For 69.9% of the population, their main problem is the economy: unemployment, high cost of living, and poverty, and for 69% their family economy remained the same or did not improve in 2023. This is stated in a recent survey by the University Institute of Public Opinion of the UCA, Iudop.
As a result, the government of the Republic has begun to distribute food on a massive scale. Those who deliver the food boxes do so on behalf of the president of the Republic. For lawyer Ruth López, this food delivery is irregular, as it seeks to generate support from the population in the context of an electoral campaign.
López says that with the food delivery, public resources are taken advantage of and an office is abusively used to promote a candidacy.
For the lawyer, the food program is a clear violation of electoral laws. But it doesn’t end there, we must go deeper, says López. How much money has been invested? Was there a bidding process to buy food? the lawyer questioned.
Lawyer Ruth López regrets that the Supreme Electoral Tribunal is not fulfilling its role and recalled that in 2013, important resolutions were issued from the collegiate body, where criteria that were later reinforced by constitutional jurisprudence began to be outlined. The Constitutional Chamber set limits on former President Funes and imposed limits on electoral propaganda, however, today the opposite is happening.
Funcionarios actuales usan su cargo “abusivamente” para hacer campaña electoral, dice abogada
Para el 69.9% de la población su principal problema es la economía: el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza, y para el 69% su economía familiar siguió igual o no mejoró en 2023. Así lo dice una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, Iudop.
Debido a ello, el gobierno de la República ha comenzado a repartir alimentos de manera masiva. Quienes reparten las cajas las entregan en nombre del presidente de la República. Para la abogada Ruth López esta entrega de alimentos es irregular, ya que busca generar apoyo de la población en el contexto de una campaña electoral.
López dice que con la entrega de alimentos se aprovechan recursos públicos y se usa abusivamente un cargo para promover una candidatura.
Para la abogada, el programa de alimentos es una clara vulneración a las leyes electorales. Pero esto no termina ahí, hay que ir más a fondo, dice López. ¿Qué cantidad de dinero se ha invertido? ¿Se hizo licitación para comprar alimentos? cuestionó la abogada.
La abogada Ruth López lamenta que el Tribunal Supremo Electoral no esté haciendo el papel que debe y recordó que en 2013 se emitieron resoluciones importantes desde el ente colegiado, donde se comenzó a delinear criterios que se reforzaron por la jurisprudencia constitucional. La Sala de lo Constitucional puso límites al expresidente Funes e impuso límites a la propaganda electoral, sin embargo hoy sucede lo contrario.