Men and women under 30 are the most stigmatized and affected by human rights violations committed by state agents during the state of emergency, according to the latest report provided by social organizations.
According to data recorded by seven human rights advocacy entities, they have assisted 5,775 victims from March 27, 2022, to September 30, 2023, of which 52.54% are people under 30 years of age, corresponding to 3,334 affected.
Regarding the gender identity of the victims, 4,840 are men, 887 are women, and the rest are of diverse orientations. Gabriela Santos, from the Human Rights Institute of the UCA (Idhuca), explained that although the majority of those arrested are men, this represents an increased burden of care on women, who must now also provide economic resources.
The complaints are related to arbitrary detentions, violations of due process, unlawful entry into homes, harassment, threats, injuries, sexual assaults, and deaths in state custody.
“This counters the narrative from the State that claims it has detained terrorists when many times it involves innocent people. In this case, arbitrary detentions represent 94.77% of received cases,” said Santos.
The Idhuca representative explained that in many arrests, police officers include false data related to the capture.
“Many of the arrests that have been made inside homes, but the indication in the police records is that the person has been arrested at the corner of an alley?”
7.60% of the complaints relate to cruel, inhumane, and degrading treatment and torture. The alerts have been made by family members of the detainees and by people who have been released and survived, representing only a small percentage of all the people in prisons.
Deaths
On the other hand, since the state of emergency began, the seven organizations have recorded the death of 189 people in prisons or after leaving them, for which the State has not taken charge of the investigation or reparation.
Attorney General Rodolfo Delgado confirmed in June of this year that 142 inmate deaths have been recorded in penal centers during the state of emergency. However, until that date they had not found “a crime to pursue.” The prosecutor mentioned a report provided by Cristosal days before.
“The data provided by the NGO are not correct. They have not been provided by official institutions, in this case, Legal Medicine. They have been collected from different sources and not scientifically,” said the prosecutor.
However, despite the Access to Public Information Law stating it is of public character, Delgado did not explain that the government, including the institution he leads, has made all statistical information about the state of emergency confidential.
75% of the victims identified their victimizers as members of the National Civil Police (PNC), 7.13% as Armed Forces of El Salvador (FAES) personnel, and 14.74% as joint teams with personnel from both institutions.
“As we know, the Armed Forces are performing Public Security tasks that do not correspond to them. We have received complaints from 412 victims who specifically have suffered violations by the Armed Force,” stated Santos.
One of the most well-known cases of abuse committed by the Armed Force is the case of a 13-year-old girl whom a sergeant of the National Navy raped under the threat of the state of emergency.
Jóvenes son los más afectados por el régimen, según estudio
Los hombres y mujeres menores de 30 años son los más estigmatizados y afectados por las vulneraciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado, durante el régimen de excepción, según el último informe brindado por organizaciones sociales.
Según datos registrados por siete entidades defensoras de derechos humanos, han atendido a 5,775 víctimas desde el 27 de marzo de 2022 al 30 de septiembre de 2023, de las cuales el 52.54% son personas menores de 30 años, correspondiente a 3,334 afectados.
En cuanto a la identidad de género de las víctimas, 4,840 son hombres, 887 mujeres y el resto de orientaciones diversas. Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), explicó que aunque el mayor número de capturados son hombres, esto representa una recarga en las labores de cuidado en las mujeres, que ahora además deben de proveer de recursos económicos.
Las denuncias están relacionadas a detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamiento de morada, acoso, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales y muertes bajo custodia del Estado.
“Esto contrarresta la narrativa que señala el Estado de decir que ha detenido a terroristas cuando muchas veces se trata de personas inocentes. En este caso la detenciones arbitrarias representan el 94.77% de casos recibidos”, aseguró Santos.
La representante del Idhuca explicó que en muchas de las detenciones los agentes policiales incluyen datos falsos con relación a la captura.
“Muchas de las detenciones que se han realizado dentro de las casas, pero el señalamiento en las actas policiales es que la personas ha sido detenida en esquina de un pasaje?
Un 7.60% de las denuncias son relacionadas a tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Los avisos han sido realizados por familiares de los detenidos y por personas que han sido liberadas y lograron sobrevivir, por lo que representa a solo un pequeño porcentaje de toda la gente que está en las prisiones.
Muertes
Por otra parte, desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, las siete organizaciones han registrado la muerte de 189 personas en las cárceles o después de salir de ellas, de las cuales el Estado no se ha hecho cargo ni de la investigación, ni de la reparación.
El fiscal general Rodolfo Delgado confirmó en junio de este año que durante el régimen de excepción se han registrado 142 muertes de reos en centros penales, pero que hasta esa fecha no habían encontrado “un delito que perseguir”. El fiscal hizo mención de un informe proporcionado por Cristosal días antes.
“Los datos que ha dado la oenegé no son los correctos. No han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal. Han sido recabados por diferentes fuentes y no de manera científica”, mencionó el fiscal.
Sin embargo, Delgado no explicó que el gobierno, incluyendo la institución que él dirige, ha puesto reserva a toda la información estadística sobre el régimen de excepción, a pesar que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es de carácter público.
El 75% de las víctimas señaló como victimarios a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), un 7.13% a personal de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y un 14.74% a los equipos conjuntos con personal de ambas instituciones.
“Como sabemos la Fuerza Armada está realizando tareas de Seguridad Pública que no le corresponden. Hemos recibido denuncias de 412 víctimas que específicamente han sufrido vulneraciones de la Fuerza Armada”, manifestó Santos.
Uno de los casos más conocidos sobre los abusos cometidos por la Fuerza Armada es el caso de una niña de 13 años que fue violada por un sargento de la Marina Nacional bajo la amenaza del régimen de excepción.