The Salvadoran government has been given a 10-day deadline to send a report to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) on the condition of Salvadoran citizen Miguel C., who has been detained since March of this year under the state of emergency and for whom international precautionary measures are being processed due to his serious health condition.
In a letter from the IACHR to the Ministry of Foreign Affairs of El Salvador, the entity indicates that it has received a request for precautionary measures in favor of the 40-year-old citizen, who has been diagnosed with “end-stage chronic kidney disease and high blood pressure” prior tos his arrest.
LA PRENSA GRÁFICA contacted Miguel C.’s family to verify the accuracy of the process before the IACHR and confirmed that this is the latest of several measures they have taken, as they are unaware of the current health status of their relative. “Even before the COVID-19 pandemic (in 2020), he was diagnosed with stage 5 by a nephrologist and needed dialysis. They still arrested him and keep him in prison, despite our requests to the court handling his case to assign alternative measures to detention,” a family member detailed.
They claim to have filed a habeas corpus to know his condition, but it was denied by the court handling the case. Therefore, having exhausted national avenues, they turned to the IACHR.
The Commission informed the Salvadoran government that it has learned that Miguel C. “would be in a situation of risk due to lack of access to medical care” and that “he has been incommunicado since his arrest in March 2023, without knowing his current status and the conditions of his detention.” Therefore, they have asked local institutions to provide updated information on the detainee. The letter was sent on September 18 of this year.
In the document, accessed by LA PRENSA GRÁFICA, it is noted that the Ministry of Foreign Affairs instructed the Ministry of Justice and Public Security to gather the requested information, which in turn forwarded the request to the general commissioner of the National Civil Police (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, who according to the document had until yesterday morning to respond.
This newspaper contacted the communications area of the Ministry of Justice and Public Security yesterday to find out if there was a response from the PNC. Still, there was no response as of the closing of this note.
The document also shows that the Human Rights Ombudsman’s Office (PDDH) has been aware of the case since August 18 this year and is processing information.
Miguel C. was arrested on March 27, 2023, for illicit associations. His family claims that he was arrested at his business in the department of Sonsonate and that the accusations against him are not true, as there are roots that prove his work and his delicate state of health.
“They have charged him with a bunch of crimes that, if due process existed, we would prove that his name is clean. But now what concerns us most is his health,” concluded a family member, who hopes that the case will progress positively, although they fear that there may be repercussions due to the processes they are undergoing.
CIDH pregunta a Estado salvadoreño por salud de capturado en el régimen
El Estado salvadoreño recibió un plazo de 10 días para enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la condición en la que se encuentra el ciudadano salvadoreño Miguel C., capturado desde marzo de este año en el marco del régimen de excepción y para quien se tramitan medidas cautelares internacionales debido a la grave condición de salud en la que se encuentra.
En una carta de la CIDH al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la entidad deja saber que ha recibido una petición de medidas cautelares a favor del ciudadano de 40 años debido a que está diagnosticado con “enfermedad renal crónica terminal e hipertensión arterial” desde antes de su captura.
LA PRENSA GRÁFICA contactó a la familia de Miguel C. para corroborar la veracidad del proceso ante la CIDH y confirmaron que esta es la última de varias medidas a las que han acudido, debido a que no conocen el estado de salud actual de su pariente. “Desde antes de la pandemia (del covid-19, en 2020) él fue diagnosticado con estadío 5 por un nefrólogo y debía recibir diálisis. Aún así lo capturaron y lo mantienen en prisión, a pesar que hemos pedido al juzgado que lleva su caso que le asignen medidas alternas a la detención”, detalló un familiar.
Sostienen que pidieron un habeas corpus para conocer su condición, pero que el mismo fue negado por el Tribunal que lleva el caso. Así que al agotar las instancias nacionales, acudieron a la CIDH.
La Comisión informó al Estado salvadoreño que ha tenido conocimiento de que Miguel C. “se encontraría en una situación de riesgo debido a la falta de acceso a atención médica” y que “estaría incomunicado desde su detención en marzo de 2023, sin conocer su estado actual y las condiciones de su reclusión”. Por ello le han pedido a las instituciones locales que den información actualizada del privado de libertad. La carta fue enviada el 18 de septiembre del presente año.
En el documento, al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, se aprecia que Relaciones Exteriores giró instrucciones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para recabar la información solicitada y este, a su vez, remitió la petición al comisionado general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, quien según el escrito tenía hasta la mañana de ayer para responder.
Este periódico contactó ayer al área de comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para conocer si hubo respuesta de parte de la PNC, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En el archivo también queda constancia de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) está sabedora del caso desde el 18 de agosto de este año y que tramita información.
Miguel C. fue capturado el 27 de marzo de 2023 por el delito de agrupaciones ilícitas. Su familia sostiene que fue capturado en su negocio en el departamento de Sonsonate y que las acusaciones en su contra no son ciertas, pues hay arraigos que demuestran su trabajo y también su delicado estado de salud.
“Le han puesto un chorro de delitos que, si existiera el debido proceso, demostraríamos que su nombre está limpio. Pero ahora lo que más nos preocupa es su salud”, cerró un familiar, que espera que el caso avance positivamente, aunque teme que existan represalias debido a los procesos que están realizando.