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The reelection of Nayib Bukele in El Salvador is no surprise. His popularity and approval among citizens, above 70%, the manipulation of the Constitution, and the irrelevance of the opposition, foretold an inevitable outcome. Bukele became extremely popular for his apparent effectiveness in addressing, in record time, gang violence in El Salvador.

Is what Bukele advocates sustainable? Is it truly a fascinating phenomenon worth the cost to Salvadoran society?

Bukele is the result of 30 years of post-war and democracy in which the majority of the population in El Salvador witnessed a worsening of social inequalities, increased migration/expulsion of the most vulnerable sectors, unfulfilled promises from both the right and left, and of course, the uncontrollable expansion and strengthening of gang violence across the country. El Salvador came to be recognized as one of the most dangerous countries in the world. In 2015, the homicide rate reached 106 per 100,000 inhabitants.

In March 2022, after breaking the pact he had with these criminal groups, Bukele established a state of emergency that gave him the power to persecute and imprison anyone suspected of being part of the gangs. Almost 1% of the population ended up being imprisoned without due process guarantees or respect for their human rights.

Almost three decades after the signing of the peace agreements, when Bukele arrived with his “magic formula” to put an end to the gangs, the word democracy meant little or nothing to the majority. In that void, authoritarian and repressive methods had a concrete and tangible impact on many Salvadorans’ lives: the reduction of violence and improved daily living conditions for many people. El Salvador ended 2023 with a homicide rate of 2.4 per 100,000 inhabitants. That is much more than what they received in the last thirty years, and compared to that, for that majority, the costs being paid by democracy do not seem very high.

However, the phenomenon of violence in El Salvador has its roots in historical social inequalities that can hardly be solved with mere repression. Repressing a problem is just that, repressing it, it does not mean solving it. If the causes of that problem remain, they will eventually resurface, perhaps in new forms, ways, names, but they will return to remind us they never left.

Beyond controversies, it is crucial to remember that the Salvadoran president’s strategy still has, above all, a high human cost. Bukele has achieved what he has achieved solely and uniquely because he and his government violate the human rights of thousands of men and women, especially those in the most vulnerable conditions. Because the president’s actions are not directed at the elites or the middle class, but rather have a clear class bias and are focused on impoverished individuals. Those who for thirty years were the main victims of the gangs are now the bodies marked by the government’s repression. And these are not just the bodies of those deprived of freedom. These two years of the state of emergency have also targeted children, youth, women, and dissenting voices from these sectors. Dozens of children and adolescents were left helpless when the state took their parents away. Since then, grandmothers, aunts, and sisters have had to assume the economic support, physical care, and psychological consequences for all of them. The workload, economic burden, and care responsibilities have intensified on women’s shoulders. In this context, the state of emergency has also become a tool to persecute human rights and environmental defenders. Under the pretext that anyone can be suspected of being a gang member, several rural leaders and their families have been intimidated or detained.

An indefinite state of emergency, which undermines fundamental rights of some in exchange for relative and temporary peace for the rest of the population, is just another form of violence for El Salvador. A violence that is proving ineffective in achieving true social stability, and that must be understood as evidence of the president’s inability to offer real and lasting solutions that do not involve the systematic violation of the human rights of citizens in the country he governs.

El País: https://elpais.com/america/2024-02-05/bukele-reelecto-la-victoria-de-la-violencia.html

Bukele reelecto: la victoria de la violencia

La reelección de Nayib Bukele en El Salvador no es ninguna sorpresa. Su popularidad y aprobación entre la ciudadanía, por encima del 70%, el amañamiento de la Constitución y la irrelevancia de la oposición, auguraban un resultado inevitable. Bukele se volvió extremadamente popular por su aparente eficacia para solucionar, en tiempo récord, la violencia de las pandillas en El Salvador.

¿Es sostenible lo que Bukele pregona? ¿Realmente es un fenómeno fascinante que vale lo que le está costando a la sociedad salvadoreña?

Bukele es resultado de 30 años de posguerra y democracia en los que la mayoría de la población, en El Salvador, presenció un empeoramiento de las desigualdades sociales, el aumento de la migración/expulsión de los sectores más vulnerables, las promesas incumplidas de derecha e izquierda y, por supuesto, la expansión y fortalecimiento incontrolable de la violencia de las pandillas en todo el país. El Salvador llegó a ser reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo. En 2015, la tasa de homicidios llegó a 106 por cada 100.000 habitantes.

En marzo de 2022, después de romper el pacto que tenía con estos grupos criminales, Bukele estableció un estado de excepción que le dio el poder de perseguir y encarcelar a cualquier persona sospechosa de ser parte de las pandillas. Casi el 1% de la población llegó a estar privada de libertad sin garantías procesales ni de respeto a sus derechos humanos.

A casi tres décadas de la firma de los acuerdos de paz, cuando Bukele llegó con su “fórmula mágica” para acabar con las pandillas, la palabra democracia significaba poco o nada para la mayoría. En ese vacío, las formas autoritarias y represivas tuvieron un impacto concreto y tangible en la vida de una gran parte de las y los salvadoreños: la reducción de la violencia y el aumento en la calidad de vida cotidiana de muchas personas. El Salvador cerró el 2023 con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho más que lo que recibieron en los últimos treinta años y, frente a eso, para esa mayoría, los costos que está pagando la democracia no parecen muy altos.

Sin embargo, el fenómeno de las violencias en El Salvador tiene sus raíces en desigualdades sociales históricas que difícilmente se pueden solucionar con mera represión. Reprimir un problema es solo eso, reprimirlo, no significa solucionarlo. Si las causas de ese problema siguen ahí, tarde o temprano volverán a explotar, quizá con nuevas formas, maneras, nombres, pero regresarán para recordarnos que nunca se fueron.

Más allá de las controversias, es crucial recordar que la estrategia del presidente de El Salvador sigue teniendo, ante todo, un alto costo humano. Bukele ha logrado lo que ha logrado solo, y solo, porque él y su Gobierno violan los derechos humanos de miles de hombres y mujeres, sobre todo los de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Porque las acciones del presidente no están dirigidas ni a las élites ni a las clases medias, sino que tienen un claro corte de clase y están focalizadas en personas empobrecidas. Esas que por treinta años fueron las principales víctimas de las pandillas, ahora son los cuerpos marcados por la represión del Gobierno. Y no son solo los cuerpos de quienes están privados y privadas de libertad. Estos dos años de estado de excepción se han ensañado también con la niñez, la juventud, con las mujeres y con voces disidentes de esos sectores. Decenas de niños, niñas y adolescentes quedaron desamparados cuando el estado se llevó a sus padres y madres. Desde entonces, las abuelas, tías, hermanas tuvieron que asumir el sostén económico, los cuidados físicos y las repercusiones psicológicas de todos ellos. La recarga laboral, económica y de cuidados se ha recrudecido sobre los hombros de las mujeres. En este contexto, el estado de excepción también se ha convertido en una herramienta para perseguir a defensores de derechos humanos y del medioambiente. Bajo la excusa que cualquiera puede ser sospechoso de ser pandillero, varios líderes y lideresas rurales y sus familiares han sido intimidados o detenidos.

Un estado de excepción indefinido, que vulnera derechos fundamentales de algunos a cambio de una tranquilidad relativa y temporal para el resto de la población, es otra forma más de violencia para El Salvador. Una violencia que está demostrando ser ineficaz para conseguir una verdadera estabilidad social, y que debe ser entendida como una prueba de la incapacidad del presidente para ofrecer soluciones reales y duraderas que no pasen por la violación sistemática de derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del país que gobierna.

El País: https://elpais.com/america/2024-02-05/bukele-reelecto-la-victoria-de-la-violencia.html