The US Department of State has released a report on human rights practices in 2023 in El Salvador, where it indicates that there is credible information that government officials employ torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and related abuses, in the context of the state of exception.
The report acknowledges that, under the state of exception, reports of gang violence significantly decreased; however, arbitrary arrests and mass hearings undermined due process and exacerbated historically difficult conditions in overcrowded prisons.
The document presents data collected by human rights organizations that report that disappearances of people, whether temporarily or permanently, remain in effect despite the security measures implemented.
The human rights organization Cristosal confirmed 71 deaths of detainees and determined that 13 of the deaths showed signs of violence, including beatings with clubs or batons.
In March, the newspaper El País interviewed several released detainees, one of whom claimed that prison guards beat his cellmate to death. The Humanitarian Legal Aid reported that 21 detainees died due to lack of medical care. Cristosal reported that two of the deceased detainees had anemia and 11 died from complications of diseases such as diabetes and chronic kidney disease.
The Department of State’s report emphasizes the official stance of sidelining the search for missing persons due to the state of exception.
Hay información creíble de que funcionarios gubernamentales emplean tortura en el régimen de excepción, señala informe de EE.UU
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado conocer un informe sobre prácticas de derechos humanos 2023 en El Salvador, donde señala que hay información creíble de que funcionarios gubernamentales emplean la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos conexos, en el contexto del régimen de excepción.
El informe reconoce que, bajo el régimen de excepción, los informes de violencia de pandillas disminuyeron significativamente; sin embargo, las detenciones arbitrarias y las audiencias masivas socavaron el debido proceso y exacerbaron las condiciones históricamente difíciles en prisiones superpobladas.
En el documento exponen datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos en las que denuncian que las desapariciones de personas, ya sea de manera temporal o permanente, siguen vigentes a pesar de las medidas de seguridad implementadas.
La organización de derechos humanos Cristosal confirmó 71 muertes de detenidos y determinó que 13 de las muertes presentaban signos de violencia, incluidas golpizas con garrotes o porras.
En marzo, el periódico El País entrevistó a varios detenidos liberados, uno de los cuales afirmó que los guardias de la prisión mataron a golpes a su compañero de celda. El Socorro Jurídico Humanitario informó que 21 detenidos fallecieron por falta de atención médica. Cristosal informó que dos de los detenidos que fallecieron tenían anemia y 11 fallecieron por complicaciones de enfermedades como diabetes y enfermedad renal crónica.
El informe del Departamento de Estado hace énfasis en la postura oficial de dejar de lado la búsqueda de personas desaparecidas debido al régimen de excepción.