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Representatives of the Humanitarian Legal Aid denounced that there are indications of torture in the death of Alfredo Morales, a 25-year-old man, whose death was recorded while he was confined in the Mariona prison.

Morales was captured on April 18, 2022, in Cuscatancingo, and three months later, his family was notified that he had died inside the penitentiary, supposedly due to a fall.

In the document given to the family, Forensic Medicine assures that he died of a pulmonary edema.

However, Yeimi Magaña, a lawyer for Legal Aid, explained that her organization had access to the autopsy, in which, after an analysis with a criminologist, they believe there are indications of a beating or torture.

Magaña explained that through the testimony of another person who was in the same prison and has already been released, they have received information that the day before his death, Morales was taken to a punishment cell, where he allegedly was a victim of acts of torture because he was forced to do 1,500 squats and was only able to complete 112.

The next day, the guards dragged him back to his cell because he could not walk. Alfredo told the other inmates that he had been beaten in the pelvis, testicles, and other parts of his body.

The young man could not stand, his fellow inmates took him to the clinic inside the prison, where they asked him what had happened, but due to previous threats from the guards, he said he had fallen and was only given two bags of saline.

The next day, he fainted, his cellmates began to scream that there was an unconscious person, but it was not until several hours later that the guards arrived to verify what had happened, finding the detainee already dead.

The lawyer explains that according to the documentation collected about the case, a team of forensic technical police entered the prison that day to investigate the scene, who did not indicate the cause of death in their report.

Magaña asserts that there are indications he was beaten with a club due to the thickness of the bruises, about three centimeters wide, which he had in various parts of his body, as indicated in the autopsy they have accessed.

Legal Aid had previously filed a complaint with the Attorney General’s Office (FGR) for the death of trade unionist José Leonidas Bonilla, on suspicion of torture, based on the autopsy.

“The bruises are similar, and the forensic experts are putting what they are told to put, but in the whole analysis, they are leaving ‘crumbs'”, said the lawyer.

They also suspect that acts of torture by immersion may be practiced inside the prison centers because they claim that water was found in the lungs and stomach of these two victims.

Security authorities and the prosecutor’s office have denied on some television programs that there are indications of murder in the deaths of inmates.

“In an impartial way, we want to show the Salvadoran people what has happened. We centralize the information and begin to filter and scientifically establish the cause of death of these people,” mentioned Rodolfo Delgado Montes, attorney general, during a television interview in June 2023, referring to allegations of possible murders within prisons.

Regarding the complaint filed in February of this year by Humanitarian Legal Aid before the FGR for Bonilla’s case, they claim that they have not yet received a response.

Background

The representative of Legal Aid explained that Alfredo and his brother’s arrest occurred in the context of a state of exception and there was prior police harassment.

In 2018, both brothers were captured after having problems with a police officer when Alfredo’s family reported to the police station that the officer had beaten the young man because he was not wearing a helmet while riding a motorcycle.

After that incident, the young men were captured and accused of illicit associations. After five months in prison, they were released on bail, which was returned at the end of the process when they were acquitted.

However, when the state of exception began, they were arrested again and charged with the same crime.

The Morales brothers’ family denies that they had any connection with gangs because both had been working since they were teenagers. Alfredo began working at a restaurant on weekends when he was 13 years old.

The second time they were captured, he had a home delivery business which he had started after the COVID-19 pandemic, employing three other people at that time. Meanwhile, his brother worked as a deliveryman for an international pizza restaurant.

After Alfredo’s death, a three-year-old child has been left an orphan.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/socorro-juridico-denuncia-muerte-tortura/1136974/2024/

Socorro Jurídico denuncia indicios de tortura en muerte de reo en Mariona

Representantes del Socorro Jurídico Humanitario denunciaron que hay indicios de tortura en la muerte de Alfredo Morales, un joven de 25 años, cuya muerte se registró mientras se encontraba recluido en el penal de Mariona. 

Morales fue capturado el 18 de abril de 2022 en Cuscatancingo y tres meses después su familia fue notificada que había muerto dentro del centro penitenciario, supuestamente por una caída. 

En el documento entregado a la familia, Medicina Legal asegura que murió a causa de un edema pulmonar. 

Sin embargo, Yeimi Magaña, abogada del Socorro Jurídico, explicó que esa organización tuvo acceso a la autopsia, en la cual, al hacer una análisis con un criminólogo, consideran que hay indicios de una golpiza o tortura. 

Magaña explicó que a través del testimonio de otra persona que estuvo en el mismo penal y que ya fue liberado, han tenido información que el día previo a la muerte, Morales fue llevada a una celda de castigo, donde supuestamente habría sido víctima de actos de tortura, debido a que  lo obligaron a hacer 1,500 sentadillas y él solo logró hacer 112. 

Al siguiente día los custodios lo llevaron a rastras de regreso a su celda porque no  podía caminar. Alfredo le  comentó a los otros reclusos que lo habían golpeado en la pelvis, los testículos y otras partes del cuerpo. 

El joven no podía pararse, sus compañeros lo llevaron a clínica dentro del penal, ahí le preguntaron qué le había pasado, pero por las amenazas previas de los custodios, él dijo que se había caído y solo le dieron dos bolsas de suero. 

Al siguiente día, se desvaneció, sus compañeros de celda  comenzaron a gritar que había una persona desmayada, pero fue hasta varias horas después que los custodios llegaron a verificar lo que había sucedido, encontrando al detenido ya muerto. 

La abogada explica que según la documentación recolectada sobre el caso, un equipo de la policía técnica forense ingresó ese día al penal, para el levantamiento de la escena, quienes en el reporte no indicaron la causa de muerte.

Magaña asegura que hay indicios que había sido golpeado con una macana por el grosor de los moretones, de unos tres centímetros de ancho, que tenía en varias partes del cuerpo, según señala la autopsia a la que han tenido acceso. 

El Socorro Jurídico anteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, por sospechas de tortura, basándose en la autopsia.

«Son similares los hematomas y los forenses están poniendo lo que les dicen que pongan, pero en todo el análisis van dejando “migas”» señaló la abogada. 

Asimismo sospechan que dentro de los centros penales podrían tener la práctica de actos de tortura por inmersión, porque aseguran que a estas dos víctimas les encontraron agua en los pulmones y estómago.

Las autoridades de seguridad y la fiscalía han negado en algunos programas televisivos que haya indicios de asesinatos en las muertes de centros penales. 

“De una manera imparcial queremos demostrar al pueblo salvadoreño lo que ha sucedido. Centralizamos la información y empezamos a depurar y establecer científicamente cuál ha sido la causa de la muerte de esas personas”, mencionó Rodolfo Delgado Montes, fiscal general, durante el espacio televisivo en junio de 2023, al referirse a las denuncias de posibles asesinatos dentro de las prisiones. 

Sobre la denuncia presentada el febrero de este año por el Socorro Jurídico Humanitario ante la FGR por el caso de Bonilla, aseguran que hasta ahora no han tenido una respuesta.

Antecedentes

La representante del Socorro Jurídico explicó que la detención de Alfredo y su hermano se dio en el contexto de régimen de excepción y que hubo acoso policial previo.

En 2018 ambos hermanos fueron capturados después que tuvieron problemas con un agente, después que la familia de Alfredo denunció al puesto policial que el policía lo había golpeado al joven, porque no llevaba  casco en el momento que conducía una motocicleta. 

Luego de ese incidente, los jóvenes fueron capturados y acusados de agrupaciones ilícitas. Después de cinco meses en prisión fueron liberados bajo fianza, la cual les fue devuelta al final del proceso cuando fueron absueltos. 

Sin embargo, cuando inició el régimen de excepción, fueron detenidos nuevamente y acusados nuevamente por  el mismo delito. 

La familia de los hermanos Morales niega que ellos hayan tenido un vínculo con las pandillas, pues ambos se habían dedicado a trabajar desde adolescentes. Alfredo comenzó a trabajar en un restaurante los fines de semana, desde los 13 años. 

La segunda vez que los capturaron, tenía un negocio de entregas a domicilio, el cual habían emprendido luego de la pandemia del Covid-19, y que en ese momento tenía como empleados a tres personas más. Mientras que su hermano laboraba como repartidor en un restaurante transnacional de venta de pizza. 

Tras la muerte de Alfredo un niño de tres años ha quedado en la orfandad.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/socorro-juridico-denuncia-muerte-tortura/1136974/2024/