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In Latin America’s 2024 electoral super-cycle, voters seem likely to reward leaders who address their most fundamental needs—in some cases regardless of whether they value democracy, clean government or the rule of law.

That is a notable shift, following several years in which a “throw the bums out” anti-incumbent sentiment was the prevailing trend in the region. As readers of AQ know well, 20 of the last 22 free and fair presidential elections in Latin America dating back to 2018 have been won by the opposition, as voters lashed out against stagnant living standards, corruption and a surge in organized crime. But that trend could change this year, thanks to leaders who have enjoyed some measure of success—even if it has come at a cost.

Indeed, in El Salvador, Nayib Bukele is poised for reelection due to his security policies—which have contributed to a reduction in crime, but also imprisoned thousands of Salvadorans without due process. President Andrés Manuel López Obrador’s preferred candidate Claudia Sheinbaum leads the polls in Mexico, leveraging the incumbent’s popularity from social programs, despite his repeated attempts to undermine independent institutions. In Panama, former President Ricardo Martinelli, convicted for money laundering, is a leading candidate after having governed previously during a time of economic prosperity.

Some of this year’s elections will be more traditional. In the Dominican Republic, President Luis Abinader, whose popularity is based on an anti-corruption platform, is leading the polls. Uruguay remains a case study of how democratic institutions over time can deliver on people’s concerns, though organized crime poses risks.

Venezuela merits separate treatment. While Nicolás Maduro’s regime has committed to holding an election, almost no one believes it will be genuinely free and fair. Indeed, a true return to democracy demands more than having a vote.

The following is a brief overview of Latin America’s elections—and one “election”—in 2024:

EL SALVADOR: Rights vs Security

Since entering office in 2019, Bukele has taken several steps to erode democratic safeguards. In 2021, he used his majority in the National Assembly to politically take over the Supreme Court’s Constitutional Chamber and the Attorney General’s Office, adopt norms that enabled the dismissal of hundreds of lower-court judges, extend his control over the judiciary, and adopt legislation and a state of emergency that lowered crime rates at the expense of rights. The packed Constitutional Chamber paved the way for his reelection campaign, despite constitutional prohibitions.

Yet Bukele’s popularity stems from policies that successfully reduced violence rates in a country previously plagued by horrendous gang crimes, through a strategy supported by a communications campaign.

In February’s elections, the question is not whether Bukele will win (he will), but by what margin. A decisive win could further weaken political opposition, independent journalism and civil society in a context of shrinking civic space. The elections follow a gerrymandering effort by Bukele, enhancing his party’s chances for a legislative majority. This would later enable him to influence key appointments, including Supreme Court justices, Supreme Electoral Tribunal members and the attorney general.

Full text available at source…

Americas Quarterly: https://www.americasquarterly.org/article/latin-americas-election-super-cycle-will-turn-on-one-key-factor/

El superciclo electoral de América Latina dependerá de un factor clave

En el superciclo electoral de América Latina de 2024 es probable que los votantes recompensen a los líderes que responden a sus necesidades más fundamentales, aunque en algunos casos sin necesariamente importar si valoran la democracia, un gobierno limpio o el Estado de derecho.

Se trata de un cambio notable, tras varios años en los que la tendencia predominante en la región fue la de “saquen a los mismos de siempre,” una actitud contra la reelección o perpetuación en el poder. Como bien saben los lectores de AQ, 20 de las últimas 22 elecciones presidenciales libres y justas en América Latina desde 2018 han sido ganadas por la oposición, ya que los votantes arremetieron contra el estancamiento del nivel de vida, la corrupción y el aumento del crimen organizado. Pero esa tendencia podría cambiar este año, gracias a líderes que han disfrutado de cierto éxito, incluso si sus políticas y decisiones ha tenido un costo societal.

En El Salvador, Nayib Bukele aspira a la reelección gracias a su política de seguridad pública, que ha contribuido a reducir la delincuencia, pero también ha conllevado al encarcelamiento de miles de salvadoreños sin el debido proceso judicial. En México, Claudia Sheinbaum, la candidata preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabeza las encuestas, aprovechando la popularidad del actual mandatario gracias a sus programas sociales, a pesar de sus repetidos intentos de socavar la independencia de las instituciones democráticas. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero, es uno de los candidatos líder tras haber gobernado previamente durante una época de prosperidad económica.

Algunas de las elecciones de este año serán más tradicionales. En la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, con popularidad basada en una plataforma anticorrupción, encabeza las encuestas. Uruguay sigue siendo un ejemplo de cómo las instituciones democráticas pueden, con el tiempo, responder a las preocupaciones de la gente, aunque el crimen organizado plantea riesgos. Venezuela merece un tratamiento aparte. Aunque el régimen de Nicolás Maduro se ha comprometido a celebrar elecciones, casi nadie cree que vayan a ser realmente libres y justas. De hecho, un verdadero retorno a la democracia exige algo más que una votación.

A continuación, se presenta un breve panorama de las elecciones -y el de una “elección” particular- en América Latina:

EL SALVADOR: Derechos vs Seguridad

Desde que asumió el cargo en 2019, Nayib Bukele ha tomado varias medidas para erosionar las garantías democráticas. En 2021, utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para apoderarse políticamente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la fiscalía general, y adoptar normas que permitieron la destitución de cientos de jueces de tribunales inferiores, ampliar su control sobre el poder judicial y aprobar una legislación y un estado de emergencia que redujeron los índices de delincuencia a expensas de los derechos ciudadanos. Una Sala Constitucional cercana al mandatario allanó el camino para su reelección, a pesar de las prohibiciones constitucionales.

Sin embargo, la popularidad de Bukele se debe a unas políticas que lograron reducir los índices de violencia en un país antes asolado por los horrendos crímenes de las bandas, mediante una estrategia apoyada por una campaña de comunicación. En las elecciones de febrero, la cuestión no es si Bukele ganará (lo hará), sino con qué margen. Una victoria decisiva podría debilitar aún más la oposición política, el periodismo independiente y la sociedad civil, en un contexto de reducción del espacio cívico. Las elecciones se celebran después de que Bukele realizara un concertado esfuerzo para mejorar las posibilidades de su partido de obtener una mayoría legislativa. Esto le permitiría posteriormente influir en nombramientos clave, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral y el fiscal general.

El texto completo esta disponible en la fuente…

Americas Quarterly: https://americasquarterly.org/article/el-superciclo-electoral-de-america-latina-dependera-de-un-factor-clave/