There are situations in which media pressure can grant freedom to someone captured within the framework of the state of exception. This is highlighted by human rights organizations based on recent cases, and they point out that there is no firm criteria for either the detention or the release.
Recent examples include the father of Marcelo “Chiky” Díaz, a player for Águila in the first division of professional soccer, and the mother of young activist Gladys Ardón. In both cases, they denounced the capture of their family members on social networks, and after receiving support, within a matter of hours, their relatives regained their freedom.
But earlier this year, the cases of human rights defender and mother-searcher Verónica Delgado and young deaf man Marco Antonio Martínez were also documented, who were arbitrarily captured and, after public complaints, combined with pressure on social networks, were able to obtain their freedom as well.
According to Ingrid Escobar, director of Humanitarian Legal Aid, this shows the “institutional weakness” and how public opinion can weigh in when determining a judicial process.
“It becomes evident that only through media shaming, when the authorities are denounced because they have captured a mother, father, or defender (of rights) who are unknown to the police, the case is publicized, collective outrage is generated, and within hours they are released. That’s bad for people who don’t have that media capability,” she analyzed.
Not everyone has the same opportunity
Escobar mentions that many of those innocent people or those detained due to “mistakes” are in detention because of an anonymous accusation and do not have the opportunity for their situation to be made known, so they must wait for the administrative process that, according to judicial modifications, can last between two and three years.
Gabriela Santos, director of the Human Rights Institute of the UCA (Idhuca), said that the lack of guarantees in due process, institutional weakness, and the lack of clarity in the criteria for granting freedom are aspects to consider in these types of situations.
“They are part of the problems due to the lack of guarantees that exist, due to the concentration of power, where arbitrariness is paramount. There are no real criteria or due process that is followed, there are no instances that fulfill their functions, but rather we are at the mercy of what goes viral or what brings a bad image to the Government, and that is what determines the release of a person, which is sad and worrying,” she said.
Presión mediática ha permitido la liberación de algunos capturados en el régimen de excepción
Hay situaciones en los que la presión mediática puede dar libertad a un capturado en el marco del régimen de excepción. Así lo destacan organizaciones de derechos humanos con base en casos recientes y señalan que no hay un criterio firme ni para la detención ni para la liberación.
Como ejemplos recientes están el del papá de Marcelo “Chiky” Díaz, jugador del Águila de la primera división de fútbol profesional, y el de la mamá de la joven activista Gladys Ardón. En ambos denunciaron las capturas de sus familiares en redes sociales y tras el apoyo recibido, en cuestión de horas, sus parientes recuperaron su libertad.
Pero este mismo año también se ha documentado el caso de la defensora de derechos humanos y madre buscadora Verónica Delgado y el del joven sordo Marco Antonio Martínez, quienes fueron capturados de forma arbitraria y tras denuncias públicas, sumado a la presión en redes sociales, pudieron obtener también su libertad.
De acuerdo con Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, esto demuestra la “debilidad institucional” y cómo la opinión pública puede pesar a la hora de determinar un proceso judicial.
“Queda en evidencia que únicamente a través del avergonzamiento mediático, cuando se denuncian a las autoridades porque han capturado a una madre, padre, un defensor (de derechos) que desconocen los policías de dónde viene esta gente, se mediatiza el caso, se genera indignación colectiva y en cuestión de horas los liberan. Qué mal por la gente que no tiene esa capacidad mediática”, analizó.
No todos tienen la misma oportunidad
Escobar menciona que muchas de esas personas inocentes o por “errores” están en detención por una acusación anónima y no tienen la oportunidad que su situación se de a conocer, por lo que deben esperar el proceso administrativo que, según las modificaciones judiciales, puede durar entre dos y tres años.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dijo que la falta de garantías en el debido proceso, la debilidad institucional y la poca claridad en los criterios para dar libertad son aspectos a considerar en este tipo de situaciones.
“Son parte de los problemas por la falta de garantías que hay, por la concentración del poder, donde la arbitrariedad es lo que prima. No hay criterios reales ni debido proceso que se siga, no hay instancias que cumplan con sus funciones, sino que estamos a merced de lo que se haga viral o lo que le traiga mala imagen al Gobierno, y eso es lo que determina la liberación de una persona, lo que es triste y preocupante”, dijo.