Of the projected resources, $318.8 million would be transfers from the General Fund of the Nation and $111.7 million will come from loans and donations for programs. The document does not list the types of projects or the municipalities where the interventions will occur.
For 2024, DOM will have six budget units to which resources are allocated; the largest amount is earmarked for the Management of municipal works projects, with $286.4 million.
The investment breakdown for this area includes four programs: Road Infrastructure, with $138.4 million; infrastructure and equipment for educational centers, with $20 million; miscellaneous infrastructures, with $125 million; and specialized training for construction, with $3 million.
According to its creation law, these will be transfers from the General Fund, as DOM is financed with no less than 3% of the state’s net current income, which was previously allocated to municipalities through the Fund for Economic and Social Development (FODES).
Discretion and Lack of Transparency
The increase in funds concerns opposition representatives due to how DOM operates. “To date, DOM has been highly discretionary in the projects it carries out and lacks transparency in accountability. The law allows it to opt for different financing mechanisms,” said John Wright Sol, from Nuestro Tiempo.
He also indicated that DOM is used electorally, starting with the colors it uses. “It is clear that there is also a political purpose,” he said.
It should be noted that DOM has the Simplified Law of Acquisitions for Municipal Works for acquisitions and contracts, which enables it to contract companies in which it holds shares, even when public officials are part of its directive.
In fact, on October 4, the ruling party approved the transfer of more than $14 million from DOM in machinery, equipment, and real estate to the private company Constructora El Salvador as a “contribution in kind” as a majority shareholder.
“This must be seen in relation to all the laws surrounding DOM, for example, what has to do with Constructora El Salvador, of which DOM is a shareholder,” said Deputy Claudia Ortiz, from the Vamos party.
She added that if public officials may be other shareholders of Constructora El Salvador, the law allows them access to public contracts.
“We also have the fact that there is a simplified municipal purchase law that does not have the same guarantees of competition, transparency, and care for public funds that would be in different legislation for public purchases in general,” she added.
Anabel Belloso, from FMLN, questioned DOM’s low budget execution and commented that the list of public investment projects does not provide each allocation detail, only mentioning the items in general terms.
“DOM has been listing public investment projects since the beginning of its term, does not complete them, repeats them in other budgets; but today we are facing the fact that the projects are not mentioned,” said Belloso.
She added that DOM has not continued the consultation process with municipalities about the projects they require in their localities.
Also, Deputy César Reyes, from ARENA, described DOM as one of the “least transparent” institutions at the moment.
“We do not know how the funds are being allocated to meet the needs of Salvadorans regarding municipal developments,” he said.
Allocation in Programs
On October 19, DOM presented its budget project to the Finance Commission of the Legislative Assembly, where some of the projects to be carried out were mentioned, including the construction of the new Rosales Hospital building under the Municipal Works Program for Miscellaneous Infrastructure.
This year $20 million was allocated to them, and they are currently in the foundation stage of the hospital building.
“We are undertaking the renovation of more than 14 historical centers nationwide, cemeteries are being built, there is no type of work that DOM is not undertaking across the country,” said Víctor Jiménez, representative of the Directorate.
He added that administrative expenses remain at $30.4 million, the same as the 2023 allocation.
Of loan funds, Jiménez indicated that under the High-Impact Investments Program, the San Miguel and Santa Ana markets are in the bidding process.
In the case of another $45 million coming from a loan with the IDB, 15 Child Development Centers (CDI) will be built.
In that commission, Deputy William Soriano, of Nuevas Ideas, asked the DOM representative for the list of projects for the department of La Unión, “so that I can communicate it to the population that will benefit,” he said.
DOM recibirá $430 millones en 2024 sin detalle de los proyectos a realizar
La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) contará con $430.6 millones en su presupuesto de 2024, un aumento respecto a los $392.6 millones que le fueron asignados para 2023, pero no se especifican los proyectos que se realizarán con estos fondos.
De los recursos proyectados, $318.8 millones serían transferencias del Fondo General de la Nación y $111.7 millones saldrán de préstamos y donaciones para programas, pero en el documento no se enlistan los tipos de obras ni los municipios en los que se ejecutarán las intervenciones.
Para 2024, la DOM tendrá seis unidades presupuestarias a las que se asignan los recursos; la mayor cantidad estará destinada a la Gestión de proyectos de obras municipales, con $286.4 millones.
En el desglose de inversión de esta área se establecen cuatro programas: el de Infraestructura vial, con $138.4 millones; el de infraestructura y equipamiento de centros educativos, con $20 millones; el de infraestructuras diversas, con $125 millones y el de capacitación especializada para la construcción, con $3 millones.
Estas serán de transferencias del Fondo General, ya que la DOM se financia con no menos del 3% de los ingresos corrientes netos del Estado, de acuerdo a su ley de creación, que antes eran destinados a los municipios a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES).
Discrecionalidad y poca transparencia
El incremento de fondos es preocupante para representantes de oposición por la forma en que opera la DOM. “Hasta la fecha, la DOM ha sido sumamente discrecional en cuanto a los proyectos que realiza, poco transparente para rendir cuentas y la ley le faculta optar por diferentes mecanismos de financiamiento”, dijo John Wright Sol, de Nuestro Tiempo.
También señaló que la DOM es usada de forma electoral, partiendo de los colores que utiliza. “Está claro que también hay una finalidad política acompañada”, expresó.
Cabe recordar que para las adquisiciones y contrataciones, la DOM cuenta con la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, que le habilita poder contratar a las sociedades en las que sea accionista, aún cuando formen parte de su directiva funcionarios públicos.
De hecho, el pasado 4 de octubre la bancada oficialista aprobó la transferencia de más de $14 millones de la DOM en maquinaria, equipos e inmuebles a la sociedad privada Constructora El Salvador como “aportación en especie” como accionista mayoritaria.
“Esto hay que verlo en relación con todo el entramado de leyes que están alrededor de la DOM, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Constructora El Salvador, de la cual la DOM es accionista”, dijo la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.
Agregó que si hay funcionarios públicos que puedan ser otros accionistas de la Constructora El Salvador, la ley permite que tengan acceso a obtener contratos públicos.
“Tenemos también el hecho que existe una ley de compras municipales simplificada que no tiene las mismas garantías de competencia, transparencia, de cuidado de los fondos públicos que tendría una legislación diferente para compras públicas en general”, añadió.
Anabel Belloso, del FMLN, cuestiona la poca ejecución presupuestaria de la DOM y comentó que en la lista de proyectos de inversión pública no se transparenta cada detalle de asignación, sino que solo se mencionan los rubros de manera general.
“Ha venido enlistando proyectos de inversión pública desde el inicio de su periodo, no los concluye, los repite en los otros presupuestos; pero hoy nos estamos enfrentando a que no se dice cuáles son los proyectos”, dijo Belloso.
Añadió que la DOM ya no continuó con el proceso de consulta a las municipalidades sobre los proyectos que requieren en las localidades.
También el diputado César Reyes, de ARENA, calificó a la DOM como una de las instituciones “menos transparentes” actualmente.
“No sabemos cómo se está destinando el uso de los fondos para poder satisfacer las necesidades de los salvadoreños con respecto a los desarrollos municipales”, dijo.
Asignación en programas
El pasado 19 de octubre, la DOM presentó su proyecto de presupuesto a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde se mencionó algunos de los proyectos a realizar, entre esos la construcción del nuevo edificio del Hospital Rosales bajo el Programa de obras municipales para Infraestructura diversa.
En el presupuesto de este año se le asignaron $20 millones y actualmente estarían en la etapa de las fundaciones del edificio del hospital.
“Llevamos la renovación de más de 14 centros históricos a nivel nacional, se están construyendo cementerios, no hay tipología de obras que la DOM no esté acometiendo en todo el país”, dijo Víctor Jiménez, representante de la Dirección.
Agregó que el gasto administrativo se mantiene con $30.4 millones al igual que la asignación de 2023.
De fondos de préstamos, Jiménez señaló que bajo el Programa de Inversiones de Alto Impacto están en proceso de licitación los mercados de San Miguel y Santa Ana.
En el caso de otros $45 millones provenientes de un préstamo con el BID, se construirán 15 Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
En dicha comisión, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, pidió al representante de la DOM el listado de proyectos para el departamento de La Unión, “para poder comunicárselo a la población que será beneficiada”, dijo.