La Paz Centro City Hall began executing the eviction of 59 huts located on Costa del Sol this Saturday, May 11, citing compliance with a resolution from the San Salvador Environmental Court. The affected merchants denounced that the authorities, in addition to not offering them relocation alternatives, have burned their business items such as tables, chairs, and hammocks.
“Here are the men from the city hall, the police, the CAM (Municipal Agents Corps). They are throwing us out of the hut and they are burning the tables, hammocks, and dishes. They are burning everything, throwing everything into the fire. They are humiliating us; they have come to burn everything,” said one of the affected merchants in a video shared with LA PRENSA GRÁFICA, showing palm tree and wood pieces burning on the beach sand.
On May 10, the city hall notified 59 huts that they had 24 hours to vacate the premises, arguing they were following orders from the San Salvador Environmental Court. The businesses are located at kilometers 11, 12, and 13 of the Costa del Sol Boulevard, on the public beach in front of the Costa del Sol Recreational Park in the San Luis La Herradura district.
On Saturday morning, those affected told the newspaper that municipal authorities did not offer them relocation alternatives. “I had three children, I gave them all an education thanks to my work here. Now they have told us they want to get us out and they don’t give us a place to work. They don’t give us alternatives, just eviction,” said Rosa Martínez, who has dedicated 60 of her 87 years to working as a vendor in one of these huts.
“I’ve always lived here, it’s my life, and other people help me so I can work,” insisted the merchant, who claimed to suffer from epilepsy and, therefore, other workers help her with daily activities.
Alba Nubia also received the city hall’s notification. She affirmed she has been working in the huts for 25 years and, like Doña Rosa, said that the eviction order has created uncertainty because they have nowhere else to go, neither on their own nor as an alternative from the city hall.
The huts, she insisted, are the only source of income for them. “We are poor people, we have nowhere to go, and they don’t offer us any place to work. There are many single mothers, and it’s our only income. We have children to support, who are studying,” she explained.
The merchants still hope that the city hall “can give us some way out (…), because they only speak of eviction, they don’t give us options to go elsewhere,” said Alba.
“The judge has not ordered eviction at all,” says human rights organization
The Unit for Human Rights and Community Defense (UNIDEHC) arrived in Costa del Sol on Saturday to meet with those affected and provide legal advice. The organization stated that they will seek alternatives to prevent eviction or, in any case, offer options for continuing to work in a safe place.
UNIDEHC also insisted that the Environmental Court has not ordered their eviction, as argued by the La Paz Centro city hall, but rather requested their relocation.
“There is confusion. People talk about eviction, but the judge has not ordered it at any time. She is asking for relocation, and they (merchants) are willing to listen to the authorities to see what options they will give them in order to continue working and comply with the environment,” said Ivania Cruz, a lawyer and collaborator of the organization.
According to the Environmental Court’s resolution, there was a complaint about alleged “environmental impacts” generated by businesses located in the public spaces of the beach facing the Costa del Sol Recreational Park.
The court stated that this represents “a violation” of environmental regulations and requires immediate action, so it asked the municipality to intervene with a verification of the situation of these establishments.
César Ticas, head of the Land Registry and Tax Control department of the La Paz Centro City Council, told the newspaper yesterday that the city hall initially proposed relocating them to a tourist center, but claimed that the environmental judge did not accept this alternative. Since then, they have not offered other options to allow them to work elsewhere.
“There was that option of the tourist center, but the judge said no. We understand that the Environmental Court’s resolution is of immediate compliance regarding the eviction, and on Friday they were notified (the merchants),” said Ticas.
The municipal official added that, according to the resolution, only those who meet environmental requirements can opt for relocation, and none of the stands meet these conditions. “Now, the resolution says, regarding relocation, that all those who meet the environmental requirements can opt for it, but none (of the stands) comply,” he said.
Ticas stated that there are 6,400 square meters built on the beach, which – he insisted– the Environmental Court has ordered to be evicted, along with the Tourism Police. He also claimed that they must notify the court of the eviction’s execution.
Alcaldía de La Paz Centro desaloja 59 ramadas de la Costa del Sol: “Todo nos están quemando”, denuncian comerciantes afectados
La alcaldía de La Paz Centro comenzó a ejecutar el desalojo de 59 ramadas ubicadas en la Costa del Sol, este sábado 11 de mayo por la noche, aduciendo el cumplimiento de una resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador. Los comerciantes afectados denunciaron que las autoridades, además de no ofrecerles una alternativa de reubicación, les han quemado bienes de sus negocios, como mesas, sillas y hamacas.
“Aquí están los señores de la alcaldía, los policías, los del CAM (Cuerpo de Agentes Municipales). Nos andan botando la ramada y nos están quemando las mesas, las hamacas, los trastes. Todo nos están quemando, nos están tirando al fuego todo. Nos están humillando, nos han venido a quemar todo”, dijo una de las comerciantes afectadas en un video compartido a LA PRENSA GRÁFICA y en donde se observan trozos de palmeras y madera en llamas, en la arena de la playa.
El viernes 10 de mayo, la alcaldía notificó a 59 ramadas que tenían 24 horas para desalojar el lugar, argumentando que seguían órdenes del Juzgado Ambiental de San Salvador. Los comercios están ubicados en el kilómetro 11, 12 y 13 del Bulevar Costa del Sol, en la playa pública frente al Parque Recreativo Costa del Sol, en el distrito de San Luis La Herradura.
El sábado por la mañana, los afectados dijeron a este periódico que las autoridades municipales no les dieron alternativas de reubicación. “Tuve tres hijos, a todos les di estudios gracias a mi trabajo en este lugar. Ahora nos han dicho que nos quieren sacar y no nos dan un lugar para que podamos trabajar. No nos dan alternativas, solo el desalojo”, dijo Rosa Martínez, quien ha dedicado 60 de sus 87 años a trabajar como vendedora en una de estas ramadas.
“Siempre he vivido aquí, es mi vida y las otras personas me ayudan para que pueda trabajar”, insistió la comerciante, quien aseguró padecer de epilepsia y por eso otras trabajadoras le ayudan en sus actividades diarias.
Alba Nubia también recibió la notificación de la alcaldía. Afirmó que tiene 25 años trabajando en las ramadas y, al igual que doña Rosa, dijo que la orden de desalojo les ha generado incertidumbre, porque no tienen otro lugar dónde ir, ni por cuenta propia ni como alternativa de parte de la alcaldía.
Las ramadas, aseguró, es la única fuente de ingresos para ellos. “Somos gente pobre, no tenemos dónde ir y no nos ofrecen ningún local para que podamos trabajar. Hay muchas madres solteras y es nuestro único ingreso económico. Tenemos hijos para mantener, que están estudiando”, expuso.
Los comerciantes aún esperan que la alcaldía “nos puedan dar alguna salida (…), porque solo hablan de desalojo, no nos dan opciones para ir a otro lado”, dijo Alba.
“La jueza en ningún momento ha ordenado el desalojo”, afirma organización de derechos humanos
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) llegó este sábado a la Costa del Sol para reunirse con los afectados y brindarles asesoría legal. La organización afirmó que buscarán alternativas para que no se lleve a cabo el desalojo o, en todo caso, que se les brinden opciones para seguir trabajando en otro lugar seguro.
La UNIDEHC también insistió en que el Juzgado Ambiental no ha ordenado desalojarlos, como argumenta la alcaldía de La Paz Centro, más bien ha pedido que los reubiquen.
“Hay una confusión. Se habla de desalojo, pero la jueza en ningún momento lo ha ordenado. Ella está pidiendo una reubicación y ellos (comerciantes) están dispuestos escuchar a las autoridades para ver qué opciones les darán a ellos para seguir trabajando y cumplir con el medio ambiente”, dijo Ivania Cruz, abogada y colaboradora de la organización.
De acuerdo con la resolución del Juzgado Ambiental, hubo una denuncia sobre presuntas “afectaciones ambientales” que generan los comercios ubicados en los espacios públicos de la playa frente al Parque Recreativo Costa del Sol.
Según el juzgado, esto representa “una violación” a las normativas ambientales y requiere una acción inmediata, por lo que pidió a la comuna intervenir con una verificación de la situación de estos establecimientos.
El jefe de Catastro y Control Tributario del concejo municipal plural de La Paz Centro, César Ticas, dijo ayer a este periódico que la alcaldía propuso en un primer momento reubicarlos en el turicentro, pero aseguró que la jueza ambiental no aceptó esta alternativa. A partir de ahí, no han ofrecido otras opciones para permitirles trabajar en otra parte.
“Estaba esa opción del turicentro, pero la jueza dijo que no. Entendemos que la resolución del Juzgado Ambiental es de pronto cumplimiento con respecto al desalojo y el viernes se les notificó (a los comerciantes)”, dijo Ticas.
El funcionario municipal agregó que, según la resolución, solo quienes cumplen los requisitos ambientales pueden optar a un reubicación y ninguno de los puestos llena estas condiciones. “Ahora bien, la resolución dice, respecto a la reubicación, que todos aquellos que cumplen con los requisitos ambientales pueden optar, pero ninguno (de los puestos) cumple”, dijo.
Según expuso Ticas, son 6,400 metros cuadrados construidos en la playa los que -insistió- ha ordenado desalojar el Juzgado Ambiental, en conjunto con la Policía de Turismo. Aseguró también que deben notificar al juzgado de la ejecución del desalojo.