The 2021 – 2024 legislature was characterized by completely ignoring its obligation to comply with and enforce the Constitution. In its first plenary session, they unconstitutionally removed the magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic. For three years, they abusively used the mechanism of procedural waivers, closing down dialogue on legislative projects, which is necessary in a democratic society. And to end the legislative term, true to their style, they promoted and approved with a waiver of procedure a deep reform to the Constitution.

It must be said that the reform made to Article 248 of the Constitution is unconstitutional; firstly, because we are no longer in a legitimate time to promote such a constitutional reform. It was not even made public in time for it to be discussed by the population, let alone included by the deputies in their political program to determine its impact and whether they were willing to support it or not. Although they claim that the people demanded it, that is not true. No one was informed or asked if they agreed or not.

Secondly, Article 248 of the Constitution is a petrified clause that cannot be altered by that legislature or any other. Being a provision that establishes the reform process, it cannot be used to affect itself, as it is a tremendous contradiction.

Another important point, although many deputies and people close to the Government try to downplay it. The change implies a profound reform and completely alters the purpose of the constitutional reform process; it is not a minor or cosmetic change, as they are trying to make believe. The purpose of a constitutional reform process like the Salvadoran one, which requires the intervention of two consecutive Legislative Assemblies, is a single one: to make it difficult to change constitutional norms at will and to make the social agreement enshrined therein semi-rigid and stable.

The reform includes the possibility that a single Legislative Assembly may propose and ratify a constitutional reform agreement. This makes it flexible for any constitutional provision that needs to be changed to suit the interests of new political groups, with the same old tricks. The 2021 – 2024 legislature broke all the bounds of ethics and legal logic, and assumed powers of a Constituent Assembly.

No previous time was easier. The deputies of the Legislative Assembly, when they enjoyed temporary majorities, have dedicated themselves to defending particular or partisan interests. This was the case with ARENA and FMLN governments. The majority of Nuevas Ideas was no exception. Until the last day of the term, they dedicated themselves to making a mockery of democracy and the rule of law. Until the last day of the term, they did not care about trampling on the Constitution. May the homeland and history demand accountability for their actions.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/opinion/Hasta-el-ultimo-dia-de-la-legislatura-20240505-0042.html

Hasta el último día de la legislatura

La legislatura 2021 – 2024 se caracterizó por ignorar totalmente su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. En su primera sesión plenaria destituyeron de manera inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Durante tres años ejercieron de forma abusiva el mecanismo de las dispensas de trámite, cerrando el diálogo a los proyectos de ley, tan necesario en una sociedad democrática. Y para cerrar la legislatura, fieles a su estilo, promovieron y aprobaron con dispensa de trámite una reforma profunda a la Constitución.

Hay que empezar diciendo que la reforma hecha al artículo 248 de la Constitución es inconstitucional; en primer lugar, porque ya no estamos en un tiempo legítimo para promover una reforma constitucional de este tipo. Ni siquiera fue dada a conocer con tiempo para que esta fuera discutida por la población, mucho menos los diputados la incluyeron en su programa político para determinar su impacto y si estaban dispuestos a apoyarla o no. Aunque digan que el pueblo la exigía, eso no es cierto. A nadie le informaron ni le preguntaron si estaba de acuerdo o no.

En segundo lugar, el artículo 248 de la Constitución se trata de una cláusula pétrea que no puede ser alterada ni por esa legislatura ni por ninguna otra. Al tratarse de una disposición que establece el proceso de reforma, no puede ser utilizada para afectarse a sí misma, ya que resulta una tremenda contradicción.

Otro punto importante, aunque muchos diputados y personas afines al Gobierno lo traten de matizar. El cambio realizado implica una reforma profunda y altera totalmente la finalidad del proceso de reforma constitucional; no es un cambio menor o cosmético, como están tratando de hacer creer. La finalidad de un proceso de reforma constitucional como el salvadoreño, que requiere la intervención de dos Asambleas Legislativas consecutivas, es uno solo: dificultar el cambio de normas constitucionales por capricho y volver semi rígido y estable el acuerdo social ahí plasmado.

La reforma incluye la posibilidad de que sea una misma Asamblea Legislativa la que proponga y ratifique un acuerdo de reforma constitucional. Eso vuelve flexible cualquier disposición constitucional que necesite ser cambiada a conveniencia de los nuevos grupos políticos, con mañas de los mismos de siempre. La legislatura 2021 – 2024 se saltó todas las bardas de la ética y lógica jurídica y se auto atribuyó facultades de una Asamblea Constituyente.

Ningún tiempo anterior fue más fácil. Los diputados de la Asamblea Legislativa, cuando han gozado de mayorías coyunturales, se han dedicado a defender intereses particulares o partidarios. Así fue en gobiernos de ARENA y del FMLN. La mayoría de Nuevas Ideas no fue la excepción. Hasta el último día de la legislatura se dedicaron a mofarse de la democracia y del Estado de Derecho. Hasta el último día de la legislatura no les importó pasar por encima de la Constitución. Que la patria y la historia les demande rendición de cuentas sobre sus actos.

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