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According to the Penitentiary Information Center (CIPE), 500 people out of those arrested during the first 15 months of the state of emergency, imposed in El Salvador since March 2022, have been released without pending judicial processes. The reasons for release have been the lack of evidence, accusations that do not constitute a crime, insufficient evidence to incriminate, and not meeting the requirements to present charges. LA PRENSA GRÁFICA documented the cases of four such individuals who were released under these circumstances: Manuel, Cristian, Karla, and Mauricio.

Manuel has been arrested three times on the same charge, even though the second time he was detained, the Prosecutor’s Office requested his release from the director of the Izalco Penitentiary Complex, arguing that there was not enough evidence to incriminate him for the crime of illicit associations. Manuel remains detained awaiting a new hearing, although the CIPE notes that he has no open judicial processes and was released due to lack of evidence.

“The state of emergency has unleashed a margin of illegalities that had not been seen before,” says Oswaldo Feusier, a criminal law specialist, about the irregularities in these types of cases, while arguing that the guarantee against double jeopardy should remain intact, as it has not been modified, as allowed by the regime with the detention period now being 15 days.

A second case is that of Cristian, who was arrested twice for the same crime. He is currently free, after the Fiscal Office of Usulután requested his release for not incurring criminal responsibility. According to the CIPE, he has no pending judicial process, but he reports that he is free under measures, as at the time of his release, the Prosecutor’s Office told him that he had to sign at the Specialized Instruction Court of San Miguel and not leave the country. He claims that he never had a hearing.

Feusier reaffirms that if a person has been released because it is considered that they do not incur criminal responsibility, and they are arrested a second time for the same crime, it is an illegal detention. He adds that the cases in which the detained person is not required to attend the first hearing are when they have not been located, but this should not be the case for those deprived of liberty, as they are under state custody.

The lawyer and director for the Americas of Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, maintains that the arbitrary detentions of innocent people during the state of emergency also represent serious violations of due process in the country.

“These reports of people captured without any evidence of their link with gangs, and who in some cases have been re-arrested, are an additional demonstration of the systematic violations of due process guarantees that occur today in El Salvador. Without these guarantees, all Salvadorans lose, because the real perpetrators of the brutal abuses of the gangs are not brought to justice, access to justice for victims is undermined, and arbitrary criminal proceedings are facilitated,” she states.

Karla is another person who has been released because the Prosecutor’s Office determined that there was no indication that a crime had been committed. She was detained for six days, had no hearing, and according to the official government record, has no links with gangs. She lives in fear of being re-arrested.

Feusier explains that in many cases, the Prosecutor’s Office is archiving cases without initiating prosecution because the cause does not constitute a crime.

Mauricio experienced something different: he was released after being given a polygraph test at the La Esperanza Penal Center in January 2023. On February 14, a Specialized Instruction Court in San Salvador ordered the director of the prison to release him under alternative measures to detention, and six days later he was released from prison.

The director of the Rule of Law program at the Inter-American Dialogue, Tamara Taraciuk Broner, argues that “the release and re-arrest under all these conditions shows the arbitrariness of the system. To effectively address the problem of insecurity in El Salvador in the long term, it is essential to adopt a combination of measures that include criminal processes and sanctions, but with due process, against those who have actually committed crimes.”

On Double Jeopardy

“Double jeopardy is a guarantee that a citizen cannot be prosecuted twice for the same act in a process of the same nature,” explains Oswaldo Feusier, a criminal lawyer.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-profundidad-Inocentes-procesados-dos-veces-20231217-0060.html

A profundidad: Inocentes procesados dos veces

De acuerdo con el Centro de Información Penitenciaria (CIPE), 500 personas de las capturadas durante los primeros 15 meses del régimen de excepción, impuesto en El Salvador desde marzo de 2022, han sido liberadas sin procesos judiciales pendientes. Los motivos de libertad han sido la falta de pruebas, acusaciones que no son constitutivas de delito, indicios insuficientes para incriminar, que no reúne los requisitos para presentar requerimientos. LA PRENSA GRÁFICA documentó los casos de cuatro de esas personas que fueron liberadas bajo estas circunstancias: Manuel, Cristian, Karla y Mauricio.

Manuel ha sido capturado tres veces bajo la misma acusación, a pesar que la segunda vez que fue detenido la Fiscalía pidió la libertad al director del Complejo Penitenciario Izalco argumentando que no había indicios suficientes para incriminarlo por el delito de agrupaciones ilícitas. Manuel sigue detenido a la espera de una nueva audiencia, aunque el CIPE consigna que no tiene procesos judiciales abiertos y que fue liberado por falta de pruebas.

“El régimen de excepción ha desatado un margen de ilegalidades tal que no se había visto antes”, dice Oswaldo Feusier, especialista en derecho penal, sobre las irregularidades en este tipo de casos, mientras alega que la garantía del doble procesamiento debería seguir intacta, pues no ha sido modificada, como lo permitió el régimen con la detención que ahora es de 15 días.

Un segundo caso es el de Cristian, quien fue capturado dos veces por el mismo delito. Actualmente se encuentra libre, luego que la Oficina Fiscal de Usulután pidiera su libertad por no incurrir en responsabilidad penal. Según el CIPE, no tiene ningún proceso judicial pendiente, pero él relata que está libre bajo medidas, pues al momento de su liberación la Fiscalía le dijo que debía ir a firmar al Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel y no salir del país. Asegura que nunca tuvo ninguna audiencia.

Feusier reafirma que si una persona ha sido liberada por considerar que no incurre en responsabilidad penal, y es capturada en una segunda ocasión por el mismo delito, se trata de una detención ilegal. Añade que los casos en los que se permite que la persona detenida no asista a la primera audiencia es cuando esta no ha sido localizada, pero no debería ser el caso de las personas privadas de libertad, pues están bajo custodia del Estado.

La abogada y directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, sostiene que las detenciones arbitrarias de personas inocentes durante el régimen de excepción representan también graves violaciones al debido proceso en el país.

“Estos reportes de personas capturadas sin prueba alguna de su vínculo con las pandillas, y que en algunos casos han sido recapturados, son una demostración adicional de las violaciones sistemáticas a las garantías de debido proceso que ocurren hoy en El Salvador. Sin estas garantías pierden todos los salvadoreños, pues no se judicializa a los verdaderos responsables de los brutales abusos de las maras, se socava el acceso a la justicia de las víctimas y se facilitan los procesos penales arbitrarios”, afirma.

Karla es otra de las personas que han sido liberadas porque la Fiscalía determinó que no había ningún indicio de que se haya producido un delito. Estuvo seis días detenida, no tuvo ninguna audiencia y, según el registro oficial del Gobierno, no tiene ningún vínculo con pandillas. Vive con temor de ser recapturada.

Feusier explica que en muchos casos la Fiscalía está archivando los casos sin iniciar un procesamiento, pues la causa no constituye delito.

A Mauricio le ocurrió algo diferente: quedó libre luego que le realizaran la prueba del polígrafo en el Centro Penal La Esperanza, en enero de 2023. El 14 de febrero, un Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador ordenó al director del penal ponerlo en libertad bajo medidas sustitutivas a la detención y seis días después salió de prisión.

La directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, argumenta que “la liberación y recaptura en todas estas condiciones muestra la arbitrariedad del sistema. Para efectivamente abordar el problema de la inseguridad en El Salvador a largo plazo es indispensable que se adopten una combinación de medidas que incluyan procesos y sanciones penales, pero con debido proceso, contra quienes efectivamente cometieron delitos”.

Sobre el doble procesamiento

“El doble procesamiento es una garantía que consiste en que a un ciudadano no lo pueden procesar dos veces por el mismo hecho en un proceso de igual naturaleza”, explica Oswaldo Feusier, abogado penalista.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-profundidad-Inocentes-procesados-dos-veces-20231217-0060.html