The new National Security and Justice Commission of the Legislative Assembly was installed this afternoon, and its first decision was to archive the initiative to approve a Transitional Justice Law that would ensure justice for the victims of El Salvador’s armed conflict.
The new commission is made up of nine lawmakers, all from Nuevas Ideas. No other party, neither opposition nor ally, will have a place in the new commission, which will integrate the proposals that were previously addressed by the Public Security and Combating Drug Trafficking Commission; the Defense Commission; and the Justice and Human Rights Commission.
The presidency of the commission will be the responsibility of lawmaker Caleb Navarro. The secretariat will be occupied by Walter Coto. And the position of rapporteur will be held by Raúl Castillo. The rest of the commission members will be Mauricio Ortiz, Dennis Salinas, Benjamín Zavaleta, Andrés Miranda, Francisco Villatoro, and Alexia Rivas.
After the commission’s installation, Navarro proposed to archive a series of files, arguing that they had become obsolete, although he did not mention the names of the legislative or reform projects contained therein.
One of the projects sent to the archive is the approval of a new Transitional Justice Law, which was presented by civil society organizations in October 2021 and was submitted for discussion to the Assembly by lawmaker Claudia Ortiz (Vamos).
Despite this, the Justice and Human Rights Commission of the previous legislature refused to discuss the proposed law and did not draft one of their own. Although they received different organizations until February 2022, they spent more than two years without addressing the issue again.
Navarro justified sending the initiatives to the archive by saying that they had become obsolete. None of the commission members questioned their content or expressed opinions on the matter.
With the archiving of the initiative, the Assembly’s internal regulations dictate that the issue cannot be proposed again for the next six months.
Nueva comisión de seguridad envía a archivo propuesta de Ley de Justicia Transicional
La nueva comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa se instaló esta tarde y su primera decisión fue enviar a archivo la iniciativa para aprobar una Ley de Justicia Transicional que garantice justicia a las víctimas del conflicto armado de El Salvador.
La nueva comisión quedó integrada por nueve diputados, todos de Nuevas Ideas. Ningún otro partido, ni de oposición ni aliado, tendrá espacio en la nueva comisión, la cual integrará las propuestas que anteriormente eran vistas por la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad; por la comisión de defensa; y por la comisión de justicia y derechos humanos.
La presidencia de la comisión quedó bajo la responsabilidad del diputado Caleb Navarro. La secretaría será ocupada por Walter Coto. Y el cargo de relator será para Raúl Castillo. El resto de integrantes de la comisión serán Mauricio Ortiz, Dennis Salinas, Benjamín Zavaleta, Andrés Miranda, Francisco Villatoro y Alexia Rivas.
Luego de la instalación de la comisión, Navarro propuso enviar a archivo una serie de expedientes argumentando que los mismos habían perdido vigencia, aunque no mencionó los nombres de los proyectos de ley o de reforma que estos contenían.
Uno de los proyectos enviados a archivo es el de aprobar una nueva Ley de Justicia Transicional, que fue presentada por organizaciones de la sociedad civil en octubre de 2021 y que fue ingresada para discusión de la Asamblea por la diputada Claudia Ortiz (Vamos).
Pese a lo anterior, la comisión de justicia y derechos humanos de la anterior legislatura se negó a discutir dicho proyecto de ley, y tampoco elaboró uno propio. Pese a haber recibido a diferentes organizaciones hasta febrero de 2022, pasó más de dos años sin volver a tocar el tema.
Navarro solo justificó enviar a archivo las iniciativas al decir que estas habían perdido vigencia. Ninguno de los integrantes de la comisión preguntó cuál era el contenido de las mismas u opinó sobre el tema.
Con el envío a archivo de la iniciativa, el reglamento interno de la Asamblea regula que el tema no podrá volver a ser propuesto en los próximos seis meses.