President Nayib Bukele has become known for reducing gang-related criminality in El Salvador. But as national and international organizations have warned with increasing alarm, this security has come at a high cost for human rights.
To bring down El Salvador’s murder rate, Bukele’s government instituted a continually extended state of emergency, which reaches its two-year anniversary, allowing to arrest anyone, arbitrarily and without due process, for being suspected gang members. In addition to mass arbitrary detentions, civil society groups have documented torture, enforced disappearances, and extrajudicial executions.
In this article DPLF argues that some of the grave human rights violations being committed under the state of emergency may constitute crimes against humanity, due to their widespread and systematic nature, and that they appear to be part of a coordinated policy utilized against a civilian population.
Crimes against humanity are one of the international crimes that can be investigated and tried by the International Criminal Court (ICC), which acts as a court of last resort when national justice systems fail to adequately investigate and prosecute crimes falling within their jurisdiction –which seems to be the current case in El Salvador.
While it is too early to say definitively whether the abuses being documented in El Salvador constitute crimes against humanity, as this article posits, a thorough investigation through an international criminal law lens is needed to do so. Given the current context in El Salvador, carrying out such an investigation will be complex and require extensive resources and support from the international community.
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Due Process Of Law Foundation: https://dplf.org/en/resources/are-crimes-against-humanity-being-committed-el-salvadors-war-gangs-closer-look-human
¿Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en la “Guerra contra las pandillas” de El Salvador?: Es urgente examinar de cerca las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción del país
El presidente Nayib Bukele se ha dado a conocer por reducir la criminalidad relacionada con las pandillas en El Salvador. Pero, como organizaciones nacionales e internacionales han advertido con creciente alarma, esta seguridad ha tenido un alto costo en materia de derechos humanos.
Para reducir la tasa de homicidios en El Salvador, el gobierno de Bukele instauró un régimen de excepción continuamente extendido, que llega a su segundo aniversario, permitiendo arrestar a cualquier persona, de manera arbitraria y sin el debido proceso, por ser sospechosos de ser miembros de pandillas. Además de detenciones arbitrarias masivas, los grupos de la sociedad civil han documentado tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En este artículo, DPLF argumenta que algunas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a su naturaleza generalizada y sistemática, y que parecen ser parte de una política coordinada utilizada contra una población civil.
Los crímenes de lesa humanidad son uno de los delitos internacionales que pueden ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), que actúa como un tribunal de última instancia cuando los sistemas de justicia nacionales no logran investigar y procesar adecuadamente los delitos que caen dentro de su jurisdicción, lo cual parece ser el caso actual en El Salvador.
Aunque es demasiado temprano para afirmar definitivamente si los abusos documentados en El Salvador constituyen crímenes de lesa humanidad, como plantea este artículo, es necesario realizar una investigación exhaustiva a través de la lente del derecho penal internacional para hacerlo. Dado el contexto actual en El Salvador, llevar a cabo dicha investigación será complejo y requerirá de recursos y apoyo extensos por parte de la comunidad internacional.
Due Process Of Law Foundation: https://dplf.org/en/resources/are-crimes-against-humanity-being-committed-el-salvadors-war-gangs-closer-look-human