The Socorro Jurídico Humanitario (SJH), a non-governmental organization, and relatives of individuals who have died under state custody during the state of emergency – in effect since March 2022 – requested this Thursday (01/11/2024) that the Prosecutor’s Office investigate possible crimes against humanity inside El Salvador’s prisons.

“We come before the Attorney General’s Office to file a notice and a complaint for human rights violations that could constitute crimes against humanity, specifically torture within penal centers,” Ingrid Escobar, director of the SJH, told reporters.

Escobar explained that these abuses could be occurring in the prisons of La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco, and the holding cells of the National Civil Police (PNC).

According to the SJH, more than 200 people have died in state custody, but none have been recorded at the Terrorism Confinement Center (CECOT), which houses about 12,000 inmates. In October 2023, during a visit to this prison with a capacity for 40,000 people, the EFE agency asked its director if there had been any inmate deaths, and he assured that there have been no deaths during its operation.

“Only innocent people being processed are dying,” added Escobar and maintained that one of these cases is that of the unionist José Leonidas Bonilla. She claimed that “we have the autopsy, the information that he (José Bonilla) was tortured and there are clear signs that this is true, so we presume it is so and we want at this moment for the Attorney General’s Office to investigate.”

“There are 220 people who have died (in the prisons) and we are going to start this process of reparation that we have to finish at the national level, to escalate to the international level,” Escobar emphasized.

The State of Emergency and Human Rights

The Congress of El Salvador, with a broad official majority, approved on the night of January 9 to extend for the twenty-second time the state of emergency, which suspends constitutional guarantees and will mark the celebration of the presidential and legislative elections next February 4.

According to official data, since March 2022, there have been more than 75,100 arrests of individuals the government accuses of being gang members or collaborators, and of which more than 7,000 people would have been released on parole.

Humanitarian organizations record more than 6,000 victims of abuses, mainly arbitrary detentions, as well as torture, searches without a warrant, and lack of communication with detained individuals.

In the opinion of Amnesty International, this measure has led the Central American country into one of its “worst crises” of human rights since the end of the civil war (1980-1992) and to the gradual replacement of gang violence with state violence.

DW: https://www.dw.com/es/sjh-pide-investigar-crímenes-en-las-cárceles-de-el-salvador/a-67959621

SJH pide investigar crímenes en las cárceles de El Salvador

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental, y familiares de personas fallecidas bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción -vigente desde marzo de 2022- pidieron este jueves (11.01.2024) a la Fiscalía investigar posibles crímenes de lesa humanidad al interior de las prisiones de El Salvador.

“Venimos ante la Fiscalía General de la República a poner un aviso y una denuncia por violación a derechos humanos que puede significar crímenes de lesa humanidad, específicamente de torturas dentro de centros penales”, dijo a periodistas Ingrid Escobar, directora del SJH.

Escobar explicó que estos atropellos se estarían cometiendo en las cárceles de La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el SJH, han fallecido más de 200 personas en custodia estatal, pero ninguna se ha registrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que alberga a unos 12.000 reos. En octubre de 2023, en una visita a esta cárcel con capacidad para 40.000 personas, la agencia EFE preguntó a su director si habían registrado internos fallecidos y él aseguró que, durante su funcionamiento, no se han dado muertes.

“Solamente están muriendo inocentes procesados”, añadió Escobar y sostuvo que uno de estos casos es el del sindicalista José Leonidas Bonilla. Afirmó que “nosotros tenemos la autopsia, la información de que él (José Bonilla) fue torturado y hay señales claras de que esto es cierto, entonces presumimos que es así y queremos en este momento que la Fiscalía General de la República investigue”.

“Son 220 personas fallecidas (en las cárceles) y vamos a iniciar este proceso de reparación que tenemos que finalizar en sede nacional, para escalar a sede internacional”, subrayó Escobar.

El régimen de excepción y los derechos humanos

El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del 9 de enero extender por vigésimo segunda ocasión el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que marcará la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero.

De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022, suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.

A juicio de Amnistía Internacional, esta medida ha llevado al país centroamericano a una de “sus peores crisis” de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.

DW: https://www.dw.com/es/sjh-pide-investigar-crímenes-en-las-cárceles-de-el-salvador/a-67959621