A total of 946 people have been victims of internal forced displacement due to violence since the beginning of the state of emergency to date, according to the latest report on human rights violations by Cristosal.
This organization indicates that of the reported cases, 45.3% of the displacements were caused by threats and harassment by the National Civil Police (PNC) and members of the Armed Forces, 34.9% by gang members, while 19.8% were committed by unknown individuals, private parties, and others.
With this, Cristosal counts 3,516 cases of human rights complaints committed by state agents in the context of the state of emergency. 57.6% of the victims are young men and women in the age range of 18 to 30 years.
Regarding the gender of the victims, 85.1% are men, 14.5% are women, and 85 individuals are from the LGTBIQ population. The majority of the complaints are related to arbitrary and illegal arrests, which account for 96.8%. Also, 373 people reported cruel, inhuman, and degrading treatment, and 159 direct violations of the rights of children and adolescents.
Among the most serious violations recorded by this organization is the death of 208 people in state custody. In June of this year, Attorney General Rodolfo Delgado confirmed in a television interview that since the beginning of the state of emergency until that date, there had been 142 deaths of inmates in penal centers, but that so far, he had not found “a crime to pursue.”
Three days ago, Ingrid Escobar, a representative of the Humanitarian Legal Aid, said in an interview on TVX that they record 213 deaths in prisons and assured that 60% showed signs of possible beatings and torture, 30% due to lack of medical treatment, and the cause of the others is unknown.
The lawyer explained that of the people who died in prisons, based on data systematized by Humanitarian Legal Aid, only 6% were profiled as gang members, while 94% were individuals who had no links to criminal structures.
Cristosal registra 946 víctimas de desplazamiento forzado en el régimen de excepción
Un total de 946 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, según el último informe de datos sobre violaciones a derechos humanos por Cristosal.
Esa organización señala que de las denuncias registradas el 45.3% de los desplazamientos fueron provocados por amenazas y acoso por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) e integrantes de las Fuerzas Armadas, un 34.9% por integrantes de pandillas, mientras que un 19.8% fue cometido por desconocidos, particulares y otros.
Con esto Cristosal contabiliza 3,516 casos de denuncias de derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el contexto del régimen de excepción. El 57.6% de las víctimas son hombres y mujeres jóvenes en el rango de edad de 18 a 30 años.
En cuanto al género de las víctimas el 85.1% son hombres, 14.5 mujeres y 85 personas de la población LGTBIQ. La mayoría de las denuncias está relacionada a capturas arbitrarias e ilegales que registran un 96.8%. Asimismo 373 personas evidenciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes y 159 violaciones directas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entre las vulneraciones más graves registradas por esa organización está la muerte de 208 personas bajo custodia del Estado. En junio de este año el fiscal general Rodolfo Delgado confirmó en una entrevista televisiva que desde el inicio del régimen de excepción hasta esa fecha se habían registrado 142 muertes de reos en centros penales, pero que, hasta el momento no había encontrado “un delito que perseguir”.
Hace tres días, Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, dijo en la entrevista de TVX que ellos registran 213 muertes en las prisiones y aseguró que el 60% presentaban signos de posibles golpizas y torturas, el 30% por falta de tratamiento médico y de los demás se desconoce la causa.
La abogada explicó que de las personas muertas en penales, con base a datos sistematizados por Socorro Jurídico, solamente el 6% estaban perfilados como pandilleros, mientras que el 94% eran personas que no tenían vínculos con estructuras criminales.