The Inter-American Commission on Human Rights, IACHR, held a public hearing to address the issue of forced disappearances, and the Salvadoran presidential commissioner for Human Rights, Colombian Andrés Guzmán, denied that disappearances occurred in the context of the state of emergency.
Verónica Reyna, from the Pasionist Social Service, said this is the fourth hearing that has become a space for accountability in human rights matters.
Zaira Navas, from Cristosal, regretted that “the Salvadoran State, through the presidential commissioner, has referred that there are no forced disappearances within the framework of the state of emergency.”
Denying forced disappearances in El Salvador is concerning, say representatives from the Pasionist Social Service and Cristosal, as it has been pointed out that the detention of people about whom the authorities refuse to provide information, constitutes “short-term disappearances.”
Verónica Reyna, from the Pasionist Social Service, said that organizations and the State itself have received reports of forced disappearances within the framework of the state of emergency, however, denying it is a sign that the State is mocking the victims.
According to data from social organizations, among the 5,775 reports of human rights violations, there are 327 cases of forced disappearances, perpetrated by state agents during the state of emergency.
The victims of forced disappearances are, in 85%, male and, in 15%, female, of which 61% are young people, between 18 and 35 years old.
Because of this, the IACHR has requested the Salvadoran Government to allow a visit to the prisons to gather information and analyze what is happening with the implementation of the state of emergency, imposed since March 2022.
Negar desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción, es un irrespeto y burla a las víctimas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una audiencia pública para abordar el tema de las desapariciones forzadas y el comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano, Andrés Guzmán, negó que se dieran desapariciones en el contexto del régimen.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, dijo que esta es la cuarta audiencia que se convierte en un espacio de rendición de cuentas en materia de derechos humanos.
Zaira Navas, de Cristosal, lamentó que “el Estado salvadoreño, a través del comisionado presidencial, haya referido que no existen las desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción”.
Negar las desapariciones forzadas en El Salvador es preocupante, dicen las representantes del Servicio Social Pasionista y de Cristosal, ya que se ha señalado que la detención de personas de las que las autoridades se niegan a dar información, se configura en “desapariciones de corta duración”.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, dijo que las organizaciones y el mismo Estado han recibido denuncias de desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción, sin embargo, negarlo es una muestra de que el Estado se burla de las víctimas.
Según los datos de las organizaciones sociales, entre las 5,775 denuncias de violaciones a derechos humanos, se contabilizan 327 casos de desapariciones forzadas, perpetradas por agentes estatales durante el estado de excepción.
Las víctimas de las desapariciones forzadas son, en un 85%, personas del género masculino y, en un 15%, del género femenino, de las cuales un 61% son jóvenes, entre los 18 y 35 años de edad.
Debido a esto, la CIDH ha solicitado al Gobierno salvadoreño que permita realizar una visita a las cárceles para recabar información y poder analizar lo que sucede con la implementación del régimen de excepción, impuesto desde marzo de 2022.