Salvadoran prison authorities allegedly prevented the medical review of a group of five detainees in the context of the state of exception, in force since March 2023, despite a court order, according to lawyer Roxana Cardona on Sunday. Cardona told EFE that among these people is Ricardo Antonio Ayala, whom she is defending in court and who was detained in June 2023. She said that they are unaware of Ayala’s health situation and that in August, he was found to have “spots on his lungs.” She added that, after the presentation of defense documents, the judge in the case ordered an evaluation by the Institute of Legal Medicine, but at the Izalco prison in the western district, they denied entry. “The serious thing is that the judge sends for Legal Medicine, (…) and in the Izalco prison, the authorities do not let the forensic doctor in,” Cardona explained. She added that the judge, from a court against organized crime, has twice requested a health report on Ayala and the other individuals from the prison administration, without receiving a response. “There is a hermetic silence from the Penitentiary Centers that do not want to say what is going on with these five people,” Cardona emphasized, who is also part of the Social Justice and Social Auditing organization. The state of exception in El Salvador was approved after the murder of more than 80 people at the hands of gangs in late March 2022, which according to investigations by local media El Faro, occurred due to the breakdown of a pact between the government and criminal gangs. Under this regime, authorities report more than 79,200 arrests and humanitarian organizations have received over 6,000 human rights violation complaints, primarily for arbitrary detentions and torture. Deaths of detainees under state custody exceed 240, while entities like Amnesty International warn that gang violence has been replaced by state violence in impoverished communities. However, the measure has widespread popular support, and its continuation marked the election campaign that gave President Nayib Bukele re-election, despite the Constitution’s prohibition.
Autoridades salvadoreñas impiden revisión de detenidos ordenada por juez, denuncia abogada
Las autoridades de las prisiones salvadoreñas habrían impedido la revisión médica de un grupo cinco personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2023, a pesar de una orden judicial, según denunció el domingo la abogada Roxana Cardona. La letrada indicó a EFE que entre estas personas se encuentra Ricardo Antonio Ayala, a quien defiende ante los tribunales y que fue detenido en junio de 2023. Relató que desconocen la situación de salud de Ayala y que en agosto le detectaron “manchas en los pulmones”. Agregó que, tras la presentación de escritos de la defensa, el juez del caso ordenó una evaluación de Instituto de Medicina Legal, pero en el centro penal del occidental distrito de Izalco negaron la entrada. “Lo grave es que el juez manda a Medicina Legal, (…) y en el penal de Izalco las autoridades no lo dejan entrar (al médico forense)”, relató Cardona. Añadió que el juez, de un juzgado contra el crimen organizado, ha pedido en dos ocasiones a la dirección de dicha prisión la entrega de un informe sobre el estado de salud de Ayala y las otras personas, sin que se haya dado respuesta. “Hay un silencio hermético de Centros Penales que no quieren decir qué es lo que pasa con estas cinco personas”, subrayó Cardona, quien también es parte de la organización Justicia Social y Contraloría Social. El régimen de excepción en El Salvador se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro, se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales. En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 240, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas. Sin embargo, la medida cuenta con amplió respaldo popular y su continuidad marcó la campaña electoral que le dio la reelección al presidente Nayib Bukele, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.