Criminal lawyer Otto Flores questioned the legislative decree 803, passed by the Legislative Assembly at the end of July 2023, which he claims will allow for premature prison sentences for those arrested during the state of emergency.
He stated that the implementation of this decree, which empowers the Attorney General’s Office (FGR) to have two years to administratively order the cases involving arrests for illicit associations, is a measure that affects those deprived of their freedom and violates many of their rights.
“The problem is that we must understand that we may be falling into a premature sentencing. Although minimum sentences for those accused of belonging to a gang range from 20 to 30 years, the fact that detainees spend too much time without a conviction raises concern because being in provisional detention, in which there is no certainty whether the prosecution will or will not continue with the charges, generates violations of legal security and due process,” Flores questioned.
According to what other criminal lawyers have expressed, with the application of this decree, the period between 2023 and 2025 does not form part of an investigation phase but serves for prosecutors to begin organizing the processes.
They claim that there will be no investigation during these two years and convictions could even begin as late as 2028.
Flores also asserted that the problem lies in the fact that during the first year of the state of emergency, the Attorney General’s Office and the National Civil Police (PNC), aiming to achieve a high number of arrests, “arrested people at random.”
“Then there were events or processes that are the first of the year 2022, involving the arrests of people linked to a particular gang, but if the arrested person’s location is reviewed, it turns out that the gang did not operate there, but others did,” he pointed out.
Criminal lawyers believe that the extension measure violates the rights to life and freedom. The transitional provisions to order the processing of defendants, according to officials, will allow detainees to be judged in groups within a 24-month period.
“Se puede estar cayendo en una pena condenatoria adelantada”, dice abogado penalista sobre postergación de audiencias en régimen
El abogado penalista Otto Flores cuestionó que el decreto legislativo 803, aprobado por la Asamblea Legislativa a finales de julio de 2023, permitirá penas adelantadas de prisión en los capturados del régimen de excepción.
Dijo que la aplicación de este decreto, que faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para tener dos años para ordenar administrativamente los casos en las detenciones por agrupaciones ilícitas, es una medida que afecta a los privados de libertad y que vulnera muchos de sus derechos.
“El problema es que debemos entender que se puede estar cayendo en una pena condenatoria adelantada. Si bien es cierto las penas mínimas para las personas acusadas de pertenecer a un grupo de pandillas van de los 20 a los 30 años, el hecho de que las personas detenidas estén demasiado tiempo sin una condena genera preocupación, porque el estar en una detención provisional, en la cual no hay certidumbre por parte de la Fiscalía si va a seguir o no va a seguir la acusación, genera vulneración a la seguridad jurídica y al debido proceso”, cuestionó Flores.
Según lo expresado por otros abogados penalistas, con la aplicación de este decreto el período entre los años 2023 y 2025 no forma parte de una fase de investigación, sino que sirven para que empiecen a ordenar los fiscales todos los procesos.
Aseguran que no habrá investigación en estos dos años y se podrían empezar a tener condenas incluso hasta el año 2028.
Flores aseguró además que el problema radica en que durante el primer año del régimen de excepción la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC), con el fin de obtener un alto número de detenciones, “detuvieron personas al azar”.
“Entonces se dieron hechos o existen procesos, que son los primeros del año 2022, en los cuales ha habido capturas de personas que son vinculadas a una pandilla de terminada, pero que si se revisa la ubicación donde vive la persona detenida resulta que en esa ubicación no operaba esa pandilla, sino que operaban otras”, señaló.
Los penalistas consideran que la medida de ampliación es violatorio de los derechos de la vida y la libertad. Las disposiciones transitorias para ordenar el procesamiento de imputados, según funcionarios, permitirán que los detenidos sean juzgados en grupos en un plazo de 24 meses.