Political parties in contention, which are not subordinate to the government’s ruling party, ended their political campaigns for their presidential and legislative candidacies without their corresponding advance of political debt that should have been delivered by the Treasury since September of last year.
Nuestro Tiempo, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), and the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) are competing for both the Presidency and the Legislative Assembly.
In the case of the VAMOS party, on February 4th, it will only compete for seats in the Assembly; this party did not request the advance, justifying that El Salvador has economic needs.
“We’ll see what happens,” concluded the president of ARENA, Carlos García Saade.
Candidates for the Legislative Assembly and the Presidency of the Republic consulted by El Diario de Hoy said that, by this stage of the electoral contest, citizens already recognize the lack of equal conditions under which Sunday’s election will take place.
In the case of Nuestro Tiempo’s candidate for vice president, Celia Medrano, she explained that the non-compliance of this payment was just one of the obstacles they faced in the campaign, but each candidate contributed their funds and received “small contributions” from people who have not been “frozen by fear” to face retaliation for appearing as donors to an active party in denouncing state corruption.
By not making this payment, the Salvadoran State would be in breach of the Constitution of the Republic that recognizes the legality of political debt.
“The State recognizes political debt as a financing mechanism for contending political parties, aimed at promoting their freedom and independence. The secondary law will regulate matters relating to this issue,” says Article 210.
Additionally, the Electoral Code recognizes the validity of an advance of political debt, equivalent to 75% of the votes obtained in the previous election of the same type in which they participated.
“This institutional system co-opted by the ruling party seeks to nullify any partisan expression that is not subject to Nuevas Ideas. As intolerance closes spaces, new causes of confrontation in the country are opened. The lack of funds has been difficult, but it has not stopped us. We have continued to move forward,” acknowledged Medrano.
The advance to which competing parties or coalitions are entitled, as well as the amount to be paid for votes, will be determined on the date of the call for elections.
All parties could request it from the day after the call for elections, that is, from September 7th, and it should have been made effective no later than three days after the submission of the respective request.
“I have conducted a campaign with my own funds and those of friends who believe in my project, but the limitations for me disappear when I put myself at the service of the humblest people,” said the ARENA deputy, Ondina Ramos.
Outstanding proposals
The candidate for deputy for San Salvador in the first row of Nuestro Tiempo, Héctor Silva, while recognizing the inequality of conditions, is proud that at the level of proposals, his balance is not so.
“The campaign has only been unequal in resources because when we talk about proposals, we have presented more proposals; when we talk about courage, we have been braver in denouncing the things that are wrong,” said Silva.
The reference of the capital candidate is that the proposals of the ruling deputies are nothing more than “giving governability to whatever comes from Casa Presidencial.”
About the debt
Political debt is a financing mechanism for contending political parties, aimed at promoting their political proposals and campaign prior to elections.
Similarly, Article 52 of the Political Parties Law states that political parties or coalitions participating in elections are entitled to receive from the State a sum of money for each valid vote they obtain in national elections.
“The amount to be paid for votes in previous elections will be the amount paid in the previous election for each of them, increased by accumulated inflation, recognized by the Central Reserve Bank, that has occurred during the period between each of the elections in question,” the law states.
Meanwhile, the Ministry of Finance does not provide public information regarding the debt transferred to political institutions for the previous 2021 campaign.
Gobierno asfixió a la oposición al negar fondos para la campaña electoral
Los partidos políticos en contienda, que no son subordinados al oficialismo del gobierno en turno, terminaron sus campañas políticas para sus candidaturas presidenciales y de diputaciones a la Asamblea Legislativa sin su correspondiente adelanto de deuda política que debió haber sido entregada desde septiembre del año pasado por Hacienda.
Nuestro Tiempo, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) compiten tanto para la Presidencia de la República como de diputaciones a la Asamblea Legislativa.
En el caso del partido VAMOS este 4 de febrero solo competirá por escaños de la Asamblea; este partido no solicitó el adelanto, justificando que El Salvador cuenta con necesidades económicas.
“Vamos a ver qué pasa”, terminó diciendo el presidente de ARENA, Carlos García Saade.
Candidatos y candidatas a diputaciones y Presidencia de la República consultados por El Diario de Hoy aseguraron que la ciudadanía a estas alturas de la contienda electoral ya reconoce la falta de igualdad de condiciones con las que se efectuará la elección de este domingo.
En el caso de la candidata a vicepresidenta de Nuestro Tiempo, Celia Medrano, explicó que el incumplimiento de este pago solo fue uno de los obstáculos con los que se enfrentaron en campaña, pero que cada candidato aportó fondos propios y recibieron “pequeños aportes” de personas que no las ha “congelado el miedo” a enfrentar represalias por aparecer como donantes de un partido activo en la denuncia de la corrupción estatal.
Al no hacer entrega de esta misma, el Estado salvadoreño estaría incumpliendo la Constitución de la República que reconoce la legalidad de la deuda política.
“El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia”, reza el artículo 210.
Asimismo, el Código Electoral reconoce la validez de un adelanto de deuda política, equivalente al 75% de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado.
“Este sistema institucional cooptado por el oficialismo busca anular cualquier expresión partidaria que no esté sometida a Nuevas Ideas. En la medida de que la intolerancia cierre espacios se abren nuevas causas de confrontación en el país. La falta de fondos ha sido difícil, pero eso no nos ha detenido. Hemos seguido adelante”, reconoció Medrano.
El anticipo a que tengan derecho los partidos o coaliciones contendientes, así como la cuantía que se pagará por los votos, se determinará en la fecha de la convocatoria a elecciones.
Todos los partidos podían solicitarla desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones, o sea, desde el 7 de septiembre y se debió hacer efectivo a más tardar a los tres días siguientes de la presentación de la solicitud respectiva.
“He realizado una campaña con fondos propios y el de amigos que creen en mi proyecto, pero las limitantes para mí desaparecen cuando me pongo al servicio de la gente más humilde”, expresó la diputada a diputada por ARENA, Ondina Ramos.
Sobresalientes en propuestas
El candidato a diputado por San Salvador en la casilla 1 de Nuestro Tiempo, Héctor Silva, si bien reconoce la inequidad de las condiciones, se enorgullece que a nivel de propuestas su balanza no lo esté.
“La campaña solo ha sido desigual en recursos, porque cuando hablamos de propuestas, nosotros hemos presentado más propuestas; cuando hablamos de valentía, hemos sido más valientes de denunciar las cosas que están mal”, dijo Silva.
La referencia del candidato capitalino se vale en que las propuestas de las diputaciones oficialistas no dejan de ser “dar gobernabilidad a lo que venga de Casa Presidencial”.
Sobre la deuda
La deuda política es un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover sus propuestas políticas y de campaña previo a las elecciones.
Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos determina que los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones, tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones nacionales.
“La cuantía que se pagará por los votos de las elecciones anteriores, será la cantidad que se pagó en la elección anterior para cada una de ellas, incrementada por la inflación acumulada, reconocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido durante el período entre cada una de las elecciones de que se trate”, expone la ley.
Mientras tanto, el ministerio de Hacienda no proporciona la información pública referente a la deuda que transfirió a los institutos políticos para la campaña anterior de 2021.