las funciones públicas en este caso en la municipalidad. Si hubiesen tenido un abogado que les asesora bien en la interpretación de esta sentencia, esto no hubiese pasado y hubiera realizado los dos puntos específicos que las medidas cautelares del juzgado ambiental especificaban”, detalló.
Elizabeth Jiménez, una de las comerciantes perjudicadas, ha manifestado que las pérdidas económicas que ha sufrido ascienden a aproximadamente 15 mil dólares. Jiménez, al igual que otros afectados, demanda una compensación por los daños ocasionados y expresa su preocupación por su capacidad para subsistir ante esta situación, dado que su actividad comercial era su única fuente de ingresos.
También, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se ha unido a las voces críticas, calificando el proceso de desalojo como “sumamente arbitrario” y acusando un abuso de poder por parte de las autoridades.
Por otro lado, el ambientalista Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), expresó recientemente, que los desalojos se han llevado a cabo bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, mientras que proyectos de deforestación continúan sin interrupción en todo el país. Navarro ha instado a las autoridades a detener estos proyectos y ha exigido responsabilidades tanto al alcalde como a la Policía.
El pasado 14 de mayo en la madrugada, el alcalde del municipio de La Paz Centro, Armando Jirón, fue capturado por el delito de “contaminación ambiental”, luego que habría ordenado la quema de 59 ramadas utilizadas por vendedores frente al turicentro de la playa Costa de Sol, en el cantón San Antonio Los Blancos, jurisdicción de San Luis La Herradura.