Defender organizations of human rights presented their report on the two years of application of the state of exception in El Salvador and pointed out receiving 6,305 complaints of violations between March 27, 2022, and March 15, 2024.
According to the report, the most reported incidents are arbitrary arrests (totaling 5,931 cases), representing 94%, violations of due process (5,470), home invasions (1,779), cruel, inhuman or degrading treatment (814), and harassment (304).
They also highlighted that they have documented 244 deaths in prison centers, 16 of them women, and at least 17 were due to violent death, according to official medical documentation. Another 58 are suspected of being violent deaths, while 63 were classified as natural deaths.
Furthermore, they stated that 598 people were exposed to situations of forced internal displacement, and most victims are women, accompanied by children and adolescents. The perpetrators have been State security agents, either from the National Civil Police (PNC) or El Salvador’s Armed Forces (FAES).
These organizations emphasized the inaccuracy of these figures, and they could significantly grow due to the lack of official data from the Security Cabinet, which has classified all information related to the state of exception. They estimate more deaths in prisons.
The Other Use of the State of Exception
They also pointed to the use of the state of exception for other patterns, such as intimidation or persecution of human rights defenders, pressure on organizations, or collectives. They argue that security members use the measure for other purposes.
According to Gabriela Santos, director of the Human Rights Institute of UCA (Idhuca), as organizations, they have noticed an increase in these attack patterns on human rights defenders during the second year of the state of exception.
“There is a deepening of the use of the regime not only with the arrests but also the manipulation, as it is being used as a threat and intimidation. It is one of the most severe forms we see, which goes against defenders, trade unionists, to silence critical voices, and that is a strong element, as the regime takes on new nuances,” she mentioned.
A total of 32 human rights defenders have been captured during the state of exception, posing a threat to organized groups, communities, and community communicators, who oversee integrity and environmental respect, among others.
Penal Reforms During the State of Exception
The organizations also emphasized judicial reforms, such as Decree 803, granting the Attorney General’s Office (FGR) the power to group those arrested under the state of exception by criminal structure and establish up to two years for the instruction phase. These measures have been crucial for the imprisonment of many people.
Veronica Reyna, from the Passionist Social Service, stated that these measures make the accusation processes collective, which “violates human rights, access to justice, due process, where a person does not have the ability to defend themselves because the accusation will not be individualized. This is dangerous because they backtrack the progress made in penal terms.”
Rina Montti, director of human rights research at Cristosal, said that there is concern because human rights violations have not decreased during the two years of the state of exception.
“In this third year that we are beginning, there will be a sharp decline in the violation of rights; we are concerned because it is becoming more flagrant regarding arbitrary arrests and not due to specific measures. The regime has maintained that impact on rights,” she emphasized.
Gonzalo Montano, from the organization Amate El Salvador, added, “we believe that there is currently no material justification in the country to maintain the state of exception, as it is deepening human rights violations. We ask for the acceleration of the development of judicial processes and the reintegration of prisoners.”
The report states that there are 109,519 people in prison centers, with an installed capacity for 67,280 people. There is a rate of 1,728 prisoners for every 100,000 inhabitants, representing a considerable increase in the prison population.
Registran 6,305 vulneraciones a diversos derechos humanos durante régimen de excepción en El Salvador
Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron su informe de los dos años de aplicación del régimen de excepción en El Salvador y señalaron que han recibido 6,305 denuncias de vulneraciones en el periodo entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2024.
Según el reporte, los hechos más denunciados son las capturas arbitrarias (con un total de 5,931 casos) que representan el 94 %, las violaciones al debido proceso (5,470), allanamientos de morada (1,779), tratos crueles, inhumanos o degradantes (814) y hostigamiento (304).
Destacan además que han documentado un total de 244 muertes al interior de los centros penitenciarios, de las cuales 16 son mujeres, y que al menos 17 fueron por muerte violenta, de acuerdo con documentación médica oficial. Otras 58 tienen sospecha de ser una muerte violenta, en tanto que 63 fueron tipificadas como muerte natural.
También expusieron que 598 personas estuvieron expuestas a situaciones de desplazamiento forzado interno y que la mayoría de las víctimas son mujeres, acompañados de niños y adolescentes. Los victimarios han sido agentes de seguridad del Estado, ya sea de la Policía Nacional Civil (PNC) o de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Las organizaciones destacaron que las cifras no son exactas y que pueden crecer mucho más debido a la falta de datos oficiales de parte del Gabinete de Seguridad, el cual ha puesto en reserva toda la información relacionada al régimen de excepción. Estiman que existen más muertes en los centros penales.
El otro uso del régimen de excepción
También señalaron el uso del régimen de excepción hacia otros patrones, como amedrentamiento o persecución a defensores de derechos humanos, presión para organizaciones o colectivos. Sostienen que miembros de seguridad utilizan la medida para otros fines.
De acuerdo con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), como organizaciones han notado que en el segundo año del régimen de excepción se ha incrementado estos patrones de ataque hacia defensores de derechos humanos.
“Existe una profundización de la utilización del régimen no solo con las capturas, sino también esa manipulación, ya que se usa como amenaza y amedrantamiento. Es de las formas más graves que vemos, que va contra defensoras, sindicalistas, para acallar voces críticas y eso es un elemento fuerte, pues el régimen va dando nuevos matices”, mencionó.
Un total de 32 defensores de derechos humanos han sido capturados durante el régimen de excepción, lo que supone una amenaza para los grupos organizados, así como las comunidades y comunicadores comunitarios, que velan por el respeto a la integridad y medio ambiente, entre otros.
Las reformas penales durante el régimen
Las organizaciones también hicieron énfasis en las reformas judiciales, como el decreto 803 que da facultades a la Fiscalía General de la República (FGR) para agrupar por estructura criminal a los capturados bajo el régimen de excepción, así como dar un plazo de hasta dos años para la fase de instrucción, los cuales han sido determinantes para el encarcelamiento de muchas personas.
Para Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, estas medidas hacen colectivos los procesos de acusación y eso “viola los derechos humanos, el acceso a la justicia, el debido proceso, en donde una persona no tiene la capacidad de defenderse porque no se va a individualizar la acusación. Eso es peligroso porque retroceden los avances que se tenían en términos penales”.
Rina Montti, directora de investigación en derechos humanos de Cristosal, dijo que hay preocupación porque en los dos años del régimen de excepción las vulneraciones a los derechos humanos no han disminuido.
“En este tercer año que estamos comenzando va a seguir un declive profundo en la vulneración de derechos, nos preocupa porque cada vez se está haciendo más descarado en cuanto a las detenciones antojadizas y no por unas medidas particulares. El régimen ha mantenido esa afectación a los derechos”, destacó.
Gonzalo Montano, de la organización Amate El Salvador, sumó que “consideramos que actualmente en el país no existe una justificación material para mantener el régimen de excepción, pues además está profundizando vulneraciones a derechos humanos. Pedimos la agilización del desarrollo de los procesos judiciales, así como la reinserción a los privados de libertad”.
El reporte sostiene que hay 109,519 personas en centros penales, teniendo una capacidad instalada para 67,280 personas. Hay una tasa de 1,728 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, lo que supone un aumento considerable de la población carcelaria.