Barclays, a London-based financial services company, published a document in which it reportedly expressed suspicions that “the pension system is financing the Salvadoran government through lending plans.”
The Salvadoran State’s debt to private pension funds, which are funded by workers, rose by nearly $300 million in the first two months of 2024, according to official data consulted this Thursday by EFE news agency. But what is the total debt up to the last year?
Data from the Central Reserve Bank (BCR) indicates that the total debt reached $9,794.31 million by February 2024, $299.74 million more than the $9,494.57 million in December 2023.
Previsional Obligations Certificates (COP), recently issued securities by the Salvadoran Pension Institute (ISP), amounted to $1,397.50 million.
COPs are a means by which the State lends resources to pension fund administrators (AFP), to which Salvadorans with formal employment are obliged to contribute monthly, in order to pay retirees from the public system abandoned in the 1990s.
This is added to the debt of $8,396.81 million in Transition Financing Certificates (CFT), which replaced other instruments to extend their term and, as reported by the rating agency Standard & Poor’s in May 2023, for which no interest or capital will be paid for four years.
Local media reported that Barclays, a London-based financial services company, published a document in which it would have expressed suspicions that “the pension system is financing the government through lending plans through the new pension agency, ISP, and commercial banks.”
In December 2022, the Salvadoran Legislative Assembly approved the Comprehensive Pension System Law and, despite nationalization requests from some unions, left the management of resources in the hands of private pension administrators.
Around the same time, Congress also approved the Special Law for the Issuance of Previsional Obligations Certificates, which states that the debt generated with the COPs is the responsibility of the autonomous Salvadoran Pension Institute.
This law requires AFPS to “acquire, with the resources of the pension funds they manage, the entirety of the COPs of each issuance.”
Esta es la cantidad que debe el Estado salvadoreño a los fondos privados de pensiones
Barclays, compañía de servicios financieros con sede en Londres, publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de “que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno salvadoreño a través de planes de préstamos.
La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador, que alimentan los trabajadores, se elevó cerca de $300 millones en los primeros dos meses del 2024, de acuerdo con datos oficiales consultados este jueves por la agencia de noticias EFE. Pero, ¿cuál es el total de la deuda hasta el último año?
Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el total de la deuda llegó a $9,794.31 millones hasta febrero de 2024, $299.74 millones más que los $9,494.57 millones de diciembre de 2023.
Solo los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), de reciente creación, llegaron a $1,397.50 millones.
Los COP son un instrumento mediante el cual el Estado presta recursos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en las que los salvadoreños con empleo formal están obligados a aportar mensualmente, para pagar a los jubilados del sistema público abandonado en la década de los años noventa.
Estos se suma a la deuda de $8,396.81 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que sustituyeron a otros instrumentos para extender su plazo y, según informó la agencia de calificación Standard & Poor’s en mayo de 2023, por los que no se pagará intereses ni capital durante 4 años.
Medios locales reportaron que Barclays, compañía de servicios financieros con sede en Londres, publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de “que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales”.
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones.
En esas fechas el Congreso también aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que indica que la deuda generada con los COP es responsabilidad del autónomo Instituto Salvadoreño de Pensiones.
Dicha ley obliga a las AFP a “adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión”.