The Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs of the United States, Brian A. Nichols, met this Thursday with representatives of the Human Rights Institute of UCA (Idhuca) and with well-known legal experts of the country.
From UCA, Gabriela Santos, director of Idhuca, and Omar Serrano, Vice-Rector of Social Outreach for the university participated in the meeting.
Through social media platform X (formerly Twitter), the U.S. Embassy in San Salvador informed about the meeting with representatives of the institute, acknowledging their work in defense of human rights in El Salvador.
“An honor to have visited the brave staff of the Human Rights Institute of the Central American University @idhuca. We talked about concerns on how to maintain civic space and the unshakable commitment of the U.S. to support and protect civil society actors in El Salvador,” reads the post published on X.
Also participating in the meeting were renowned jurists and professors from that academic institution, such as Florentín Meléndez, former justice of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (CSJ), and Francisco Díaz, former justice of the National Council of the Judiciary (CNJ).
Meanwhile, Nichols was accompanied by William Duncan, U.S. Ambassador to San Salvador, and other U.S. government officials.
Beyond what has been published by the embassy, no further details of the meeting have been disclosed.
Nichols arrived in San Salvador on Wednesday, October 25, and his first meeting was with Nayib Bukele, President of the Republic, who is seeking re-election despite various articles of the Republic’s Constitution prohibiting it. The U.S. official also met with entrepreneurs this Thursday.
In the Front Line
The Idhuca, as well as other organizations, has been one of the main institutions that has reported a series of abuses committed during the state of emergency, in effect in El Salvador since late March 2022.
Arbitrary and unjust captures of citizens with no gang affiliation, torture in prisons, and deaths (both in jails and upon gaining freedom); and harassment of poor and marginalized communities are some of the reports and documented cases presented by the Human Rights Institute of UCA and other organizations.
In many cases, Idhuca receives the complaints and legally accompanies the victims’ relatives of the state of emergency.
Despite constant reports from this and other organizations about human rights violations in the state of emergency, high-ranking officials, both from the Attorney General of the Republic (FGR) and the Ministry of Public Security, have denied them and stated that conditions in the prisons are normal and that those who have died in the prisons did so of natural causes.
The government’s Ombudsman has maintained a similar position of silence for the Defense of Human Rights (PDDH). To date, no resolution incriminates a state agent for allegations of abuse.
Idhuca was founded in 1985 by Jesuit priest Segundo Montes, who was murdered by the military in November 1989 along with five other religious figures at his residence in UCA. Earlier, in 1975, he had founded the Christian Legal Aid (SJC), which operated at the Externado de San José school.
In the 1980s, during the armed conflict between the army and the FMLN guerrillas, Idhuca played a significant role in reporting human rights violations.
EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/uca-idhuca-eeuu-derechos-humanos-/1099446/2023/
Brian Nichols, alto funcionario de Estados Unidos, destaca labor del Idhuca en la defensa de los derechos humanos
El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se reunió este jueves con representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y con reconocidos juristas del país.
Por parte de la UCA, participaron en el encuentro Gabriela Santos, directora del Idhuca, y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la universidad.
Por medio de la red social X (antes Twitter), la embajada de Estados Unidos en San Salvador informó acerca del encuentro con los representantes del instituto, a quienes les reconoció la labor en defensa de los derechos humanos en El Salvador.
“Un honor haber visitado al valiente personal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana @idhuca. Hablamos sobre las preocupaciones de cómo mantener el espacio cívico y el compromiso inquebrantable de EE.UU. para apoyar y proteger a los actores de la sociedad civil en El Salvador”, dice el post publicado en X.
En la reunión también participaron reconocidos juristas y catedráticos de esa casa de estudios como Florentín Meléndez, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Francisco Díaz, exmagistrado del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
En tanto, Nichols estuvo acompañado por William Duncan, embajador de los Estados Unidos en San Salvador, y otros funcionarios del gobierno estadounidense.
Más allá de los publicado por la embajada, no han trascendido más detalles del encuentro.
Nichols llegó a San Salvador el miércoles 25 de octubre y un primer encuentro lo tuvo con Nayib Bukele, presidente de la República, quien busca la reelección pese a que varios artículos de la Constitución de la República lo prohíben. El funcionario estadounidense se ha reunido este jueves también con empresarios.
En primera línea
El Idhuca, así como otras organizaciones, ha sido una de las principales instituciones que ha denunciado una serie de abusos cometidos durante el régimen de excepción, que está en vigencia en El Salvador desde finales de marzo de 2022.
Capturas arbitrarias e injustas de ciudadanos que no tienen ningún vínculo con pandillas, torturas en prisiones y muertes (tanto en las cárceles como al lograr la libertad); y el acoso a comunidades pobres y marginadas son algunas de las denuncias y casos documentados que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y otras organizaciones.
En muchos casos, el Idhuca recibe las denuncias y acompaña legalmente a los familiares de las víctimas del régimen de excepción.
Pese a los constantes reportes de esta y otras organizaciones acerca de violaciones a derechos humanos en el régimen, altos funcionarios, tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como del Ministerio de Seguridad Pública, los han negado y han dicho que las condiciones en las prisiones son normales y que las personas que han muerto en las cárceles fue por causas naturales.
Similar posición de silencio ha guardado la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). A la fecha, no existe ninguna resolución que incrimine a un agente del Estado por las denuncias de abusos.
El Idhuca fue fundado en 1985 por el sacerdote jesuita Segundo Montes, asesinado por militares en noviembre de 1989 junto a otros cinco religiosos en su residencia en la UCA. Ya antes, en 1975, había fundado el Socorro Jurídico Cristiano (SJC), que funcionó en el colegio Externado de San José.
En la década de los 80, durante el conflicto armado entre el ejército y la guerrilla del FMLN, el Idhuca jugó un importante papel en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos.
EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/uca-idhuca-eeuu-derechos-humanos-/1099446/2023/