In the last five years, El Salvador has gone from being a country that was in a process of democratic construction to being a country where there is no system of checks and balances nor guarantees of citizens’ rights, experts consulted by El Diario de Hoy affirm.
“There is a clear deterioration of democratic institutions, and a dictatorship is when power is exercised without checks and balances. In that sense, the path we are taking is extremely worrisome,” opines Salvadoran historian Héctor Lindo.
The academic added: “This is what we saw during the time of Maximiliano Hernández Martínez, the existence of spies, wiretapping, the possibility of the Government listening to what journalists say, the possibility of people saying something and what is said on social networks, what is said in private, can reach the ears of the Government. All this is already happening and can increase in intensity in a worrying way. People no longer say what they want.”
For lawyer José Marinero, El Salvador is in the final phase of consolidating an “authoritarian model.”
“A dictatorship, by definition, is characterized by three conditions: the illegitimate concentration of power, the absence of checks and balances, and finally, the perpetuation through illegitimate means in power. These three conditions have already occurred in El Salvador. They have just been consummated, let’s say, with the (presidential) re-election last February 4th,” points out the specialist.
Experts consider that one of the risks facing the country at this moment is the normalization of the fact that someone concentrates all the powers of public authority.
Marinero explains that under these circumstances, at some point, citizens could be deprived of their rights.
“Of freely expressing their thoughts, of carrying out their work as a journalist, the possibility of starting a business in freedom, of organizing in their neighborhood, in a neighborhood association; they could lose the right to study freely at a university that is not controlled by the ruling party and even lose the ability to make use of their material resources,” warns the lawyer.
Likewise, lawyer Ruth López from Cristosal, believes that currently justice is not applied equally to the entire population.
“A State of Law implies, for example, respect for the law; it implies a system of control, of sanctions for those who fail to comply with the law. But in El Salvador, officials break the law and there are no sanctions, there is a very discretionary justice,” she indicates.
“Hay un deterioro claro de las instituciones democráticas”, señalan especialistas
En los últimos cinco años El Salvador ha pasado de ser un país que estaba en una construcción democrática a ser un país donde no existe un sistema de pesos y contrapesos ni garantías de derechos de la ciudadanía, afirman expertos consultados por El Diario de Hoy.
“Hay un deterioro claro de las instituciones democráticas, y una dictadura es cuando se ejerce el poder sin contrapesos. En ese sentido, el camino que estamos tomando es un camino sumamente preocupante”, opina el historiador salvadoreño Héctor Lindo.
El académico agregó: “Es lo que se veía durante la época de Maximiliano Hernández Martínez, la existencia de espías, de escuchas telefónicas, de la posibilidad de que el Gobierno escuche lo que dicen los periodistas, la posibilidad de que la gente diga algo y lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en privado, pueda llegar a los oídos del Gobierno. Todo eso ya se está dando y puede aumentar en intensidad de una forma preocupante. La gente ya no dice lo que quiere”.
Para el abogado José Marinero, El Salvador se encuentra en la fase final de la consolidación de un “modelo autoritario”.
“Una dictadura, por definición, se caracteriza por tres condiciones: la concentración ilegítima del poder, la ausencia de contrapesos y, finalmente, la perpetuación por la vía ilegítima en el poder. Esas tres condiciones ya se dieron en El Salvador. Se acaban, digamos, de consumar con la reelección (presidencial) el pasado 4 de febrero”, apunta el especialista.
Los expertos consideran que uno de los riesgos que se vive en el país en este momento es que se normalice el hecho de que alguien concentre todas las facultades del ejercicio del poder público.
Marinero expone que bajo estas circunstancias, en algún momento, la ciudadanía podría verse desprovista de sus derechos.
“De expresar libremente su pensamiento, de ejercer su trabajo como periodista, la posibilidad de emprender un negocio en libertad, de organizarse en su colonia, en una asociación de vecinos; podría perder el derecho de estudiar libremente en una universidad que no esté controlada por el oficialismo e incluso perder la posibilidad de hacer uso de sus recursos materiales”, advierte el abogado.
Asimismo, la abogada Ruth López, de Cristosal, considera que actualmente la justicia no se aplica igual para toda la población.
“Un Estado de Derecho supone, por ejemplo, el respeto a la ley; supone un sistema de control, de sanciones a quien incumpla la ley. Pero en El Salvador los funcionarios incumplen la ley y no existen sanciones, existe una justicia muy discrecional”, indica.