In addition to Juan’s evidence, testimonies from neighbors in the El Portezuelo canton in Santa Ana confirm that Óscar is not a gang member. On the contrary, they recognize him as a young man who has worked hard to pay for his medical studies. Over 30 residents have written a letter calling for the young university student’s release.
In the area where Óscar lives with his family, there was a strong presence of MS gang members, making it easy for the police to label any young person living there as part of the criminal structure, according to neighbors.
According to judicial documents obtained by El Diario de Hoy, the police have profiled Óscar as a member of an MD clique, based on the statements of two arresting officers.
Juan Flores believes his son’s arrest is a form of revenge by a police officer who harassed his son in 2018 after gang members entered the property where he lived while being pursued by the police. The property was empty at the time and is located in the Santa María neighborhood.
Juan recounts that after this incident, one of the officers frequently searched (registered) the young man and on one occasion confiscated a wallet containing $100, a student ID, a DUI, and a bank card. They reported the harassment to the Inspectorate, a unit responsible for police oversight.
In the Inspectorate, they verbally reported the harassment they were experiencing and managed to get back the DUI and bank card. Still, the father says they were not given any written proof of the complaint or the return of the items.
“In 2022, under the state of emergency, the same police officer came to arrest the kid,” he points out. The student’s father explains that in the early morning of May 22, 2022, the police raided at least four houses in the neighborhood during an operation.
Among them was the police officer with whom Oscar had had the problem in 2018, and he was the one who arrested him without a judicial order, Juan states.
Oscar was enrolled in the Doctorate in Medicine program at the Multidisciplinary Faculty of the West of the University of El Salvador, according to a certificate in the family’s possession. His father explains that he worked repairing cell phones in a small makeshift workshop at home to pay for his education.
The young man learned to repair cell phones during the three years he worked at a mobile phone company in the west of the country, for which his father has a certificate issued by the company.
Another educational credential, shown by the detained man’s father, is a grade transcript showing that at the time Oscar was arrested, he was retaking two subjects: Anatomy I and Biochemistry I. He had completed 18 out of a total of 60.
“Almost all students fail these subjects; his concern was to advance in them, so he stayed up almost every night studying because he wanted to improve himself,” says the father of the arrested man.
Juan believes his son’s arrest is arbitrary, so he has sought help from public institutions and human rights organizations. His case was made public through the Movement of Victims of the Regime (Movir) social networks.
Last year he filed a habeas corpus petition, but it was declared “inadmissible” on the grounds that the police profiled the young man as a triggerman for an MS clique, an accusation that his family denies. They argue that if this were the case, he would not have been working and studying as he did.
Lawyers also argued that the petition did not include documentation demonstrating the accused’s roots. In contrast, his father shows all the documentation proving that his son was studying at the University, his clean criminal record, proof of previous employment, and more than 30 signatures from neighbors and acquaintances attesting that he was not involved with gangs, but regrets that they were not taken into account.
Neighbors of Oscar also came to his defense and ask that his case be investigated. “The kid didn’t mess with anyone; he was just working and would go out on his motorcycle when he was going to the University. It’s an injustice,” said a woman who lives in the same neighborhood.
In desperation, the detainee’s relatives have also presented their case to the Human Rights Ombudsman’s Office, but have not yet received a response.
“What they are doing to my son is an injustice,” says Juan, almost on the verge of tears, as he shows the house where the young man lived. On one of the walls hang several diplomas, including one in Music Theory, as he was passionate about playing the guitar.
Piden liberación de universitario capturado en Santa Ana
A Juan Flores le sobran documentos para asegurar que su hijo Óscar Samuel Flores no es pandillero como lo señala la policía. Con mucho orgullo el padre afectado muestra diplomas de música, cartas de recomendación de empleos, constancia de notas, antecedentes penales, libros de medicina y notas de Atanomía y Bioquímica.
A las pruebas que tiene Juan, se le suman los testimonios de un grupo de vecinos del cantón El Portezuelo, en Santa Ana, quiénes aseguran que Óscar no es pandillero, al contrario, lo reconocen como un joven que ha trabajaba mucho para poder pagar sus estudios de Medicina. Más de 30 pobladores han aportado una carta firmada para pedir la libertad del joven universitario.
En el lugar donde Óscar vive junto a su familia es una zona que tenía fuerte presencia de pandilleros de la MS, por eso para la policía es fácil señalar que cualquier joven que viva ahí es parte de la estructura criminal, según lo confirman los vecinos.
Según documentos judiciales en poder de El Diario de Hoy, la policía tiene perfilado a Óscar como integrante de una clica de la MD, para ellos tienen las declaraciones de dos policías captores.
Para Juan Flores la captura de su hijo es una especie de venganza de un policía que acosó a su hijo en 2018, después que unos mareros se metieron al solar donde él vivía, cuando iban siendo perseguidos por la Policía, aprovechando que no había nadie en la propiedad, localizada en la colonia Santa María.
El señor relata que después de ese percance uno de los agentes pasaba constantemente cateando (registro) al joven y en una de esas ocasiones le decomisó una cartera que contenía $100 dólares, el carnet de estudiante, el DUI y una tarjeta bancaria, por lo que ellos acudieron a la Inspectoría, una unidad encargada de la contraloría del trabajo policial.
En la Inspectoría denunciaron verbalmente el acoso del que eran víctimas y lograron que les devolvieran el DUI y la tarjeta del banco, pero no les dieron ningún comprobante escrito que haga constar la denuncia ni la devolución de las cosas, asegura el padre.
“En el 2022, con el régimen, el mismo policía vino a traer al cipote” señala. El padre del estudiante explica que la madrugada del 22 de mayo de 2022 los policías intervinieron al menos cuatro casas de la colonia durante un operativo.
Entre ellos andaba el policía con quien Oscar había tenido el problema en el 2018, y fue el mismo el que lo capturó sin una orden judicial, manifiesta Juan.
Oscar estaba matriculado en la carrera de Doctorado en Medicina en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, según una constancia en poder la familia. Su padre explica que para pagarse su educación laboraba reparando celulares en un pequeño taller improvisado en su casa.
El joven aprendió a reparar teléfonos celulares durante tres años que trabajó en una empresa de telefonía móvil en el occidente del país, de la cual su padre tiene una constancia extendida por la compañía.
Otro de los arraigos educativos, que muestra el papá del detenido, es una certificación de notas que demuestra que en la fecha que Oscar fue detenido cursaba dos materias en segunda matrícula: Anatomía I y Bioquímica I. Había cursado 18 de un total de 60.
“Esas materias casi todos los alumnos las aplazan, su preocupación era avanzar en esas y por eso se desvelaba casi todas las noches estudiando, porque él quería superarse” dice el padre del capturado.
Juan considera que la captura de su hijo es arbitraria, por ello ha solicitado ayuda en instituciones públicas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Su caso fue hecho público a través de las redes sociales del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
El año pasado presentó un recurso de habeas corpus, sin embargo, este fue declarado “no ha lugar”, bajo el alegato que el joven estaba perfilado por la Policía como gatillero de una clica de la MS, acusación que su familia niega pues comentan que de ser así, no se hubiera dedicado a trabajar y a estudiar como lo hacía.
Los juristas también alegaron que con la petición no se presentó la documentación para demostrar los arraigos del acusado. En contraste, su padre muestra toda la documentación que demuestra que su hijo estudiaba en la Universidad, la solvencia de antecedentes penales, constancia de los empleos anteriores y más de 30 firmas de vecinos y conocidos que dan fe que no estaba vinculado con pandillas, pero lamenta que no fueron tomadas en cuenta.
Vecinos de Oscar también salieron en su defensa y piden que su caso sea investigado. “El cipote no se metía con nadie, solo pasaba trabajando y salía en su moto cuando iba para la Universidad. Es una injusticia” dijo una señora que habita en la misma colonia.
Ante la desesperación, los parientes del detenido también han presentado su caso ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero aún no han tenido respuesta.
“Lo que hacen con mi hijo es una injusticia” dice Juan, casi al borde de las lágrimas, mientras muestra la vivienda donde vivía el joven. En una de las paredes cuelgan varios diplomas, entre ellos uno de Teoría Musical, pues era una apasionado de tocar la guitarra.