Acción Ciudadana presented a report on the levels of transparency in governmental public infrastructure projects, which, according to the organization, do not exceed 30% of information in the 23 projects evaluated. Of that total, nine were financed with external funds, five with own funds, three with donations, one with private funds, two with various funds, and three are unknown.
The document states that “transparency levels are quite low and in several projects, the information is null, which generates misinformation and distrust in the proper management of funds. The average percentage of transparency in infrastructure projects is 30%,” explained Eduardo Escobar, executive director of Acción Ciudadana.
According to the report, only three projects exceed transparency levels. The three projects belong to the National Institute of Sports of El Salvador (INDES), an entity that, according to the report, is “the exception,” as “information from several of the latest executed projects was found in COMPRASAL and it also sent the contracts of projects that were requested.”
Escobar expressed that the most important findings summarizing the report are that “there is little information on the construction processes of public infrastructure. The average information available to citizens is 30%. There are projects in which there is absolutely no information for the citizen, concerning contracts, companies, amounts, among other things.”
Graciela Ayala, coordinator of the Institutional Monitoring Center of AC, stated that “only three infrastructure projects are above 50% in levels of transparency and the average percentage of all selected projects (23) is 30%.”
“In seven emblematic projects of the current government, citizens do not have access to official information, meaning a 0% transparency on execution deadlines, contracted companies, progress in the project, contracts, among others,” she added.
According to the report, access to information has become easier through digital portals like COMPRASAL, rather than through the Law of Access to Public Information. “Some information could be obtained through transparency portals and COMPRASAL, but not when requesting information through applications,” noted Ayala.
On this last point, Escobar added that many times, when Acción Ciudadana sent information access requests and initiated the ten days to respond, government institutions would reserve the requested information.
“In the case of the Ministry of Public Works, when sending information requests in July 2023 to obtain data, the ministry declared the information of the projects reserved in August 2023, arguing that delivering such information could harm general interests or endanger people’s lives, although such information was already available to the public,” he affirmed.
Escobar also denounced that “information requests were sent to DINAC (National Directorate of Purchases) to know the public work contracting processes carried out with the new Public Purchases Law. Said entity denied the information three times, alleging that the signature did not match the DUI, and that they had no knowledge of the Public Purchases Law being referred to.”
Índice de transparencia en proyectos del Gobierno salvadoreño no supera el 30%
Acción Ciudadana presentó un informe sobre los niveles de transparencia en proyectos de infraestructura pública gubernamental, los cuales, según la organización, no superan el 30 % de información en los 23 proyectos evaluados. De ese total, nueve fueron financiados con fondos externos, cinco con fondos propios, tres con donaciones, uno con fondos privados, dos con fondos diversos y tres se desconoce.
El documento establece que “los niveles de transparencia son bastante bajos y en varios proyectos la información es nula, lo cual genera desinformación y desconfianza en la buena gestión de fondos. El porcentaje promedio de transparencia en proyectos de infraestructura es del 30 %”, según explicó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Según el informe, solo tres proyectos superan los niveles de transparencia. Los tres proyectos pertenecen al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), entidad que, según el informe, es “la excepción”, pues “se encontró en COMPRASAL la información de varios de los últimos proyectos ejecutados y también remitió los contratos de proyectos que le fueron solicitados”.
Escobar expresó que los hallazgos más importantes que resumen el informe son que “hay poca información sobre los procesos de construcción de infraestructura pública. El promedio de información disponible para la ciudadanía es del 30 %. Hay proyectos en los que no hay absolutamente nada de información para el ciudadano, en materia de contratos, empresas, montos, entre otras cosas”.
Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de AC, afirmó que “solo tres proyectos de infraestructura se ubican arriba del 50 % en niveles de transparencia y el porcentaje promedio de todos los proyectos seleccionados (23) es de 30 %”.
“En siete proyectos emblemáticos del actual gobierno, la ciudadanía no tiene acceso a información oficial, es decir un 0 % de transparencia sobre los plazos de ejecución, empresas contratadas, avances en el proyecto, contrataciones, entre otros”, agregó.
Según el informe, el acceso a la información se ha vuelto más fácil por medio de los portales digitales como COMPRASAL, que por medio de la Ley de Acceso a Información Pública. “Se pudo obtener cierta información a través de portales de transparencia y COMPRASAL, no así al momento de requerir información a través de solicitudes”, anotó Ayala.
Sobre este último punto, Escobar agregó que muchas veces, cuando Acción Ciudadana enviaba solicitudes de acceso a la información e iniciaba el plazo de diez días para responderlas, las instituciones gubernamentales ponían en reserva la información solicitada.
“En el caso del Ministerio de Obras Públicas, al remitir las solicitudes de información en julio de 2023 para obtener datos, el ministerio declaró reservada la información de los proyectos en agosto de 2023, argumentando que entregar dicha información puede perjudicar los intereses generales o poner en peligro la vida de las personas, pese a que dicha información ya estaba a disposición de la población”, afirmó.
Escobar también denunció que “se remitieron solicitudes de información a la DINAC (Dirección Nacional de Compras) con el objeto de conocer los procesos de contratación de obra pública llevados a cabo con la nueva Ley de Compras Públicas. Dicho ente denegó la información en tres ocasiones, alegando que la firma no coincidía con el DUI, y que no tenían conocimiento de la Ley de Compras Públicas a que se hacía referencia”.