State Dept. Full Report: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/el-salvador/
The most recent report on the human rights situation in El Salvador, published by the United States Department of State, questions several of the measures taken by the Salvadoran government to enforce the state of exception, including mass trials against hundreds of detainees and makes a comparison of the rights Salvadorans used to have and what they have lost.
“The government held approximately 72,000 detainees to be tried under the state of exception but did not present a plan to achieve this. The government indicated that it would likely resort to mass trials, casting doubt on the availability of a fair public trial for these detainees,” the report states.
At the time the study was conducted, the number of detainees was 72,000, but on April 9, the Minister of Justice and Public Security, Gustavo Villatoro, updated the figure and said that there were already 79,211 detainees.
For the Department of State, the state of exception suspended the right “to be promptly informed of the charges and the right to defense,” as well as other rights that Salvadoran regulations already provided but that were lost.
“Not all other rights were always respected,” says the United States government, while also noting that the right to defense was suspended.
“The law established the right of any person to challenge the legality of their arrest or detention before the courts, a right which the detainees have lost, as have the days for detention, which used to be 3 days and now with the regime are 15, before being formally charged. The government did not always comply with the requirements of the law and the Constitution,” emphasizes the U.S. government document.
NGOs and experts endorse the report
Human rights defenders, security experts, and representatives of organizations view the report positively and say that it demonstrates setbacks in regulatory terms and international human rights standards.
Verónica Reyna, from the Social Service Passionist (SSPAS), stated that in the complaints they have gathered about arbitrary arrests, one of the main grievances is mass trials, as it does not guarantee a legitimate defense, as mentioned in the U.S. report.
Reyna emphasized that, in addition to the implementation of the regime, the legal reforms and special provisions approved in this context by the Legislative Assembly have neither a time limit nor specific language to develop an investigation and then the accusation.
“What it does is to place the population in a defenseless situation in the face of the ongoing criminal investigation, since it does not link the people who are being accused. They carry out these mass trials where, through an alleged participation in a criminal structure, which is also not proven, they are accused of other types of crimes attributed to the structure, but individual criminal responsibility is not determined. This is a serious setback in regulatory terms for El Salvador and in the logic of international standards,” she asserted.
Security expert Jeannette Aguilar also stated that the criminal and procedural reforms “have dismantled the justice system in El Salvador” and that this eliminates, by decree, due process, a fair trial, and non-derogable rights recognized in the Constitution and in various international instruments such as the principle of innocence, being judged by independent and impartial courts, among others.
“The right to a fair trial has been annulled with these reforms,” she asserted. “Perverse criminal reforms, such as mass trials and criminal proceedings in which crimes are not judged, but structures, and in which responsibilities are not individualized because they do not seek to prove a crime but rather participation in a criminal group, foster impunity for victims because there is no clarification of a judicial truth, but also for criminals, because they are not judged for the crimes they have committed, but for belonging to an illicit group, which has a lesser sentence than that which could be given to someone who committed a homicide or a disappearance,” she asserted.
Ingrid Escobar, a representative of the Humanitarian Legal Aid (SJH), agrees that the regime has violated judicial independence and that there is no plan to comply with the constitutional guarantees of the accused individuals.
“There are many innocent people, and what this is leading to is a delay of justice denied. In conclusion, it makes the Salvadoran state undoubtedly a violator of human rights and the author of crimes against humanity that must be judged,” asserted Escobar.
Informe del Departamento de Estado EUA cuestiona posibilidad de juicio justo para detenidos en régimen de excepción
El más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EUA) cuestiona varias de las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño para ejercer el régimen de excepción, entre ellas los juicios masivos contra cientos de capturados, y hace además un comparativo sobre los derechos que antes tenían los salvadoreños y lo que han perdido.
“El gobierno retuvo a aproximadamente a 72,000 detenidos para juzgarlos bajo el estado de excepción, pero no presentó ningún plan para lograrlo. El gobierno indicó que probablemente recurriría a juicios masivos, poniendo en duda la disponibilidad de un juicio público justo para estos detenidos”, asevera el informe.
Al momento de realizarse el estudio la cifra de capturados era de 72,000, pero el 9 de abril pasado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro actualizó la cantidad y dijo que ya habían 79,211 personas detenidas.
Para el Departamento de Estado, el régimen de excepción suspendió el derecho “a ser informado con prontitud de los cargos y el derecho a la defensa”, además de otros derechos que la normativa salvadoreña ya brindaba, pero que se perdieron.
“No siempre se respetaron otros derechos”, dice el gobierno de los Estados Unidos, mientras señalan además que se suspendió el derecho a la defensa.
“La ley establecía el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales, derecho que han perdido los capturados, igual que los días para la detención, antes eran 3 días, hoy con el régimen son 15, antes de ser formalmente acusados. El gobierno no siempre cumplió con los requisitos de la ley y la Constitución”, enfatiza el documento del gobierno de EUA.
Oenegés y expertas avalan informe
Defensoras de derechos humanos, expertas en seguridad y representantes de organizaciones califican de positivo el informe y aseguraron que este evidencia retrocesos en términos normativos y estándares internacionales de derechos humanos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que en las denuncias que han recopilado por capturas arbitrarias una de las quejas principales es la de los juicios masivos, pues no se garantiza una legítima defensa, tal cual lo menciona el informe estadounidense.
Reyna enfatizó que además de la aplicación del régimen, las reformas legales y disposiciones especiales aprobadas en dicho contexto por la Asamblea Legislativa no tienen límite temporal, ni tampoco lenguaje específico para desarrollar una investigación y luego la acusación.
“Lo que hace es colocar a la población en una situación de indefensión ante la investigación penal que se está llevando a cabo, ya que no se vincula a las personas que están siendo acusadas. Hacen estos juicios masivos donde a través de una supuesta participación en una estructura criminal, en la que tampoco se comprueba, se está acusando de otro tipo de delitos que se le acusa a la estructura, pero no se individualiza la responsabilidad penal. Esto es un grave retroceso en términos normativos para El Salvador y en lógica de estándares internacionales”, aseveró.
La experta en seguridad Jeannette Aguilar también aseguró que las reformas penales y procesales “han desmantelado el sistema de justicia en El Salvador” y que esto elimina por decreto un debido proceso, un juicio justo y derechos inderogables que están reconocidos en la Constitución y en diferentes instrumentos internacionales como el principio de inocencia, ser juzgados en tribunales independientes e imparciales entre otros.
“El derecho a un juicio justo ha sido anulado con estas reformas”, aseveró.
“Las reformas penales perversas, como los juicios masivos y procesos penales en los que no se juzga delitos, sino estructuras, y en los que no se individualiza responsables, porque no buscan comprobar delito, sino participación en un grupo criminal, fomentan impunidad para las víctimas porque no hay esclarecimiento de una verdad judicial, pero también para los criminales, porque no se les juzga por los delitos que han cometido, sino por pertenecer a una agrupación ilícita, que tiene una condena menor que la que podrían darle a alguien que cometió un homicidio o una desaparición”, aseveró.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), está de acuerdo en que el régimen ha violentado la independencia judicial y que no hay un plan para que se cumplan las garantías constitucionales de las personas procesadas.
“Hay mucha gente inocente y lo que está llevando es una retardación de justicia negada. En conclusión, hace que el Estado salvadoreño sea indudablemente violador de derechos humanos y autor de crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados”, aseveró Escobar.