The President of the Legislative Assembly, Ernesto Castro, assured that the president requested “to investigate his cabinet” and that includes “all of us who are in public office, everyone,” including the deputies.
Castro added that the message to officials must be that no act of corruption will be tolerated and he hopes that the institutions function; however, opposition deputies consider that the president’s announcement comes in the midst of the electoral campaign, instead of being implemented from the beginning of the Bukele administration.
FMLN deputy Dina Argueta assured that in the last four years “almost half of the government cabinet has been pointed out for acts of corruption,” and questioned “Why, months before the elections, does he call on the prosecutor?”.
“We don’t believe him. We think it’s part of his illegal campaign for re-election. If that was the intention, he could have done it from the beginning.” — José Marinero, lawyer and member of SUMAR.
He urged the public ministry to “start with those named in the Engel List” sanctioned by the United States government, such as the Chief of Staff, Carolina Recinos; Bukele’s legal advisor, Conan Castro; the Minister of Labor, Rolando Castro; the director of Penal Centers, Osiris Luna; and the former ministers of Security and Agriculture, Rogelio Rivas and Pablo Anliker, respectively.
“One thing is the Engel List and another is the investigations that the Prosecutor’s Office can carry out,” the legislative president responded to this questioning.
Vamos deputy Claudia Ortiz, for her part, considered that “the country is tired of anti-corruption promises” and that “measures” should be taken, such as the repeal of the Alabi Law, the Bitcoin Law, reforming the Law of Access to Public Information (LAIP), and creating a commission to investigate who released Élmer Canales, alias “Crook,” an MS-13 leader who was imprisoned in El Salvador and was arrested by U.S. authorities in Mexico.
In this regard, Zaira Navas, head of Rule of Law and Security at Cristosal, expressed that what is sought is “to clean the image of the president.” “It is very regrettable that the Attorney General of the Republic is in government meetings and that the president tells the prosecutor to carry out investigations. The message to the people in Nuevas Ideas is that they are disposable and that, in the face of unconstitutional re-election, they will be subjected to clean the face of the president.”
José Marinero, from SUMAR, valued: “We don’t believe (Bukele). We believe that it is part of his illegal campaign for re-election. If that was the intention, he could have done it from the beginning. There has been enough evidence in the media, of corruption allegations against his officials and he has done nothing but protect them.”
Oposición y oenegés dudan que gabinete vaya a ser investigado
El presidente Nayib Bukele pidió al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue todo posible acto de corrupción de los actuales funcionarios de su gabinete de Gobierno. Opositores creen que este llamado “es un acto de proselitismo electoral” sin consecuencias reales.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que el presidente pidió “investigar a su gabinete” y eso incluye “a todos los que estamos en función pública, todos”, incluyendo a los diputados.
Castro agregó que se debe mandar el mensaje a los funcionarios de que no se va a tolerar ningún acto de corrupción y espera que la institucionalidad funcione; sin embargo, diputados de oposición consideran que el anuncio del presidente se da en medio de la campaña electoral, en lugar de implementarse desde el inicio de la administración Bukele.
La diputada del FMLN Dina Argueta aseguró que en los últimos cuatro años “se ha señalado casi a la mitad del gabinete de Gobierno por actos de corrupción”, y cuestionó “¿Por qué meses antes de las elecciones viene a llamar al fiscal?”.
“No le creemos. Creemos que forma parte de su campaña ilegal por la reelección. Si esa era la intención, lo pudo hacer desde el principio. ” — José Marinero, abogado y miembro de SUMAR.
Instó al ministerio público a “comenzar por los señalados en la Lista Engel” de sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, como la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el asesor legal de Bukele, Conan Castro; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente.
“Una cosa es la Lista Engel y otra las investigaciones que pueda hacer la Fiscalía”, respondió el presidente legislativo a este cuestionamiento.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, consideró, por su parte, que “el país está cansado de promesas anticorrupción” y que deben tomarse “medidas” como la derogación de la Ley Alabi, la Ley Bitcóin, reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y crear una comisión para investigar quién liberó a Élmer Canales, alias “Crook”, cabecilla de la MS-13 que guardaba prisión en El Salvador y que fue arrestado por autoridades estadounidenses en México.
Al respecto, Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, expuso que lo que se busca es “limpiar la imagen del presidente”. “Es muy penoso que el fiscal general de la República esté en reuniones del Gobierno y que el presidente diga al fiscal que haga investigaciones. El mensaje para la gente en Nuevas Ideas es que son descartables y que, frente a la reelección inconstitucional, serán sometidos para limpiar la cara del presidente”.
Por su parte, José Marinero, de SUMAR, valoró: “No le creemos ( a Bukele). Creemos que forma parte de su campaña ilegal por la reelección. Si eso era la intención, lo pudo hacer desde el principio. Ha habido suficiente evidencia en los medios de comunicación, de señalamientos de corrupción para sus funcionarios y no ha hecho sino protegerlos”.