The defense of the accused had previously requested that medical examinations be conducted on the journalist’s father to determine his health condition, as the family was informed by released individuals that he was seriously ill.

However, on the day of the hearing, the Forensic Medicine informed the court that the detainee was not found in the prison and his whereabouts were unknown.

Last week, when the family tried to deliver a package at the Mariona prison, they were told that Amaya Orellana had been transferred to the Zacatecoluca Farm, but so far neither the family nor the defense have been officially notified.

Therefore, yesterday the Association of Journalists of El Salvador (APES) filed a notice with the Human Rights Ombudsman (PDDH) to activate the search for the journalist’s father.

“We realized at the hearing for the imposition of measures (…) a notification from Forensic Medicine arrives that informs they wanted to check the health of Don Benjamin, but they did not know where he is, he is not in the penal center (…) where the family had been scrupulously delivering the package,” said Oswaldo Feusier, lawyer of the legal clinic of the APES.

The lawyer explained that the action of not informing the court, the defense, or the family about the transfer could constitute “signs of a potential concealment of the situation of a person that the State retained and could possibly incur in a standardized behavior in international legislation of enforced disappearance of persons.”

Irregular Process

Carolina’s father was arrested on February 28 along with four more peasant leaders in San Juan Opico days after supposed representatives of a renewable energy generation company threatened them to vacate lands they used for farming on the Argentina estate.

Angélica Cárcamo, president of the APES, stated that “coincidentally, the arrest occurred after the journalist made a series of publications denouncing business sectors and the current government.”

The detainees were pointed out on the social networks of the PNC and the FGR as being part of a gang structure that committed crimes in the municipalities of San Juan Opico and La Libertad, to whom they attributed the crimes of homicides, disappearances of persons, and extortions.

Even the Attorney General Rodolfo Delgado commented on the arrests after the raid carried out in conjunction with the Armed Forces. “There are still criminals on the streets (…) These individuals were hiding in different parts of La Libertad, believing that justice would not reach them,” Delgado posted on his Twitter.

However, on March 14, a specialized court in San Salvador definitively dismissed the five detainees for the crime of illicit associations after establishing that they had nothing to do with a structure of the Mara Salvatrucha-13, contrary to what the Prosecutor’s Office and the Police said on their social networks.

In addition to illicit associations, they were accused of the crime of limiting freedom of movement, but the judge declared himself incompetent and transferred the process to the Court of Instruction of San Juan Opico where they were ordered preventive detention for six months.

After the arrest, Carolina conducted a journalistic investigation to find out what was behind her father’s arrest and on August 31 published the results through an opinion column in the digital newspaper El Faro.

“My father is in prison for interfering with the plans of a company that financed the Nuevas Ideas party, the same one that Bukele created to move from bipartisanship to totalitarianism,” she claimed.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-capturados/1111798/2023/

Juzgado ordena libertad a padre de periodista, pero se desconoce su paradero

La defensa del procesado había solicitado previamente que se le realizarán exámenes médicos al padre de la periodista, para conocer su condición de salud, debido a que la familia fue informada por personas liberadas que se encontraba gravemente enfermo. 

Sin embargo, el día de la audiencia Medicina Legal informó al juzgado que el detenido no fue encontrado en el penal y se desconocía su paradero. 

La semana pasada que la familia intentó ingresar el paquete en el penal de Mariona les indicaron que Amaya Orellana había sido trasladado a la Granja de Zacatecoluca, pero hasta ahora ni la familia, ni la defensa han sido notificados oficialmente. 

Por ello, ayer la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó un aviso ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para que active la búsqueda del padre de la periodista.

“Nos dimos cuenta en la audiencia de imposición de medidas (…) llega una notificación de Medicina Legal que informa que querían revisar la salud de don Benjamin, pero no sabían donde se encuentra, no está en el centro penal (…) donde la familia escrupulosamente había estado entregando el paquete” manifestó Oswaldo Feusier , abogado de la clínica jurídica de la APES.

El abogado explicó que la acción de no informar el traslado al juzgado, a la defensa, ni a la familia podría configurar los “indicios de un potencial ocultamiento de la situación de una persona  que el Estado retuvo y posiblemente pueda incurrir  en un comportamiento estandarizado en legislación internacional de desaparición forzada personas”.  

Proceso irregular

El padre de Carolina fue capturado el 28 de febrero junto a cuatro líderes campesinos más en San Juan Opico días después de que supuestos representantes de una empresa de generación de energía renovable los amenazaron para que desalojaran unas tierras que utilizaban para cultivar en la finca Argentina. 

Angélica Cárcamo, presidente de la APES, declaró que “casualmente la captura ocurrió después que la periodista realizó una serie de publicaciones que denunciaban a sectores empresariales y el actual gobierno”.

Los detenidos fueron señalados en las redes sociales de la PNC y la FGR de ser parte de una estructura de pandilleros que delinquía en los municipios de San Juan Opico y La Libertad, a quienes les atribuían los delitos de homicidios, desaparición de personas y extorsiones.

Incluso, el fiscal general Rodolfo Delgado opinó sobre las capturas tras la redada realizada en conjunto con la Fuerza Armada. “Aún quedan criminales en las calles (…) Estos sujetos se escondían en diferentes puntos de La Libertad, creyendo que la justicia no los alcanzaría”, publicó Delgado en su twitter.

Sin embargo, el 14 de marzo, un juzgado especializado de San Salvador sobreseyó definitivamente a los cinco detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas al establecer que nada tenían que ver con una estructura de la Mara Salvatrucha-13, contrario a lo que decían la Fiscalía y la Policía en sus redes sociales.

Además de agrupacione ilícitas les acusaron por el delito de  limitación de libertad de circulación, pero el juez se declaró incompetente y  transfirió el proceso al Juzgado de Instrucción de San Juan Opico donde les  decretaron prisión preventiva por seis meses.

Tras la captura Carolina realizó una investigación periodística para conocer qué había detrás de la captura de su padre y el 31 de agosto publicó los resultados a través de una columna de opinión en el periódico digital El Faro.

“Mi padre está preso por interferir con los planes de una empresa que financió al partido Nuevas Ideas, el mismo que creó Bukele para pasar del bipartidismo al totalitarismo” aseguró.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-capturados/1111798/2023/