Layoffs of municipal employees and uncertainty among citizens regarding the operation of civil registries, the organization of Adescos, and the payment of municipal fees are some of the issues arising from municipal restructuring, said Ruth Eleonora López, Head of Cristosal’s Anti-Corruption Legal Department, in a TVX interview on Monday.
For López, the municipal restructuring was not aimed at improving the quality of citizen representation or the services provided to the population, but rather only had an electoral purpose “so that the ruling party would not suffer a resounding fall,” she said.
The Cristosal representative explained that if the restructuring had not been done, the ruling party would have lost at least 33 mayoralties.
“Municipalities were not solving the country’s problems, and this has to do with the scarce availability of resources they have due to cuts in FODES, which practically no longer exists,” she opined.
López assured that there is a disconnect between what the population needs and how municipalities were organized because it does not respond to the needs of citizens. Instead, the municipal restructuring was considered for political convenience, and therefore, there was no timely transition plan.
According to the anti-corruption specialist, the layoffs of municipal employees are the first consequences of the reduction of municipalities, exacerbated by the lack of mechanisms for protecting the rights of workers who have nowhere to turn in the face of arbitrary dismissal.
“People who stay are not the most qualified or experienced, but those close to power, as has been and continues to happen in the exercise of government. This is a clear pattern of always appointing unconditional supporters precisely so that they do not oversee or control,” she said.
On Saturday, municipal employees and unionists gathered in front of the San Salvador Centro City Hall to denounce the dismissals of employees from the districts of Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado, and San Salvador.
The protesters denounced the current disrespect for the working class, condemning what they consider an “abuse of authority, mistreatment, exploitation, and threats.”
Guadalupe Centeno, Secretary-General of the Federation of Municipal Unions, said that since May 2, more than 200 workers have been dismissed from the five districts, including employees, subordinates, heads of departments, and managers.
The complainants demanded that municipal authorities respect labor rights, job stability, and union immunity, which, in their opinion, are being violated.
Impact on Citizens
On the other hand, López pointed out the direct consequences that the reduction of municipal councils will have on citizens, such as the operation of civil registries, the organization of Adescos, rates, and municipal ordinances.
Regarding the operation of civil registries, according to the Special Law of Transition for Municipal Restructuring, they will have a transition period of two years.
However, on social media, citizens have reported that some municipalities are not providing services related to civil registries due to the lack of new stamps and the person responsible for signing the documentation.
The organization of Adescos is another point that is not clear, López said.
“There is a possible impact on the citizens’ right to association because the Adescos are registered in municipalities, they are already registered in municipalities, but those municipalities no longer exist,” she said.
Likewise, López criticized the increase in representation expenses of municipal mayors.
“The increase in representation expenses is hypocrisy, even if the territory has increased, if they accepted the position, it is because they accept it with the good and the bad. When they entered the electoral competition, they already knew that the municipalities were not small,” she said.
Reestructuración municipal no fue pensada en la población, explica Ruth López
Despidos de empleados municipales y la incertidumbre de la ciudadanía relacionada al funcionamiento de los registros civiles, la conformación de las Adescos y el pago de las tasas municipales, son algunas de las problemáticas generadas con la reestructuración municipal, señaló este lunes Ruth Eleonora López, Jefa Jurídica de Anticorrupción de Cristosal, en la entrevista de TVX.
Para López la reestructuración municipal no tuvo como objetivo mejorar la calidad de la representación ciudadana o mejorar los servicios que brindan a la población, sino solo tuvo un fin electoral “para que el partido de gobierno no sufriera la estrepitosa caída”, dijo.
La representante de Cristosal explicó que de no haberse hecho esa reestructuración el partido de gobierno hubiera perdido al menos 33 alcaldías.
“Las municipalidades no estaban resolviendo los problemas del país y esto tiene que ver con la escasa disponibilidad de recursos que tiene a partir de los recortes del FODES, que ya prácticamente no existe”, opinó.
López aseguró que hay una desconexión entre lo que necesita la población y cómo fueron organizados los municipios, porque no responde a las necesidades de la ciudadanía, sino que la reestructuración municipal fue pensada a conveniencia política y por tanto no hubo un plan de transición oportuno.
Para la especialista en anticorrupción los despidos de empleados municipales son las primeras consecuencias de la disminución de los municipios, agravados por la falta de mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores, quienes no tienen a dónde acudir ante un despido arbitrario.
“No quedan las personas más capacitadas, ni de más experiencia, quedan las personas afines al poder, como ha sido y ha venido ocurriendo en el ejercicio del gobierno. Esto es un patrón claro de poner siempre a los incondicionales precisamente para que no fiscalicen, para que no controlen”, aseguró.
El sábado, empleados municipales y sindicalistas se concentraron frente a la Alcaldía de San Salvador Centro, para denunciar los despidos de empleados de los distritos de Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado y San Salvador.
Los manifestantes denunciaron que actualmente existe un irrespeto a clase trabajadora, y condenaron lo que consideran es un “abuso de autoridad, maltrato laboral, explotación y amenazas”.
Guadalupe Centeno, Secretaria General de la Federación de Sindicatos Municipales, dijo que desde el 2 de mayo ya se contabilizan más de 200 trabajadores despedidos de los cinco distritos entre empleados, subalternos, jefaturas y gerentes.
Los denunciantes exigieron a las autoridades municipales respetar el derecho laboral, la estabilidad laboral y el fuero sindical los cuales, a su juicio, se están violentando.
Afectación a la ciudadanía
Por otra parte, López señaló las afectaciones directas a la ciudadanía que tendrá la disminución de las alcaldías como el funcionamiento de los registros civiles, la conformación de las Adescos, las tasas y las ordenanzas municipales.
En cuanto al funcionamiento de los registros civiles, según la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal tendrán un plazo de transición de dos años.
Sin embargo, en redes sociales ciudadanos han denunciado que en algunas alcaldías no se están brindando los servicios relacionados al registro civil por la falta de nuevos sellos y de la persona responsable para que firme la documentación.
La conformación de las Adescos es otro de los puntos que no está claro, expuso López.
“Ahí hay la posible afectación al derecho de asociación de la ciudadanía, porque las Adecos se inscriben en los municipios, ya están inscritas en los municipios, pero esos municipios ya no existen”, manifestó.
Asimismo López criticó el aumento en los gastos de representación de los alcaldes municipales.
“El aumento de los gastos de representación es una hipocresía, aunque haya aumentado el territorio si aceptaron el cargo es porque lo aceptan con lo bueno y malo, cuando se metieron a la competencia electoral ya sabían que los municipios no eran pequeños” dijo.