From March 27, 2022, to December 15, 2023, the organization Cristosal reports a total of 3,526 complaints of human rights violations during the state of emergency, which have affected 3,669 people, including arbitrary arrests, forced displacement, and others.
According to the report, 57% of the affected people are in the age range of 18 to 30 years old, followed by 24.9% who are between 31 to 45 years old. Arbitrary detention is the most reported violation, accounting for 96.8%.
They highlight that during the state of emergency, they have documented the death of 208 people, many with signs of torture that occurred in different penitentiary centers.
Abraham Ábrego, director of strategic litigation at Cristosal, said in a recent interview that with the approval of judicial reforms and the powers granted to security forces regarding arrests, “we have returned to the inquisition,” as there is no figure that respects due process or human rights in this context.
“We have returned to the inquisition because the model of the 70s that El Salvador had did not have guarantees. They could detain you for anything and investigate afterward. We have regressed to that model, and what prevails is arbitrariness. The figure of the judge as a guarantee and control has been eliminated,” he acknowledged.
Different human rights organizations have presented reports about the impacts suffered by the population. Among them is Amnesty International, which in early December 2023 presented an investigation that “documents the establishment of a context marked by the deepening of a punitive and repressive approach to public security.”
They report the arrest of 73,800 people during the 21 months that the state of emergency has been in effect. They also report 327 complaints received for forced disappearances and detailed that in those cases, the authorities refused or provided false information about the whereabouts of the victims.
“It is unknown whether the State is designing reparation processes so that people arbitrarily detained can obtain their freedom after the conclusion of the criminal process. This considering that the same authorities already recognize as a ‘margin of error’ those released under alternative measures, who already report a series of impacts on their rights,” cites the Amnesty International report.
3,526 denuncias a violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Del 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2023 la organización Cristosal reporta un total de 3,526 denuncias a violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, mismas que han afectado a 3,669 personas, entre capturas arbitrarias, desplazamiento forzado y otros.
De acuerdo con el reporte, el 57 % de las personas que son afectadas están en el rango de edad de los 18 a 30 años, seguido por el 24.9 % que están entre los 31 a 45 años. La detención arbitraria es el hecho violatorio más denunciado, con el 96.8%.
Destacan que en lo que va del régimen de excepción han documentado la muerte de 208 personas, muchos con signos de tortura ocurridos en los diferentes centros penitenciarios.
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, dijo en una reciente entrevista que con la aprobación de las reformas judiciales y los poderes otorgados a los cuerpos de seguridad entorno a la realización de las capturas “hemos regresado a la inquisición”, al no encontrar una figura que respete el debido proceso, ni los derechos humanos en este contexto.
“Hemos regresado a la inquisición, porque el modelo de los 70 que tenía El Salvador no tenía garantías. Lo podían detener de cualquier cosa e investigar después. Hemos retrocedido a ese modelo y lo que impera es la arbitrariedad. Se ha eliminado la figura del juez como garantía y control”, reconoció.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han presentado informes acerca sobre las afectaciones que ha sufrido la población. Entre ellas está Amnistía Internacional, que a inicios de diciembre de 2023 presentó una investigación que “documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública”.
Señalan la captura de 73,800 personas durante los 21 meses que lleva en vigencia el régimen de excepción. También informan sobre 327 denuncias recibidas por desapariciones forzadas y detallaron que en esos casos las autoridades se negaron o entregaron información falsa sobre el paradero de las víctimas.
“Se desconoce si el Estado está diseñando procesos de reparación para que las personas detenidas arbitrariamente obtengan su libertad luego de la conclusión del proceso penal. Esto considerando que las mismas autoridades ya reconocen como ‘margen de error’ a las personas liberadas bajo medidas sustitutivas, quienes ya reportan una serie de afectaciones a sus derechos”, cita el informe de Amnistía Internacional.