The state of emergency has spiraled out of control under Bukele. The criminal activity of soldiers and police officers casts doubt on their ability to ensure security. The war against gangs has turned into another monster. Soldiers and police officers, much like gang members, steal, extort, rape, and intimidate their victims into silence. The chaos is a product of the nature of the regime itself. Bukele ordered his forces to disregard democratic institutions and to punish relentlessly. He did not anticipate that these forces, tainted by the barbarity of their orders, would act on their own accord.
A quick glance at the national press is enough to verify the lack of governance. A sergeant and five soldiers raped a minor in Mizata, while the girl returned from the beach with friends. The sergeant separated his victim to “check if she was still a virgin.” After threatening her, a captain raped another minor in Puerto El Triunfo: “If you’re not my girlfriend and if you don’t want to be with me, your mom and dad will go to jail.” Six soldiers invaded a farmer’s home in Chinameca and took his savings, work tools, and some jewelry. An investigator from a unit specialized in organized crime is also an extortionist. In the capital’s downtown, officers and police agents collect “donations” from markets, shops, and transporters, and eat in cafeterias without paying. Additionally, soldiers and police officers under the influence often engage in violent incidents. An independent police source speaks of at least fifteen soldiers and ten police officers arrested during the state of emergency.
This is just the tip of the iceberg. The harassment and sexual abuse of girls, teenagers, and women by soldiers and police officers are documented. These crimes have not been reported out of fear of reprisals. The offenders threaten their victims with applying the state of emergency to their family members. Terrified families leave their homes to seek refuge in safer places. Some are content to send their daughters and teenagers elsewhere to avoid being abused or arrested for resisting the harassment of soldiers and police. Sexual aggression is a common practice in wars. Bukele’s El Salvador, in a perpetual state of war, is no exception.
The Army tries to hide these crimes. They chose not to report the rape in Mizata “because it was going to be a big stain.” But a few days later, the pressure from digital networks forced them to acknowledge the event and identify the perpetrators. Covering up military or police crimes is a set pattern, but its worst enemy is public reporting and digital networks. Residents of Puerto El Triunfo speak of many women sexually abused by naval officers and soldiers and by the chief of police, of the imprisonment of those who resisted, and of extortions.
In any case, soldiers and police officers receive preferential treatment from their superiors. The captain from Puerto El Triunfo had previously been accused of raping two minors and harassing a woman. Sent to provisional prison for six months, he was released after two and was assigned to a naval unit. Four soldiers initially accused of aggravated homicide against an engineer from Santa Tecla were prosecuted for simple homicide, contrary to available evidence. This attitude contrasts with the cruel and humiliating treatment these same authorities mete out to the victims of the state of emergency.
The Minister of Defense hypocritically feigns surprise at the harassment and rapes committed by his subordinates, describing these acts as “regrettable.” He expresses surprise, stating, “every week we meet, visit all the barracks… we meet with the soldiers and explain the rules of the game concerning human rights.” Strangely, a regime so concerned with its image hasn’t documented these frequent and important meetings. Rather, it showcases the rear admiral in combat mode and disseminating disinformation. In any case, their instructions, along with those of their officers, fall on deaf ears.
The military, police, and political authority don’t care about the victims of their subordinates. Their priority is to safeguard institutional prestige, particularly that of the Army. This attitude is identical to that of the civil war era, which to this day has prevented justice for victims of crimes against humanity. Bukele’s Army is similar to the generals and colonels of the war: sacrificing innocent victims to a very unjust security and to a military force dishonored by a long history of crimes. Bukele’s El Salvador is not a safe country for the poor; particularly, for girls, teenagers, and women.
* Rodolfo Cardenal, director of the Monsignor Romero Center.
UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/el-regimen-de-excepcion-fuera-de-control
El régimen de excepción fuera de control
El régimen de excepción se le ha ido de las manos a Bukele. La actividad criminal de los soldados y los policías pone en entredicho su seguridad. La guerra contra las pandillas se ha convertido en otro monstruo. Los soldados y los policías, al igual que los pandilleros, roban, extorsionan, violan e intimidan a sus víctimas para que guarden silencio. El descontrol es producto de la naturaleza del propio régimen. Bukele ordenó a sus huestes prescindir de la institucionalidad democrática y castigar implacablemente. No calculó que esas fuerzas, viciadas por la barbarie del encargo, actuarían por su cuenta.
Un recorrido rápido por la prensa nacional basta para constatar el desgobierno. Un sargento y cinco soldados violaron a una menor en Mizata, cuando la niña regresaba de la playa con varios amigos. El sargento apartó a su víctima para “revisar si aún era virgen”. Un capitán violó a otra menor en Puerto El Triunfo, después de amenazarla en los siguientes términos: “si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”. Seis soldados violentaron la vivienda de un campesino de Chinameca y lo despojaron de sus ahorros, sus herramientas de trabajo y algunas joyas. El investigador de una unidad especializada en el crimen organizado es también extorsionador. En el centro de la capital, los oficiales y los agentes de la delegación policial recolectan “donativos” en los mercados, los comercios y entre los transportistas, y consumen en los comedores sin pagar. A esto se agrega que soldados y policías borrachos suelen protagonizar incidentes violentos. Una fuente independiente de la Policía habla de al menos quince soldados y diez policías capturados durante el régimen de excepción.
Esta no es más que la punta del iceberg. El acoso y el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres por parte de soldados y policías están documentados. Estos crímenes no han sido denunciados por miedo a las represalias. Los violadores amenazan a sus víctimas con aplicar el régimen de excepción a sus familiares. Familias aterrorizadas abandonan sus hogares y se refugian en sitios más seguros. Algunas se contentan con enviar a sus hijas y adolescentes a otro lado para evitar que sean abusadas o detenidas por resistir el acoso de los soldados y los policías. La agresión sexual es una práctica común en las guerras. El Salvador de Bukele, en guerra permanente, no es la excepción.
El Ejército intenta ocultar estos crímenes. Decidió no informar sobre la violación de Mizata “porque iba a ser una gran mancha”. Pero pocos días después, la presión de las redes digitales lo obligó a reconocer el hecho e identificar a los hechores. El ocultamiento del crimen militar o policial es un patrón establecido, pero tiene en la denuncia y las redes digitales a su peor enemigo. Los habitantes de Puerto El Triunfo hablan de muchas mujeres abusadas sexualmente por los oficiales y soldados de la naval y por el jefe policial, del encarcelamiento de quienes opusieron resistencia o de sus maridos, y de extorsiones.
En cualquier caso, los soldados y los policías reciben un trato ventajoso por parte de sus superiores. El capitán de Puerto El Triunfo había sido acusado de violar a dos menores y de acosar a una mujer. Enviado a prisión provisional por seis meses, salió a los dos y fue destacado a una unidad de la marina. Cuatro soldados acusados inicialmente de homicidio agravado en un ingeniero de Santa Tecla fueron procesados por homicidio simple, en contra de la evidencia disponible. Esta actitud contrasta con el trato cruel y humillante que esas mismas autoridades dan a las víctimas del régimen de excepción.
El ministro de Defensa se extraña hipócritamente del acoso y las violaciones de sus subordinados, hechos que califica como “lamentables”. Se muestra sorprendido, porque “todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles […] nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”. Es extraño que un régimen amante de la imagen no haya documentado unas reuniones tan frecuentes e importantes. Más bien exhibe al contralmirante en plan de combate y desinformando. En cualquier caso, su instrucción, y la de sus oficiales, cae en el vacío.
A la autoridad militar, policial y política le tiene sin cuidado las víctimas de sus subordinados. Su prioridad consiste en salvaguardar el prestigio institucional, sobre todo del Ejército. Una actitud idéntica a la de la guerra civil, que hasta el día de hoy ha impedido hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Ejército de Bukele es similar al de los generales y coroneles de la guerra: sacrifica víctimas inocentes a una seguridad muy injusta y a una Fuerza Armada deshonrada por una larga historia de crímenes. El Salvador de Bukele no es un país seguro para los pobres; en particular, para las niñas, las adolescentes y las mujeres.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
UCA: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/el-regimen-de-excepcion-fuera-de-control