The Directorate of Municipal Works (DOM) is the government institution that has maintained the most unofficial information under secrecy since its operation began in November 2021, according to the limited data that the Bukele administration has made public. All its information is classified with a maximum period of up to seven years.
According to transparency and government ethics expert Jaqueline Cruz, there seems to be no adherence to the principles of maximum transparency and accountability for the information subject to this secrecy, nor proportionality regarding the established time.
There is no information from DOM regarding price lists per unit of work, the purchasing process, or information related to the administrative area property, appointment and hiring of insurance policies, offers submitted in procurement processes, sanctioning processes, legal opinions, breakdown of unit costs, project design files, construction costs, financing approval requests, among others.
However, according to Cruz, it is not evident how disclosing this data could affect strategies or state functions in completed procurement processes, which is part of the argument as to why DOM hides the information.
Apart from the classified content, DOM has an updated index of classified information as of December 2022, while the Law on Access to Public Information (LAIP) establishes that it should be updated semi-annually. In other words, it should have uploaded information, at least, in June 2023.
“While there is the possibility of classifying information for a certain period, it also needs to be justified, and that is what this government does not do. It does not justify the classifications adequately; it always argues very general aspects without proving that the classification is necessary,” explained Eduardo Escobar, the director of Acción Ciudadana.
Escobar believes this is another example of the systematic concealment of information by the Bukele government.
More cases
Another institution with a significant index of total secrecy is the Ministry of Foreign Affairs. Apart from diplomatic documents that require secrecy due to their nature, the institution refuses to disclose data on human rights, judgments, and environmental matters.
Reports from official missions, legal proceedings in which the Ministry of Foreign Affairs is involved as a plaintiff or defendant, the Cerro Blanco mining project, the institutional environmental management policy, for example, are classified.
The LAIP clarifies that the classified status cannot be invoked when it concerns the investigation of serious violations of fundamental rights or crimes of international significance.
The Ministry of Justice safeguards everything related to the Territorial Control Plan, administrative files under process by the Civil Service Commission, and all data regarding the loan of weapons and war material. In the environmental field, protected natural areas in the transfer process and their plans will not be released from secrecy until between 2025 and 2028. Meanwhile, citizens of the municipalities of Quezaltepeque and Nuevo Cuscatlán constantly claim damages from private companies to areas that, according to the ministry’s official list, are under protection.
Administrative litigation and amparo legal proceedings initiated by the Ministry of Environment or against it, dismissal or removal authorization proceedings initiated by the ministry, and entered precautionary measures proceedings are also “locked up”.
In the case of the Ministry of Health, despite the end of the health emergency caused by COVID-19, the records of vaccination booths and the procurement processes for COVID-19 and simian pox vaccines are still classified. Documents such as the National Health Plan are also classified.
The advertising guidelines of each government department are classified, including those of the Presidency and the ministries. This includes marketing and advertising consultancy for government institutions.
DOM es la institución de gobierno que más esconde datos al aplicar reserva
La Dirección de Obras Municipales (DOM) es la institución de Gobierno que más información oficiosa mantiene en reserva desde su inicio de operación en noviembre 2021, según los pocos datos que la gestión Bukele ha hecho públicos. Toda su información se encuentra bajo reserva con el plazo máximo de hasta siete años.
Para la experta en transparencia y ética gubernamental, Jaqueline Cruz, pareciere no existir un apego al principio de máxima publicidad y rendición de cuentas de la información sometida a esta reserva, así como proporcionalidad en cuanto al tiempo establecido.
No hay información de la DOM sobre tabla de precios por unidad de obra, el proceso de compra e información relacionada con el inmueble del área administrativa, el nombramiento y contratación de pólizas de seguros, las ofertas presentadas en los procesos de contrataciones, procesos sancionatorios, opiniones legales, el desglose de costos unitarios propios, los expedientes de diseño de proyectos, costos de obras, solicitudes de aprobación de financiamiento, por mencionar algunos.
Sin embargo, según Cruz no se evidencia cómo divulgar estos datos podría afectar las estrategias o funciones estatales en procesos de contratación finalizados, que es parte del argumento de por qué la DOM oculta la información.
Fuera del contenido en reserva, la DOM cuenta con un índice de información reservada actualizado a diciembre de 2022, cuando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que debe actualizarse semestralmente. Es decir, debió subir información, al menos, en junio de 2023.
“Si bien hay la posibilidad de reservar información por determinado periodo, también tiene que estar justificado y eso es lo que no hace este gobierno, no justifica las reservas adecuadamente, siempre alega aspectos muy generales sin comprobar que efectivamente procede la reserva”, explicó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Escobar considera que es una muestra más de la “sistemática ocultación de información” del gobierno de Bukele.
Más casos
Otra institución con un amplio índice de reserva total es Relaciones Exteriores. Fuera de los documentos de diplomacia que por su naturaleza requieren de reserva, la institución se niega a revelar datos de derechos humanos, sentencias y asuntos medioambientales.
Informes de misiones oficiales, procesos judiciales en lo que Cancillería tenga participación como parte actora o demandada, el proyecto minero Cerro Blanco, la política institucional de gestión ambiental, por ejemplo, tienen reserva.
La LAIP aclara que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.
El Ministerio de Justicia resguarda todo lo relacionado al Plan Control Territorial, los expedientes administrativos en trámite de la Comisión del Servicio Civil, y todo dato sobre el préstamo de armas y material de guerra. En el tema ambiental, las áreas naturales protegidas que están en proceso de transferencia y sus planos no estarán liberados de reserva sino hasta entre 2025 y 2028. Mientras que ciudadanos de los municipios de Quezaltepeque y Nuevo Cuscatlán reclaman constantemente por daños de empresas privadas a zonas que, según el listado oficial del ministerio, se encuentran bajo protección.
Los procesos judiciales de lo contencioso administrativo y de amparo promovidos por Medio Ambiente o en contra del mismo, los procesos judiciales de autorización de despido o destitución de empleados promovidos por el ministerio y los expedientes de procesos de medidas cautelares ingresados, también están “bajo llave”.
En el caso del Ministerio de Salud pese a que no es más una emergencia sanitaria el covid-19, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y los procesos de adquisición de vacunas contra el covid-19 y viruela símica siguen con la reserva vigente. Los documentos como el Plan Nacional de Salud, también.
Las pautas publicitarias de cada dependencia del gobierno están en reserva, esto incluye a la Presidencia como a los ministerios. Acá se incluye asesorías de marketing y publicidad a instituciones gubernamentales.