The charges made to relatives of inmates to obtain essential products in prisons, the so-called “packages,” may be classified as the crime of extortion, says sentencing judge Juan Antonio Durán.
“The State is committing the crime of extortion, which is when the official imposes or takes money (from people) without legal basis, or, having legal basis, does so by violating it. The $300 per month demanded for each prisoner is a commission of crimes. People report this, and it is an arbitrary act,” Durán said in an interview for Informa TVX, Tuesday, March 26, 2024.
Under the state of emergency, relatives of those arrested pay for basic packages of supplies, ranging from clothing to products such as oatmeal, milk, sugar, and coffee. They also must deposit amounts of money for their relatives to consume in prison stores.
According to criminal lawyers, the State is obligated to provide all the basics to inmates and question the lack of information about the use of these funds.
“Where does that money end up? Who manages that money? There is no transparency or accountability. People are paying monthly for each detainee. It is a recurring complaint. This situation is being made invisible, and surely even the officials are enriching themselves with that money. There is no legal basis for charging this,” added Durán.
Charges can be classified as a crime
LA PRENSA GRAFICA also consulted criminal lawyer Otto Flores, who mentioned that the charges made to the relatives of detainees through the General Directorate of Prison Centers (DGCP) for prison stores, as well as the payment for packages, do meet the definition of the crime of extortion. He also believes that officials may be “taking advantage” of their status to charge these contributions.
“They are taking advantage of their status as public employees to charge a type of tax or contribution in favor of the administration, something that is prohibited,” said Flores.
“These benefits that are being requested are not legal. It is something that the State itself should provide. I imagine that they are doing this to maintain so many detained people, and considering that the budget (of the DGCP) has not increased, but we have seen a direct decrease. They are taking some of that money to support themselves. It also lends itself to cases of corruption, so the crime does exist as such,” he added.
This medium consulted the DGCP for their version on Judge Durán’s statements, but there was no official response at the closing of this note.
LA PRENSA GRAFICA also corroborated that the Ministry of Justice and Public Security had budgeted $26 million for the Special Program to Combat Terrorists in the 2024 budget, approved by the Legislative Assembly at the end of 2023.
However, upon examining the execution of this budget up to February of this year, on the Fiscal Transparency portal, it can be seen that this State portfolio redirected $20 million from that program and allocated it to the Administration of the Penitentiary System.
Human rights organizations have complained that there is no transparency in the handling of these funds.
Juez considera que funcionarios del gobierno salvadoreño cometen delito de exacción por cobro de paquetes en régimen de excepción
El cobro que se hace a familiares de privados de libertad para obtener productos de primera necesidad en los centros penitenciarios, los llamados “paquetes”, puede calificarse como delito de exacción, asegura el juez de sentencia Juan Antonio Durán.
“El Estado está cometiendo el delito de exacción, que es cuando el funcionario le impone o le saque dinero (a las personas) sin base legal, o teniendo base legal, lo hace violentándolo. Los $300 mensuales que exigen por cada uno de los presos es una comisión de delitos. Eso lo denuncia la gente y es un acto arbitrario”, aseguró Durán en una entrevista para Informa TVX, este martes 26 de marzo de 2024.
En el marco del régimen de excepción los familiares de capturados pagan por paquetes básicos de insumos, que van desde ropa, hasta productos como avena, leche, azúcar y café. Además, deben depositar cantidades de dinero para que sus parientes puedan consumir en las tiendas penitenciarias.
De acuerdo con abogados penalistas, el Estado es el obligado a proporcionar todo lo básico a los privados de libertad y cuestionan la falta de información sobre el uso de estos fondos.
“¿Adónde va a parar ese dinero? ¿quién maneja ese dinero? No hay transparencia, ni rendición de cuentas. La gente está pagando mensualmente por cada detenido. Es una queja recurrente. Esta situación se invisibiliza y de seguro hasta se están enriqueciendo los funcionarios con esa plata. No existe base legal para (cobrar) eso”, agregó Durán
Cobros pueden ser tipificados como delito
LA PRENSA GRÁFICA también consultó al abogado penalista Otto Flores, quien mencionó que el cobro que se realiza a los familiares de los detenidos a través de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para tiendas penitenciarias, así como el pago de paquetes, sí cumple con la tipificación del delito de exacción y también cree que los funcionarios pueden estarse “aprovechando” de su condición para cobrar dichas contribuciones.
“Se están aprovechando de la condición que tienen como empleados públicos para cobrar un tipo de impuesto o contribución a favor de la administración, cosa que está prohibida”, dijo Flores.
“Estas prestaciones que se están pidiendo no son legales. Es algo que debe proporcionar el mismo Estado. Me imagino que lo están haciendo para mantener tantas personas detenidas y en vista que el presupuesto (de la DGCP) no ha aumentado sino que hemos visto una disminución directa. Están tomando parte de ese dinero para mantenerse.También se presta para casos de corrupción, por lo que sí existe el delito como tal”, agregó.
Este medio consultó a la DGCP su versión sobre las declaraciones del juez Durán, pero al cierre de esta nota no hubo una respuesta oficial.
LA PRENSA GRÁFICA también corroboró que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública había presupuestado $26 millones para el Programa Especial de Combate a Terroristas en el presupuesto de 2024, aprobado por la Asamblea Legislativa a finales de 2023.
Sin embargo, al ver la ejecución de este presupuesto hasta el mes de febrero de este año, en el portal de Transparencia Fiscal, se puede ver que dicha cartera de Estado reorientó $20 millones de ese programa y lo destinó a la Administración del Sistema Penitenciario.
Organizaciones de derechos humanos han reclamado que no existe transparencia en el manejo de estos fondos.