The University Human Rights Observatory (OUDH) of the Central American University José Simeón Cañas (UCA) released its 2023 annual report on the human rights situation in El Salvador and highlighted that there were 327 reports of short-term forced disappearances, among other serious aspects.
According to the report, these forced disappearances were preceded by arbitrary detentions and have already been presented at a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last November.
Also in 2023, the UCA’s Human Rights Institute (Idhuca) documented 123 cases of short-term forced disappearance and has pointed to state forces such as the National Civil Police (PNC) and the Armed Forces of El Salvador (FAES) as the main causes of these displacements.
OUDH noted that the Human Rights Defense Attorney’s Office (PDDH) issued 26 orders to the Attorney General’s Office (FGR) for cases of forced disappearance, which is far from the number reported by complaints from individuals and institutions that advocate for human rights in El Salvador.
According to Jorge Rodríguez, coordinator of OUDH, the reservation of information makes it difficult to have concrete data that could provide a better understanding of the disappearance cases; however, the contribution of these organizations that accompany the victims has been important to show the problems that many people have suffered.
“The information is reserved and in 2023 we do not have information on the totality of people reported as disappeared. This type of violence has not been possible to measure and represents a complex situation for the victims. Young people are the most vulnerable population, between the ages of 18 and 25. A concern is that this is a form of disappearance that before the state of exception was very limited, but now it has skyrocketed and is caused by state (security) agents,” he explained.
They said that there are cases where the family of a detained person does not know in which prison their relative is located, as they do not obtain direct information from the authority, not even the health status. These types of situations have also been classified as short-term forced disappearances.
Violent deaths would be more than officially reported
The report also states that during 2023, security authorities reported 154 violent deaths, but this data does not include deaths in armed confrontations, nor does it include remains found, deaths of gang members, or deaths of people deprived of their liberty.
Therefore, according to OUDH’s projection, last year there were an estimated 309 violent deaths, which means that the authorities only reported 49.8% of these.
“These unreported deaths, before 2021, were part of the official statistics, so the reading we make is that the official figure is not real. It is an under-registration that is around 49% and the non-classification of deaths of suspected gang members is a discourse that is contrary to human rights, because it removes the category of humanity from people associated with gangs,” added Rodríguez.
These 309 violent deaths reported in the report represent a rate of 4.87 homicides for every 10,000 inhabitants. In addition, authorities reported at least 51 armed confrontations, resulting in 34 civilian deaths and 9 injuries, most of them police officers or elements of the FAES.
Regarding femicides, the National Civil Police (PNC) reported 21 deaths of women in 2023, which contrasts with the report from the Organization of Salvadoran Women for Peace (Ormusa), which documented 46. Meanwhile, regarding the deaths of people deprived of their liberty, the Humanitarian Legal Aid reported the death of 116 people in 2023 alone, which totals 244 in their report after two years of the state of exception.
For Gabriela Santos, director of Idhuca, the report analyzes the rights to life, personal integrity, personal freedom, and access to justice while exposing that the state of exception is taking on modalities such as instrumentalization and threats.
“The year 2023 is particular because it began and ended with a state of exception, which is not insignificant in the context we have experienced. Also, due to the new nuances that the state of exception is acquiring, which is used as a tool for instrumentalization and threats. We see that there is a mutation of those who attack human rights, where the State is the main violator,” she indicated.
Idhuca received 522 complaints of arbitrary detentions in 2023, and according to the monitoring of officials, there were 15,440 detentions, with an average of 40 per day. This has caused an estimated 104,747 inmates within the country’s prisons at the end of last year. In its recommendations, the Institute asks authorities for official information.
El OUDH registró 327 denuncias de desapariciones forzadas en 2023
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dio a conocer su informe anual 2023 sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador y destacó que hubo 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, entre otros aspectos graves.
De acuerdo con el reporte, estas desapariciones forzadas fueron acompañadas por detenciones arbitrarias previas y ya fueron presentadas en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre pasado.
También en 2023 el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) documentó 123 casos de desaparición forzada de corta duración y han señalado a las fuerzas estatales como la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) como principales causantes de estos desplazamientos.
El OUDH señaló que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) giró 26 oficios a la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de desaparición forzada, lo que dista mucho de las reportadas por denuncias de las personas e instituciones que velan por los derechos humanos en El Salvador.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, la reserva de información dificulta tener datos concretos que podrían dar una mejor lectura sobre los casos de desapariciones; sin embargo, el aporte de estas organizaciones que acompañan a las víctimas ha sido importante para mostrar la problemática que han sufrido muchas personas.
“La información está reservada y en 2023 no contamos con información sobre la totalidad de personas reportadas como desaparecidas. Este tipo de violencia no ha sido posible medirla y representa una situación compleja para las víctimas. Los jóvenes son la población más vulnerable, entre los 18 y 25 años. Un elemento de preocupación es que esta es una modalidad de desaparición que antes del régimen era muy reducida, pero ahora se dispara y es ocasionada por agentes (de seguridad) del Estado”, expuso.
Dijeron que existen casos donde la familia de una persona detenida no conoce en qué centro penitenciario se encuentra su pariente, pues no se obtiene información directa con la autoridad, ni siquiera el estado de salud. Este tipo de situaciones también las han tipificado como desapariciones forzadas de corta duración.
Muertes violentas serían más de las reportadas oficialmente
El reporte señala también que durante el 2023 las autoridades de seguridad reportaron 154 muertes violentas, pero este dato no recoge las muertes en enfrentamientos armados, ni tampoco las osamentas encontradas, las muertes de pandilleros, ni las de privados de libertad.
Por ello, según la proyección del OUDH, el año pasado se calcula que hubo 309 muertes violentas, lo que significa que las autoridades solo reportaron el 49.8 % de estas.
“Estas muertes no reportadas, antes del 2021, sí eran parte de las estadísticas oficiales, por lo que la lectura que hacemos es que el dato oficial no es real. Es un subregistro que ronda el 49 % y la no tipificación de las muertes de presuntos pandilleros es un discurso que es contrario a derechos humanos, porque quita la categoría de humanidad a personas que son asociadas a pandillas”, agregó Rodríguez.
Esas 309 muertes violentas reportadas en el informe representan una tasa de 4.87 homicidios por cada 10,000 habitantes. Además, las autoridades reportaron al menos 51 enfrentamientos armados, lo que resultó en 34 civiles fallecidos y 9 lesionados, la mayoría de ellos agentes policiales o elementos de la FAES.
En cuanto a feminicidios, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 21 muertes de mujeres en 2023, lo que contrasta con el reporte de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que documentó 46. Mientras que sobre las muertes de privados de libertad, el Socorro Jurídico Humanitario dio a conocer la muerte de 116 solo en el año 2023, lo que en total suma 244 en su informe tras dos años del régimen de excepción.
Para Gabriela Santos, directora del Idhuca, el informe hace una análisis de los derechos a la vida, a la integridad personal, libertad personal y acceso a la justicia, a la vez que expone que el régimen de excepción va tomando modalidades como la instrumentalización y amenazas.
“El año 2023 es particular porque inició y finalizó con un régimen de excepción, lo que no es menor en el contexto que hemos vivido. También por los nuevos matices que va adquiriendo el régimen de excepción, que se usa como una herramienta de instrumentalización y amenazas. Vemos que existe una mutación de quienes agreden los derechos humanos en donde el Estado es el principal vulnerador”, indicó.
El Idhuca recibió 522 denuncias por detenciones arbitrarias en 2023 y, según el monitoreo de funcionarios, hubo 15,440 detenciones, con un promedio de 40 al día. Esto ha provocado que al cierre del año pasado se calculen 104,747 reos dentro de los centros penitenciarios del país. En sus recomendaciones el Instituto pide que las autoridades den información oficial.