Lawyers describe the provisional detention of former San Salvador Mayor Ernesto Muyshondt as abuse and illegal preventive detention, as it has already exceeded the maximum time allowed by law.
On Wednesday, October 18, the Second Instruction Judge of San Salvador revoked the alternative measures that the same judicial branch had decreed on June 4, 2021, and extended the provisional detention against the former mayor.
Otto Flores, a criminal lawyer, points out that the measures decreed in favor of the former mayor were never executed. “It is understood to be illegal because the alternative measures to detention that had been given were not even executed. Therefore, they couldn’t be taking them away; you can’t remove something that hasn’t been executed as such. There is arbitrariness and illegality as such, which is the main issue in this case,” he said.
“The Prosecutor’s Office could even request a change of measures, but to apply less burdensome measures (…) so that the judge applies alternative measures to the detained defendant, such as house arrest,”
Otto Flores, criminal lawyer.
On the other hand, lawyer Marcela Galeas believes it is “contradictory” to revoke never executed measures. “I think what is basically happening is an inconsistency, because none of the resolutions have been respected. Therefore, to reverse them when they have not been fulfilled is a bit incoherent. He does not have the status of a convict. They are advancing the prison sentence,” she said.
The former mayor faced a process in the Sixth Criminal Court in which he was accused of misappropriation of withholdings or tax perceptions and breach of duties along with two other defendants. In this case, the judges ceased the provisional detention in June of this year.
However, Muyshondt remained detained for another case in which he is also accused of breach of duties and is in the Fifth Criminal Court. According to the accusation, between 2019 and 2021, the former mayor “did not intervene and delayed the relevant actions to resolve the issue.” The withholding of labor quotas amounts to a total of $5.2 million. However, the 24 months of provisional detention expired yesterday.
The only case in which Muyshondt did not have detention as a measure was the one he faces in the Second Instruction Court, in which he was imposed the use of an ankle bracelet, house arrest, and a requirement to sign in, as well as a prohibition from leaving the country—something that was never executed. However, the judge authorized this week to change those measures at the request of the Prosecutor’s Office, due to the “multiplicity of cases” the former mayor is facing.
“To reverse the alternative measures when they have not been fulfilled is a bit incoherent. He does not have the status of a convict. They are advancing the prison sentence. The resolutions have not been respected,”
Marcela Galeas, criminal lawyer.
For lawyer Oswaldo Feusier, the detention is illegal because in none of the cases have the additional 12 months that the Criminal Procedure Code orders been activated when a person has already served two years in preventive detention: “The detention is clearly illegal, because the 12-month extension that the Criminal Procedure Code orders at the appeal stage has not been activated. This is a case of abuse of the law and of absolutely illegal and criminal preventive detention, as it is happening beyond the time limits that our criminal procedural legislation allows,” he noted.
He added that it is “disastrous and offensive” to the rule of law that the Penitentiary Centers never obeyed orders to release the former mayor. “Penitentiary Centers refused to comply with the application of alternative measures, and that is even the commission of a crime and a disregard for the most basic treaties and conventions on respect for the judiciary,” he criticized.
Penalistas califican como “ilegal” que Ernesto Muyshondt siga detenido
Como un abuso y una detención preventiva ilegal. Así califican abogados penalistas la detención provisional en la que se mantiene el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, pues esta ya sobrepasó el tiempo máximo que indica la ley.
El miércoles 18 de octubre, la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador revocó las medidas sustitutivas que había decretado esta misma sede judicial el 4 de junio de 2021 y extendió la detención provisional en contra del exjefe edilicio.
Otto Flores, abogado penalista, señala que las medidas decretadas a favor del exalcalde nunca se ejecutaron. “Se entiende que es una ilegalidad porque las medidas que le habían dado alternas a la detención ni siquiera se habían ejecutado. Entonces, no las podían estar quitando, no vas a quitar algo que ni siquiera se ha ejecutado como tal. Ahí hay una arbitrariedad e ilegalidad como tal, es lo principal que se da en este caso”, mencionó.
“La Fiscalía podría hasta pedir el cambio de medidas, pero para aplicar medidas menos gravosas (…) para que el juez le aplique al imputado que está detenido medidas alternas como el arresto domiciliario”.
Otto Flores, abogado penalista.
Por su parte, la abogada Marcela Galeas considera que es “contradictorio” revocar medidas cuando estas nunca se han ejecutado. “Considero que lo que se está dando básicamente es una incongruencia, porque no se ha respetado ninguna de las resoluciones. Entonces, revertirlas cuando no han sido cumplidas es un poco incoherente. Él no tiene la calidad de condenado. Están haciendo un adelantamiento de la pena de prisión”, señaló.
El exalcalde enfrentó un proceso en el Tribunal Sexto de Sentencia en el que era acusado por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes junto a otros dos imputados. Por este caso, los jueces cesaron la detención provisional en junio de este año.
Pero Muyshondt seguía detenido por un caso en el que es acusado también de incumplimiento de deberes y que se encuentra en el Tribunal Quinto de Sentencia. Según la acusación, entre 2019 y 2021, el exalcalde “no intervino y retardó las acciones pertinentes para resolver esa problemática”. La retención de las cuotas laborales asciende a un total de $5.2 millones. Pero, por este caso, los 24 meses de la detención provisional se vencieron ayer.
El único caso en el que Muyshondt no tenía como medida la detención era el que enfrenta en el Juzgado Segundo de Instrucción, en el que le impusieron el uso de brazalete, arresto domiciliario y presentarse a firmar y la prohibición de salir del país. Algo que nunca se ejecutó. Sin embargo, la jueza autorizó esta semana cambiar esas medidas a petición de la Fiscalía, por la “multiplicidad de casos” que enfrenta elexalcalde.
“Revertir las medidas sustitutivas cuando no han sido cumplidas es un poco incoherente. Él no tiene la calidad de condenado. Están haciendo un adelantamiento de la pena de prisión. No se han respetado las resoluciones”.
Marcela Galeas, abogada penalista.
Para el abogado Oswaldo Feusier la detención es ilegal porque en ninguno de los casos se han activado los 12 meses que ordena el Código Procesal Penal cuando una persona ya cumplió dos años detenida preventivamente: “La detención es evidentemente ilegal, porque no se ha activado la extensión de 12 meses que ordena el Código Procesal Penal en la etapa de recursos. Se trata de un caso de abuso de la ley y de prisión preventiva que es absolutamente ilegal y delictivo por estarse dando más allá de los plazos que permite nuestra legislación procesal penal”, anotó.
Agregó que es “nefasto y ofensivo” al Estado de Derecho que Centros Penales nunca obedeció las órdenes de poner en libertad al exalcalde. “Centros Penales se negó a acatar la aplicación de sustitutivas y eso es incluso la comisión de un delito y un desconocimiento de los más elementales tratados y convenciones en materia de respeto al poder judicial”, criticó.