Former deputy and politician Rubén Zamora gave statements on the morning of Thursday, February 1, regarding the judicial process he faces for alleged involvement in the approval of the 1993 Amnesty Law, as the San Francisco Gotera Court of Instruction believes that through it, he and nine other defendants committed the crime of personal concealment.
On January 31, it was learned that the San Francisco Gotera Court of Instruction judge, Mirtala Portillo de Cruz, annulled the arrest warrant against former deputy Rubén Zamora, former president Alfredo Cristiani, and eight other defendants accused of committing crimes against humanity related to the El Mozote massacre and surrounding areas.
Zamora said the intention of arresting him was to “silence” him. “To me, it’s very clear that it’s a situation where they wanted to silence me. They did achieve something, because in recent weeks I was unable to act,” he said.
He said they have knowledge of who ordered the annulment of the arrest warrant issued against him in December 2023, but did not provide further details about it. “We know who ordered the judge to accept this, that the problem was already too big. I won’t say who because the time will come and if necessary it will be said, and I’ll leave it at that because that’s as far as I’m committed to saying it,” Zamora asserted.
He also mentioned that since they became aware of the arrest warrant against him, he and his team of lawyers had three options: hide, leave the country, or turn themselves in to the authorities.
“I want to point out that all of this hasn’t ended. My lawyers tell me this hasn’t stopped, because our first step was good and what are you going to do? Hide, leave the country, or turn yourself in? Those were my last three possibilities in the face of a judge ordering me to be imprisoned. It was obvious that the first thing we had to do was wait,” he said.
Commission of crimes by the judge
The group of lawyers from the Full Justice platform expressed their support for Zamora and stated that Judge Portillo’s actions exceeded the limits prescribed by the Constitution.
In the press release, they mentioned that they will request the Judicial Investigation Section to investigate Judge Portillo’s actions. Additionally, they asked the Attorney General, Rodolfo Delgado, to explain what his involvement was in requesting the former deputy’s arrest.
The lawyers also argue that the judge may have committed serious crimes, such as material falsehood, ideological falsehood, document fraud, procedural fraud, prevarication, influence peddling, among others.
Rubén Zamora: “Es clarísimo que lo que querían era callarme”
El exdiputado y político Rubén Zamora brindó declaraciones la mañana de este jueves 1 de febrero sobre el proceso judicial que enfrenta por la supuesta participación en la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, pues el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera considera que a través de ella él y otros nueve acusados cometieron el delito de encubrimiento personal.
El 31 de enero se conoció que la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo de Cruz, dejó sin efecto la orden de captura contra el exdiputado Rubén Zamora, el expresidente Alfredo Cristiani y otros ocho acusados de cometer delitos de lesa humanidad relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Zamora dijo que la intención de capturarlo era para “callarlo”. “Para mí es clarísimo que es una situación donde lo que querían era callarme. Lograron algo, porque en estas últimas semanas estaba imposibilitado”, mencionó.
Dijo que tienen conocimiento sobre quién ordenó dejar sin efecto la orden de captura emitida en su contra en diciembre de 2023, pero no brindó más detalles al respecto. “Sabemos quién le ordenó a la juez que aceptara esto, que ya era demasiado grande el problema. No voy a decir quién porque llegará el tiempo y si es necesario se dice y se los dejo hasta ahí porque hasta ahí estoy comprometido a decirlo”, aseguró Zamora.
También mencionó que desde que se dieron cuenta de la orden de captura en su contra, junto a su equipo de abogados tenían tres opciones: esconderse, salir del país o entregarse a las autoridades.
“Quiero señalar que todo esto no ha terminado. Mis abogados me señalan que esto no ha parado, porque nuestro primer paso era bueno y ¿qué vas hacer? Te escondes, te vas del país o te entregas. Eran mis tres últimas posibilidades frente a una jueza que ordenaba que se me metiera preso. Era obvio que lo primero que teníamos que hacer era esperar”, mencionó.
Comisión de delitos por parte de la jueza
El movimiento de abogados de la plataforma Justicia Plena mostraron su respaldo a Zamora y manifestaron que la actuación de la jueza Portillo rebasó los límites de lo prescrito en la Constitución.
En el comunicado de prensa mencionaron que solicitarán a la Sección de Investigación Judicial que indaguen la actuación de la jueza Portillo. Además, pidieron al fiscal general, Rodolfo Delgado, que explique cuál fue su participación para pedir la detención del exdiputado.
Los abogados también sostienen que la jueza podría haber incurrido en delitos graves, tales como falsedad material, falsedad ideológica , falsedad documental, fraude procesal prevaricato, tráfico de influencias, entre otros.