A group of deliverers from the Presidential Food Aid Program (PPAA), who are distributing food packages “on behalf of President Bukele,” restrained and assaulted El Diario de Hoy’s photojournalist Jessica Orellana in Santo Tomás municipality, San Salvador department.
The journalist recounted that she was returning from a coverage assignment yesterday at around five thirty in the afternoon when she coincidentally saw a pile of boxes with the PPAA logo showing damage, such as crushing and oil spills inside the boxes, at a corner of Comalapa Road near the National Civil Police station, at a turnoff leaving Santo Tomás Municipality to join the main road.
Since she was on a public road and dealing with resources funded by Salvadoran taxpayers, the photojournalist began taking pictures. However, several delivery workers, identified by shirts with the government logo and the initials PPAA, surrounded her and told her it was “prohibited.”
Apparently, these employees gather at this location to be transported by specially hired buses.
The journalist identified herself with her press card. One of the female employees abusively took pictures of the document.
The employee who appeared to be in charge of the group made calls to someone, informing them of the situation and asking for instructions. They then demanded that the photojournalist delete the photos. She explained that there was no obligation to do so and tried to leave, but they did not allow her. They restrained her despite the journalist warning them that this was illegal.
When Orellana walked to her vehicle, one of the men grabbed her by the camera strap and violently pulled her to prevent her from leaving.
Orellana questioned the man about why he was assaulting her, and he repeatedly said she could not leave without deleting the photos.
A police officer who arrived asked for the driver’s documents of the newspaper vehicle and showed indifference to the illegal detainment. However, when the journalist told him that they were committing a crime, he returned the documents and allowed the journalistic team to leave. This was despite the crimes of deprivation of freedom and others contained in the Law for a Life Free of Violence Against Women, according to legal experts.
The attackers threatened that later on, the police would arrest the journalistic team and take them into custody.
PPAA employees have been accused of distributing food boxes “on behalf of President Nayib Bukele” throughout the country. This has been criticized and questioned by civic organizations, reminding them that the law prohibits officials from taking advantage of their positions.
Another photojournalist from El Diario de Hoy was also intimidated during a distribution of the same type of presidential packages in Ahuachapán two weeks earlier.
The government’s delivery of packages before the elections is managed in secret, with no official photographs of the deliveries being disseminated, as would normally happen with other government activities. Official accounts would flood social media with photos, such as food distribution during the mandatory home quarantine due to the pandemic.
Repartidores de paquetes del gobierno retienen y agreden a mujer fotoperiodista
Un grupo de repartidores del Programa Presidencial de Ayuda Alimentaria (PPAA), de los que andan distribuyendo paquetes con alimentos “en nombre del presidente Bukele”, retuvo y agredió a la fotoperiodista de El Diario de Hoy, Jessica Orellana, en el municipio de Santo Tomás, departamento de San Salvador.
Según relató la comunicadora, ella regresaba ayer alrededor de las cinco y media de la tarde de una cobertura cuando casualmente vio en una esquina de la carretera a Comalapa, cerca de la delegación de la Policía Nacional Civil, en el desvío saliendo del municipio Santo Tomás para incorporarse a la carretera, una pila de cajas con el logo del PPAA que mostraban daños, como aplastamiento y derrame del aceite en el interior de las cajas.
Dado que estaba en la vía pública y tratándose de recursos que se pagan con los impuestos de todos los salvadoreños, la fotoperiodista comenzó tomar fotos, pero varios repartidores, identificados con camisetas con el logo del gobierno y las iniciales PPAA, la rodearon y le dijeron que “era prohibido”.
Al parecer, en ese lugar se concentran estos empleados para que los lleven en autobuses especialmente contratados.
La comunicadora se identificó con su carnet. Una de las empleadas de manera abusiva le tomó fotos al documento.
La empleada que aparentaba estar al mando del grupo marcaba y llamaba por teléfono con una persona a la cual le informaba lo que sucedía y le pedía instrucciones. En seguida le exigieron a la fotoperiodista que borrara las fotos. Esta última les razonó que no había nada que la obligara a hacerlo y trató de retirarse, pero no la dejaron. La retuvieron a pesar de que la periodista les advirtió que eso era ilegal.
Cuando Orellana caminó para ir a su vehículo, uno de los individuos la sujetó por la correa de la cámara y la jaloneó violentamente para evitar que se fuera.
Orellana empezó a cuestionar al hombre por qué la estaba agrediendo, y éste repetía que no se podía marchar sin borrar las fotos.
Un policía que llegó se dedicó a pedirle los documentos al chofer del vehículo del periódico y se mostró indiferente ante la retención ilegal, pero cuando la periodista le dijo que estaban cometiendo delito le devolvió los documentos y permitió que se fuera el equipo periodístico, aunque en flagrancia y frente a él se habían cometido una privación de libertad y otros delitos contenidos en la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, según especialistas del Derecho.
Los agresores amenazaron con que más adelante la policía detendría al equipo periodístico y se los llevaría detenidos.
Empleados del PPAA han sido señalados de andar repartiendo cajas de alimentos “en nombre del presidente Nayib Bukele” en todo el país, lo cual ha sido blanco de críticas y cuestionamientos de organismos cívicos que recuerdan que la ley prohíbe a los funcionarios prevalecerse de sus cargos.
Otro fotoperiodista de este medio también fue intimidado durante una repartición del mismo tipo de paquetes presidenciales en Ahuachapán hace dos semanas.
La entrega de paquetes por parte del gobierno antes de las elecciones se maneja en secreto, no se difunden fotografías oficiales de las entregas, como normalmente sucedería con otra actividad del gobierno en las cuales las cuentas oficiales inundan con fotos las redes sociales, como la repartición de alientos durante la pandemia en los días de la cuarentena domiciliar obligatoria.