Social organizations, human rights organizations, unions, family members of innocent people captured under the state of exception, war veterans, among others, held a march on May 1st to commemorate International Workers’ Day, exposing their complaints about the country’s labor situation and human rights violations.
According to the Movement of Dismissed Workers (MTD), 20,530 public sector workers have been dismissed under the current administration (13,536 in 45 state agencies, 4,444 in 60 municipalities across the country, and 2,550 in the Legislative Assembly), leading to instability for workers, many of whom have not received their legally mandated compensation and have reported persecution of various unions.
Héctor Rodríguez, spokesperson for the MTD, also mentioned that during the state of exception, about 17 trade unionists have been captured, of which three, Sabino Ramos, Giovanni Aguirre, and Itamir Gómez, remain captured, accused of illicit associations with more than two years in detention. Two of these trade unionists died under state custody.
“We demand the freedom of our colleagues because they are not criminals. They have defended the cause of the worker,” he stated.
“We demand the State to respect guarantees and human rights, including the right to work. Many rights, such as legal security, are not being fulfilled.”
Rudy Joya, spokesperson for UNIDEHC
Meanwhile, Sonia Urrutia, from the Popular Resistance Bloc, indicated that the labor situation in the country is complicated.
“We are linked with various organizations worldwide to march. Here we do it with different sectors, and we march to save the nation. It is a historic march because we are suffering a severe deterioration in labor and union rights in our country, with a direct onslaught by the regime to imprison the unions,” Urrutia assured.
On the other hand, Alfredo Mejía, coordinator of the Movement of Victims of the Regime (Movir), mentioned that they came to the march to demand freedom for the innocent people who have been captured within the framework of the state of exception.
“Many people protest to demand benefits in their jobs, but we do it to make the regime’s victims visible. We want to clarify that the innocent victims, that collateral damage, we are talking about people who have spent 25 months in detention without a fair trial or visits. There are threats. Look at why the street vendors in the center have remained silent about their vulnerabilities, because they have been threatened with the application of the state of exception,” Mejía said.
Regarding the regime
According to the Security Cabinet authorities, more than 79,000 people had been captured by the beginning of April since the implementation of the state of exception. The Humanitarian Legal Aid agency reported that more than 20,000 of them have no links to gangs. Authorities also reported the capture of 5,000 minors, of whom 1,065 have already been convicted of illicit associations.
These organizations gathered at the Salvador del Mundo Square and took the Roosevelt Avenue to arrive in front of the Metropolitan Cathedral, where there was a small event in which union leaders addressed the attendees to denounce labor violations, as well as the recent reforms to the Constitution of the Republic, which they described as a “setback” to democracy. They also exposed the harassment of security agents against human rights defenders.
Delia Cornejo, director of Feminist Resistance, mentioned that apart from the increase in the cost of the basic basket and job instability, the situation of violence against women remains critical, and the current administration seeks to “make the issue invisible.”
“We are here to express the high cost of living, the layoffs of workers, with great uncertainty about what has just been done (modifications to the Constitution), but we already saw it coming (…) Disappearances and violence against women continue, but it is invisible. They found a colleague (Rosa Elvira Flores Martínez) torn apart, a message from gangs to the State, but they say it was her lover and claim it was not a homicide. There are suicides and great despair of people who have been left at home when their relatives have been captured by the regime,” she said.
According to the Organization of Salvadoran Women for Peace (Ormusa), in 2023 there were 46 femicides, while the authorities only reported 21, a situation that human rights organizations believe must provide accurate information on statistics to understand the state of violence in the country.
Organizaciones y familiares de víctimas del régimen marchan en Día del Trabajo
Organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, familiares de inocentes capturados en el régimen de excepción, veteranos de guerra, entre otros, realizaron una marcha este 1 de mayo en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, en el que expusieron sus denuncias ante la situación laboral del país y violaciones de derechos humanos.
Según mencionó el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), en la actual administración se han despedido a 20,530 trabajadores del sector público (13,536 en 45 dependencias del Estado, 4,444 en 60 alcaldías del país y 2,550 en la Asamblea Legislativa), lo que conlleva una inestabilidad para los trabajadores en la que muchos no han recibido la indemnización de ley, así como han denunciado la persecución a diferentes sindicatos.
Héctor Rodríguez, vocero del MTD, mencionó además, que durante el régimen de excepción se han capturado cerca de 17 sindicalistas de los cuales tres, Sabino Ramos, Giovanni Aguirre e Itamir Gómez, siguen capturados acusados de agrupaciones ilícitas con más de dos años en detención. Dos de esos sindicalistas fallecieron bajo custodia del Estado.
“Pedimos la libertad de nuestros compañeros porque no son criminales. Han defendido la causa del trabajador”, manifestó.
“Exigimos al Estado ese respeto de las garantías y derechos humanos y dentro de las cuales está el derecho al trabajo. No se están cumpliendo muchos derechos como la seguridad jurídica”.
Rudy Joya, vocero de UNIDEHC
En tanto que Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia Popular, indicó que la situación laboral en el país es complicada.
“Estamos enlazados con diferentes organizaciones en todo el mundo para marchar. Acá lo hacemos con sectores diferentes y marchamos para rescatar a la nación. Es una marcha histórica porque estamos sufriendo un grave deterioro en los derechos laborales y sindicales de nuestro país, hay una arremetida directa por el régimen de encarcelar a los sindicatos”, aseguró Urrutia.
Por su parte, Alfredo Mejía, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), mencionó que llegaron a la mancha para exigir la libertad para las personas inocentes y que han sido capturados en el marco del régimen de excepción.
“Muchos se manifiestan para pedir beneficios en sus trabajos, pero nosotros lo hacemos para visibilizar a las víctimas del régimen. Queremos aclarar que las víctimas inocentes, ese daño colateral, de ellos estamos hablando, de personas que tienen 25 meses en detención sin un proceso justo, sin visitas. Hay amenazas. Sino, vean por qué los vendedores en el centro se han quedado callados ante sus vulneraciones, porque los han amenazado con aplicarles el régimen”, dijo Mejía.
Sobre el régimen
De acuerdo con las autoridades del Gabinete de Seguridad, hasta inicios de abril se habían capturado a más de 79,000 personas desde la implementación del régimen de excepción, de los cuales, según el Socorro Jurídico Humanitario, más de 20,000 personas no tienen vínculos con pandillas. Además, autoridades reportaron la captura de 5,000 menores de edad, de los que 1,065 ya tuvieron condena por agrupaciones ilícitas.
Estas organizaciones se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo y tomaron la Avenida Roosevelt hasta llegar frente a Catedral Metropolitana, en donde hubo un pequeño acto en la que líderes sindicales se dirigieron a los presentes para denunciar las violaciones laborales, así como las recientes reformas a la Constitución de la República a las cuales calificaron como “retroceso” democrático. También expusieron el acoso de elementos de seguridad a defensores de derechos humanos.
Delia Cornejo, directora de Resistencia Feminista, mencionó que aparte del alza de la canasta básica e inestabilidad laboral, la situación de la violencia contra las mujeres se mantiene en números rojos y se ha buscado “invisibilizar” el tema de parte de la actual administración.
“Estamos para expresar el alto costo de la vida, los despidos de los trabajadores y trabajadoras, con mucha incertidumbre con lo que acaba de hacer (modificaciones a la Constitución), pero ya lo veíamos venir (…) Las desapariciones y la violencia contra las mujeres sigue pasando, pero está invisibilizada. A una compañera (Rosa Elvira Flores Martínez) la encontraron despedazada, un mensaje de pandillas para el Estado, pero dicen que fue su amante y dicen que no fue homicidio. Hay suicidios y gran desesperanza de personas que han quedado en casa cuando sus familiares han sido capturados por el régimen”, mencionó.
De acuerdo con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), en el año 2023 hubo 46 feminicidios, mientras que las autoridades solo reportaron 21, situación que de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, se debe brindar información real sobre estadísticas que permitan conocer la situación de violencia en el país.