The Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Andrés Guzmán, made false and misleading statements during a public hearing before the IACHR by denying any disappearances in El Salvador during the state of emergency.
Humanitarian organization data and figures from the Attorney General’s Office (FGR) itself expose the truth.
“It has been alleged that there have been enforced disappearances during the state of emergency, which is totally false,” Guzmán stated in his capacity as a representative of the Salvadoran State.
He added, “I believe it is only fair for all human rights organizations to recognize the false claim that enforced disappearances during the state of emergency even exist.” Both statements are false.
In November 2022, at a session with the Committee Against Torture (CAT), the FGR representative, Adela Saravia, reported that between April and September 2022, during the state of emergency, 212 disappearances were recorded. This is documented by the University Human Rights Observatory (OUDH) in its report for 2022.
Guzmán, a Colombian national, also denied before the IACHR that “the Attorney General’s Office has not received a single complaint about this type of crime,” a claim that cannot be verified since the FGR and the National Civil Police have made these data confidential.
Infodemia reached out to a press contact at the Attorney General’s Office for an official position on this statement, but no response was received by the time of publication.
Commissioner Guzmán from the Bukele Government also stated that “there are also no, nor do we recognize in our context, short-term enforced disappearances. A concept that has been tried to introduce in this hearing that is also not defined in the conventional framework or national and international jurisprudence in El Salvador.” This statement is misleading.
Human rights defender organizations have reported that during the state of emergency, they have recorded complaints of short-term disappearances at the hands of State agents. According to the Due Process of Law Foundation (DPLF), these are the repeating patterns:
Guzmán’s claim is misleading because the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, while not distinguishing between short and long durations, matches the cases compiled by organizations to the description.
This convention defines enforced disappearance as “the deprivation of freedom of one or more persons, in any form, committed by state agents or by individuals or groups of individuals acting with the authorization, support, or acquiescence of the State, followed by a lack of information or refusal to acknowledge said deprivation of freedom or to inform about the whereabouts of the person, thereby preventing the exercise of legal remedies and relevant procedural guarantees.”
Juan Carlos Sánchez, a program officer at DPLF, stated in a press conference given by the organizations after the hearing before the IACHR that enforced disappearance also occurs when the State does not act with due diligence to investigate the events, “as has been extensively documented by relatives and organizations.”
He added that organizations find the “manipulation” of data and figures worrying, “not only in this field but in many others of national life there is an undeniable policy of data opacity.”
The organizations Cristosal and the Human Rights Institute of UCA (IDHUCA) recorded a total of 327 complaints for disappearances under the state of emergency from March 2022 to October 2023.
Guzmán also contradicted himself in his intervention by assuring the IACHR commissioners that “it is easy to conclude that the government of President Nayib Bukele has managed to extinguish crimes such as kidnapping, enforced disappearance, and the disappearance of people by terrorists, reducing this terrible act to its minimal expressions.”
On one hand, the official claims that these crimes have been extinguished or disappeared, and on the other, he acknowledges that they continue to occur but in their “minimal expressions.”
Es falso que en el salvador no se han registrado desapariciones durante el régimen de excepción
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, emitió afirmaciones falsas y engañosas en una audiencia pública ante la CIDH al negar que en El Salvador se hayan dado desapariciones durante el régimen de excepción.
Los datos de organizaciones humanitarias y cifras de la misma Fiscalía General de la República (FGR) lo ponen en evidencia.
“Se ha alegado la existencia de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, esto es totalmente falso”, dijo Guzmán en una de sus intervenciones como representante del Estado salvadoreño.
Agregó: “Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan”. Ambas afirmaciones son falsas.
En noviembre de 2022, en una sesión con el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), la representante de la FGR, Adela Saravia, dijo que entre abril y septiembre de 2022, meses en los que ya estaba vigente el régimen de excepción, registraron 212 desaparecidos. De esto da cuenta el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) en su informe referente al 2022.
Gúzman, de nacionalidad colombiana, también negó que ante la CIDH que “la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos”, afirmación que no es posible verificar a raíz de que la FGR y la Policía Nacional Civil han declarado la reserva de estos datos.
Infodemia se comunicó con un referente de prensa de la Fiscalía para pedir una postura oficial sobre esta declaración, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
El comisionado del Gobierno de Bukele también dijo que “tampoco existen, ni reconocemos en nuestro contexto la desapariciones forzadas de corta duración. Un concepto que ha tratado de introducirse en esta audiencia que además no está definido en el marco convencional ni en la jurisprudencia nacional e internacional en El Salvador”. Esta afirmación es engañosa.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que en el marco del régimen de excepción han registrado denuncias de desapariciones a manos de agentes del Estado de corta duración. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), estos son los patrones que se repiten:
La afirmación de Gúzman es engañosa en virtud de que la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, si bien no hace distinción entre corta y larga duración, los casos recabados por las organizaciones encajan en la descripción.
Esta convención define como desaparición forzada la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Juan Carlos Sánchez, oficial de programa de la DPLF, dijo en una conferencia de prensa que brindaron las organizaciones posterior a la audiencia ante la CIDH que la desaparición forzada también se produce cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para investigar los hechos, “tal como han documentado ampliamente los familiares y las organizaciones”.
Agregó que las organizaciones consideran preocupante la “manipulación” de los datos y las cifras, “no solo en este campo, sino en muchos otros de la vida nacional es inocultable una política de opacidad de datos”.
Las organizaciones Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) registran un total de 327 denuncias por desapariciones bajo el régimen de excepción marzo de 2022 y octubre de 2023.
Guzmán también se contradijo en su intervención al asegurar a los comisionados de la CIDH que “así es fácil concluir que el gobierno del presidente Nayib Bukele se logró extinguir delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la desaparición de personas por parte de los terroristas llevando este terrible acto a sus mínimas expresiones”.
Por una parte, el funcionario dice que estos delitos se extinguieron o desaparecieron y por otra, reconoce que se siguen dando pero en sus “mínimas expresiones”.